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Barcelona afronta uno de los debates más sensibles sobre su modelo urbano y turístico: la eliminación total de las licencias de pisos turísticos prevista por el Ayuntamiento para 2028. Una decisión que, según advirtieron expertos del ámbito económico, jurídico y empresarial, choca con la posición de la Comisión Europea y puede tener efectos adversos sobre la economía, la seguridad jurídica y la competitividad internacional de la ciudad, sin resolver el problema del acceso a la vivienda.
Estas conclusiones se expusieron en el Desayuno-Coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre bajo el título “La Barcelona del futuro: el impacto real de eliminar los pisos turísticos”, de la mano de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). El encuentro, que tuvo lugar el pasado martes y fue introducido por el presidente de la entidad anfitriona, Enrique Lacalle, sirvió para confrontar el discurso político con los datos y para situar el debate en el marco europeo.
Una Barcelona sin apartamentos turísticos seria menos accesible, menos competitiva, más pobre y con el mismo problema de la vivienda que tenemos hoy en día.”
Enrique Alcántara,
presidente de Apartur
El mensaje procedente de Bruselas fue uno de los ejes centrales del coloquio. La Unión Europea ha dejado claro que no impulsará prohibiciones generales de los alquileres de corta duración y que cualquier regulación debe basarse en criterios de proporcionalidad, evidencia empírica y equilibrio entre intereses económicos y sociales. En el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, la Comisión ha descartado medidas de veto total.
El propio comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha calificado públicamente una prohibición general como “desproporcionada” y “no una buena idea”, una afirmación con especial carga política, ya que pertenece a la misma familia socialdemócrata que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La sesión se abrió con la presentación de un informe elaborado por PwC que concluye que el crecimiento de los apartamentos turísticos no han influido en el aumento del precio del alquiler ya que se han mantenido estables en los últimos diez años con 10.000 licencias. Según el estudio, estos alojamientos representan el 1,2% del parque total de viviendas, una proporción insuficiente para incidir de forma relevante en los precios.
La prohibición de los apartamentos turísticos perjudica al conjunto de la ciudad. Somos un todo: hoteles, hostales, viviendas turísticas... que damos servicio al turista.”
Kike Sarasola,
presidente y fundador de Room Mate Hotels
Jordi Salvador, manager de Strategy & Economics de PwC en Catalunya, explicó que los apartamentos de uso turístico aportan 1.928 millones de euros al PIB de la ciudad y generan más de 40.000 puestos de trabajo, entre empleo directo, indirecto e inducido. “Por cada 1.000 visitantes que se alojan en viviendas de uso turístico se crean 14 puestos de trabajo”, remarcó el experto. El análisis atribuye el encarecimiento de la vivienda a una oferta limitada frente a una demanda creciente asociada al aumento de la actividad económica y del empleo.
Salvador añadió que la eliminación de este tipo de alojamiento reduciría la capacidad de Barcelona para acoger grandes eventos. Sin los apartamentos turísticos, la ciudad tendría dificultades para absorber toda la demanda durante citas como el Mobile World Congress, el Primavera Sound o el Sónar, lo que afectaría a su posición como sede de eventos internacionales.
Referente en Europa
El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, defendió el modelo regulatorio que Barcelona aplica desde 2014, basado en un número limitado y controlado de licencias y en mecanismos de inspección que han reducido de forma notable la oferta ilegal. A su juicio, la capital catalana ha sido pionera en Europa y se ha convertido en un referente para otras ciudades que buscan ordenar el sector sin recurrir a prohibiciones.
Alcántara advirtió de que la supresión de las licencias legales supondría renunciar a cerca del 40% de la capacidad de alojamiento turístico de la ciudad. “Barcelona será a partir de 2028 una ciudad menos accesible, menos competitiva y más pobre, y todo ello sin haber resuelto el problema de la vivienda”, afirmó. También alertó de un impacto directo sobre el turismo familiar, que tiene en los apartamentos turísticos su modalidad favorita de alojamiento, un previsible encarecimiento de los precios hoteleros y la pérdida de puestos de trabajo, además del riesgo de quedar fuera del circuito de grandes eventos internacionales.
