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Nueva vuelta de tuerca en la intrincada investigación judicial que trata de desenredar una presunta estafa inmobiliaria en el sur de Tenerife. Esta trama falsificó poderes notariales en Rusia para quedarse 11 inmuebles de ciudadanos rusos afincados en Tenerife, según las pesquisas policiales. Y mientras avanza a duras penas el caso en los juzgados, uno de los cuatro investigados ha intentado vender en plataformas inmobiliarias al menos uno de estos inmuebles, pese a que una medida cautelar le impedía disponer de él, según los escritos presentados por la acusación. La defensa denuncia un bloqueo judicial que provoca que, cuatro años después, las víctimas continúen sin recuperar plenamente el control de sus propiedades.
El procedimiento arrancó tras varias denuncias presentadas en octubre de 2022. Estas alertaban de que varios chalés de una urbanización habían sido ocupados por nuevos inquilinos que aseguraban ser sus propietarios. Sus dueños, ciudadanos rusos, aseguraban que no habían vendido los inmuebles, en contra de lo que se podía leer en las escrituras exhibidas por el grupo inmobiliario que los ofertaba por Internet.
Así se destapó una presunta red que habría usado poderes notariales falsificados en Rusia para vender propiedades de lujo en el sur de Tenerife sin el consentimiento de sus dueños. En total, 11 viviendas cambiaron de manos utilizando ese método, según las diligencias. La causa fue archivada provisionalmente en enero de 2025 debido a un error judicial. El juzgado dejó sin efecto ese cierre meses después, tras el recurso de la defensa. Los acusados acudieron a la Audiencia Provincial para tratar de frenar esa decisión. En vano: los magistrados confirmaron la reapertura. La Audiencia razona en su auto, fechado el 4 de junio, que ese cierre solo habría procedido si no hubiese aparecido “suficientemente justificada la perpetración del delito y no hay posibilidad de seguir investigando”. En cambio, los magistrados afirman que “desde los primeros compases de la instrucción resultan indicios de la comisión de ilícitos penales contra el patrimonio y falsedad”.
La trama, según las diligencias policiales, utilizó poderes notariales falsos emitidos en Rusia a nombre de las víctimas. El presunto encargado de recibirlos en España era Timofey Shilov, que figura como parte vendedora en las transmisiones, sin consentimiento de los propietarios, según la acusación. La parte compradora era Ramos Royalty SL, representada por Ángel Gastón Ramos Cisneros, otro de los investigados. Esa sociedad figura actualmente como titular registral de los 11 inmuebles.
La documentación incorporada a la causa describe además una operativa destinada a dar apariencia de legalidad a las operaciones. Según las diligencias, se simuló la existencia de una filial rusa de Ramos Royalty para justificar la recepción de fondos desde ese país. El Registro Mercantil ruso negó la existencia de esa sociedad, mientras que una notaría del país comunicó que no había autorizado al menos uno de los poderes cuestionados. La investigación también atribuye a Olesya Rishko, otra de las imputadas, un intento de acceder a cuentas bancarias de las víctimas mediante documentación presuntamente falsa.
La nueva derivada penal se centra en uno de esos inmuebles. La acusación sostiene que Ángel Gastón Ramos Cisneros ocupó presuntamente la vivienda, cambió la cerradura y trató después de comercializarla pese a la prohibición judicial de disponer de ella. Entre la documentación aportada figuran anuncios publicados en Idealista y Milanuncios en los que el inmueble aparecía ofertado para la venta, con posibilidad de alquiler con opción a compra, y con contacto a nombre de “Angel”.
Para comercializar ese activo, los investigados recurrieron a una oficina local de una red inmobiliaria nacional. Contactada por este periódico, esa sucursal—que pide no ser identificada para preservar su reputación comercial— confirma que recibió el encargo, pero asegura que lo canceló al conocer que el inmueble estaba afectado por un procedimiento judicial.
Este intento de comercialización ha abierto una nueva derivada penal. El Juzgado de Instrucción número 4 de Arona incoó el 24 de noviembre de 2025 unas diligencias previas separadas para investigar si esos hechos pueden constituir una nueva infracción penal. En esa pieza figura como investigado Ángel Gastón Ramos Cisneros y como querellante Pavel Shestopalov. Según las fuentes consultadas, el juzgado está pendiente de tomarle declaración a Ramos Cisneros.
Mientras tanto, el proceso sigue empantanado en los juzgados. Y los querellantes aún no han podido recuperar sus inmuebles cuatro años después. “Esta nueva derivada evidencia el bloqueo que arrastran los perjudicados desde hace años. Imaginemos una persona que se levanta un día y su casa ya no es suya”, denuncia el abogado de la acusación, Mauro Jordán. El letrado sostiene que no resulta comprensible que, “mientras avanza una investigación penal y siguen vigentes medidas cautelares sobre los bienes, las víctimas continúen sin recuperar plenamente el control de sus propiedades” y “los investigados puedan seguir actuando sobre inmuebles vinculados al procedimiento”. Además, el letrado señala la paralización de la causa. “Las víctimas solo quieren poder ir a juicio y que acabe una investigación que lleva ya muchos años”.
En Tenerife residen actualmente 3.665 ciudadanos rusos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta población se concentra mayoritariamente en el sur turístico de la isla (Adeje y Arona), donde viven unas 2.200 personas de esta nacionalidad.
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