La CNMC reclama autoridad para sancionar las “atrocidades” que se comenten en las redes

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha pedido este jueves en el Congreso de los Diputados que los políticos den luz verde al proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación que está pendiente desde hace más de un año y que es necesaria, entre otras cosas, para que el organismo tenga capacidad sancionadora en relación con los contenidos que se publican en redes sociales.

“Se nos llevan los demonios en el equipo provisional que hemos montado en la CNMC para ir colaborando con otras autoridades de competencia europeas cuando vemos las atrocidades que se están cometiendo en el mundo online contra los derechos de nuestros jóvenes, de los consumidores, etc. y nosotros no podemos sancionar”, ha advertido Fernández durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso.

En su discurso, la presidenta de la CNMC ha recordado que la llamada “Ley de Servicios Digitales”, es básicamente la transposición a España del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) que regula cómo deben operar plataformas online, intermediarios y grandes servicios digitales para proteger derechos de los usuarios y asegurar un mercado único más seguro y transparente y que fue publicado en Bruselas el año 2022.

Este reglamento afecta a intermediarios, alojadores, redes sociales, marketplaces y motores de búsqueda, imponiendo obligaciones de retirada de contenidos ilícitos, gestión de riesgos sistémicos, transparencia algorítmica y responsabilidad frente a los usuarios.

Sus objetivos centrales son tres: reforzar la protección del usuario (seguridad, derechos digitales, mecanismos de reclamación), obligar a mayor transparencia y rendición de cuentas de las plataformas (cómo moderan contenidos y cómo funcionan sus algoritmos y su publicidad), y asegurar una competencia leal en el mercado digital.

En España, el proyecto de ley para su transposición se redactó a finales del año pasado y en él se designó a la CNMC como coordinador nacional para aplicar la DSA. Esto le permitiría aplicar las multas de hasta el 6% de la facturación anual global de las empresas que incumplan los requisitos fijados por Bruselas.

Pero esa ley sigue sin aprobar y, por tanto, la CNMC sin autoridad para multar. Un retraso que ha hecho que la Comisión Europea abriera el año pasado un procedimiento de infracción y llevara a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno intentó solventar esta situación, incluyendo la Ley de Servicios Digitales en el decreto ómnibus del 23 de diciembre del año pasado, que fue tumbado en el Congreso. Tras ese primer intento fallido, el Consejo de Ministros aprobó el 25 de febrero de 2025 un anteproyecto de ley, que posteriormente se transformó en el “Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”. Es el que desde entonces está en tramitación con plazos de enmienda abiertos y si fecha de aprobación.

Una demora  cuyas consecuencias ha resaltado la presidenta de la CNCM. “No estamos habilitados legalmente para actuar y, por tanto, no podemos ejercer la mayor parte de nuestras funciones ni tener personal dedicado 100% a esta tarea. Esta situación cambiaría si se aprobase el proyecto de ley de Gobernanza Democrática”, ha advertido reclamando un movimiento coordinado de todos los grupos políticos.