La CE descarta prohibir los alquileres de corta duración e insiste en la necesidad de aplicar criterios de proporcionalidad y regulación
Desde la óptica empresarial, el presidente y fundador de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, defendió la necesidad de una oferta de alojamiento diversa en una ciudad global como Barcelona. Recordó que los apartamentos turísticos surgieron como respuesta a una demanda del mercado y cuestionó si la administración tiene en cuenta los datos disponibles.
Sarasola se mostró contrario a la prohibición y apostó por una regulación más precisa, con soluciones concretas para problemas concretos, como mejorar la gestión de los flujos de visitantes. A su juicio, atacar una parte de la oferta debilita el conjunto del ecosistema turístico, del que forman parte hoteles, hostales y viviendas de uso turístico.
Regular, no prohibir
El análisis jurídico centró buena parte del debate. Pablo Molina, especialista en Derecho Urbanístico de Garrigues, alertó de que la eliminación generalizada de licencias supone un precedente de gran calado. Se trata, recordó, de derechos adquiridos sin fecha de caducidad, cuya revocación puede interpretarse como una forma de expropiación que afecta directamente a pequeños ahorradores y familias que han invertido bajo un marco legal vigente.
La prohibición es la pereza mental del regulador. Se tiene que regular de manera proporcionada e identificar el problema de cada municipio y establecer normas concretas.”
Pablo Molina,
especialista en Derecho Urbanístico de Garrigues
Molina advirtió de que la conversión de licencias indefinidas en temporales introduce inseguridad jurídica y puede extenderse a otros sectores sujetos a autorización administrativa. El abogado resaltó que “la prohibición es la pereza del regulador” y citó el caso de Nueva York, donde se prohibieron los pisos turísticos, pese a que se trataba de un sector todavía no regulado, sin licencias otorgadas previamente.
Como resultado, se encarecieron el resto de alojamientos para visitantes y el precio de la vivienda para los residentes continuó al alza. Molina señaló, además, la que consideró la única compensación legal que emerge del actual escenario normativo: la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco años para aquellas licencias cuyos titulares puedan acreditar que no han recibido una indemnización adecuada.
Un debate basado en datos
El economista Gonzalo Bernardos fue especialmente crítico con el discurso político dominante. Recordó que los precios de la vivienda han subido un 72% en la última década mientras el número de licencias de pisos turísticos se ha mantenido estable. En los barrios más populares de Barcelona, añadió, las viviendas de uso turístico no alcanzan el 0,3% del parque residencial, pese a que es en estas zonas donde más ha aumentado el precio del alquiler.
Bernardos habló de una “cruzada contra el turismo” y advirtió del riesgo de convertir Barcelona en una ciudad con menor actividad económica y menor atractivo internacional. “Lo que nos está pasando es que el relato gana al dato”, sentenció.
No existe ninguna vinculación entre la subida de precios de la vivienda y los apartamentos turísticos en Barcelona.”
Gonzalo Bernardos,
economista y profesor de la Universitat de Barcelona
Durante el coloquio también se abordaron cuestiones como la turismofobia y la masificación. Los ponentes coincidieron en la necesidad de gestionar mejor los flujos de visitantes, con cupos y medidas de dispersión territorial, frente a prohibiciones generales que, a su juicio, no atacan el problema de fondo.
En el turno de preguntas, Molina explicó que el decreto puede abrir dos frentes legales: la exigencia de renovación de las prórrogas de las licencias y la vía judicial en torno a su extinción, un escenario que añade incertidumbre a un sector que hasta ahora operaba bajo un marco estable.
El acto concluyó con un mensaje compartido por Apartur y los expertos presentes en el evento: Barcelona necesita regular, no prohibir. Una llamada a recuperar un debate basado en datos y proporcionalidad, en línea con los criterios de la Comisión Europea, y a evitar decisiones que, lejos de resolver la crisis de la vivienda, pueden generar efectos económicos y jurídicos difíciles de revertir.
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