Democracia y desarrollo: dos caras de una misma historia en América Latina y el Caribe

Dos presiones convergentes están definiendo el futuro de América Latina y el Caribe. Una tiene que ver con la democracia, el sistema político que la región ha elegido y consolidado durante las últimas décadas. La otra, con el desarrollo, entendido como la expansión de las libertades y oportunidades de las personas. La desconfianza institucional, el extremismo polarizante y el déficit de representación se entrelazan con el alto costo de la vida, las persistentes desigualdades y la creciente percepción de inseguridad. No son problemas distintos, sino manifestaciones de un mismo desafío.

Dos informes recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —uno sobre democracia y otro sobre desarrollo humano— llegan desde ángulos distintos a igual diagnóstico. En apenas cuatro décadas, la región alcanzó dos logros que pocos lugares del mundo en desarrollo pueden exhibir: convertirse en la región más democrática del mundo en desarrollo y avanzar significativamente en bienestar, educación y reducción de la pobreza. Hoy, más de cuatro de cada cinco personas viven en países cuyos gobiernos han sido electos democráticamente y los indicadores de desarrollo humano mejoraron de forma sostenida desde 1990 hasta poco antes de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, ambos procesos están bajo presión y atraviesan un momento de creciente fragilidad. Ninguno está garantizado por sí solo. Y, sobre todo, ninguno puede sostenerse sin el otro. Son recíprocos y complementarios.

Durante un cuarto de siglo, el Índice de Desarrollo Humano creció a un ritmo anual cercano al 0,7 %. Ese avance comenzó a perder impulso incluso antes de la pandemia: el crecimiento cayó al 0,3 % y desde entonces apenas alcanza el 0,2 %. La desaceleración del desarrollo no es un shock pasajero, sino una tendencia que se venía gestando desde hace años. La pobreza disminuyó, pero el 31 % de la población sigue siendo vulnerable y permanece a un solo choque de volver a caer en ella.

Al mismo tiempo, la calidad de la democracia no acompañó la estabilidad electoral alcanzada. La confianza en los partidos políticos cayó del 22 % al 17 % en una década, reflejando una creciente distancia entre ciudadanía y representación política. La región es hoy la más políticamente polarizada del mundo, según la evaluación de V-Dem. Ese dato resume una transformación más profunda: las sociedades tienen cada vez más dificultades para construir acuerdos para enfrentar problemas comunes. Todo ello ocurre en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, social y económica. Según el World Uncertainty Index, la incertidumbre en América Latina y el Caribe se ha más que duplicado desde 1990 y aumentó un 101 % solo en 2025, frente al 77 % registrado a nivel mundial.

Democracia, Estado y desarrollo son dimensiones inseparables: la democracia distribuye el poder y procesa pacíficamente los conflictos; el desarrollo humano genera agencia y oportunidades que dan legitimidad a esa distribución; y el Estado es la bisagra que conecta —o desconecta— a los dos anteriores. Cuando el Estado no llega de manera igual a los territorios, no presta servicios de calidad o no garantiza la igualdad para todas las personas, la promesa democrática se vacía y el desarrollo se debilita. Cuando una democracia no entrega resultados, se erosiona su legitimidad; cuando el desarrollo avanza sin representación genuina, no es sostenible. De allí emerge el concepto de sostenibilidad democrática, que tanto significado ha adquirido y que nos debemos tomar en serio.

De ahí la idea vertebral de este momento latinoamericano: democracia y desarrollo no son agendas separadas. Avanzan juntos o retroceden juntos. Y por supuesto no son un juego de suma cero como se quiso sentenciar en el pasado reciente.

La tentación es interpretar estas tendencias como una mala racha: una combinación excepcional de shocks económicos, políticos y sociales de la que la región terminará recuperándose, como lo ha hecho antes. Pero esa lectura resulta cada vez más indefendible. La evidencia demuestra que no se trata de una simple interrupción en la trayectoria de progreso, sino del agotamiento de las estructuras y condiciones que durante décadas permitieron sostener simultáneamente avances democráticos y de desarrollo, a lo que se suman presiones emergentes que no era posible imaginar hace décadas.

Vista de la estación Transmilenium en Bogotá, marzo de 2026.UCG (UCG/Universal Images Group via Getty Images)

Las recetas del desarrollo partían de una estabilidad que hoy ya no existe; las recetas democráticas, de una conexión con la ciudadanía que se ha ido deteriorando. La incertidumbre se ha duplicado en la región desde 1990. Al mismo tiempo, presiones como la polarización política, el crimen organizado, la disrupción tecnológica y la desinformación, la movilidad humana a escala y la crisis climática golpean simultáneamente a la democracia, al Estado y al desarrollo. La cuestión ya no es resistir hasta que pase la tormenta. Es renovarse para poder atravesarla y continuar progresando.

Renovar no significa refundar. Significa restablecer el vínculo entre la legitimidad de los procesos democráticos y los resultados que estos producen en la vida diaria de las personas.

Significa regenerar la representación política, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, limitar las formas de poder que distorsionan desproporcionadamente las decisiones públicas y recuperar la capacidad institucional para llegar a los territorios y garantizar la seguridad, los derechos y el acceso a servicios esenciales para todas las personas. Significa también adaptar el desarrollo a una era de incertidumbre, con instituciones más legítimas y confiables, con modelos de gobernanza anticipatoria y capacidades estatales más resilientes, junto a inversiones en infraestructura física y social que amplíen las oportunidades de las comunidades. Son dos caras de una misma agenda.

El reto que tenemos por delante no admite espectadores inanes ni soluciones aisladas. América Latina y el Caribe necesitan superar inercias y reconstruir puentes entre actores que no dialogan o actúan de forma fragmentada. Requiere Estados con mayor capacidad para cumplir sus compromisos, sectores empresariales comprometidos con la estabilidad institucional que hace posible la inversión y el crecimiento, una sociedad civil activa y espacios públicos capaces de sostener el debate democrático incluso en contextos de polarización. La renovación democrática y el desarrollo humano son, en última instancia, una responsabilidad compartida.

Sostener ese círculo virtuoso exige también resguardar la deliberación y el ecosistema informativo como bienes públicos esenciales. En esa dirección, alianzas como la del PNUD y el Grupo PRISA son clave para consolidar y ampliar ese esfuerzo basado en el compromiso con la verdad. Porque la sombra de la desinformación ataca frontalmente la posibilidad de realizar un periodismo riguroso y de alta calidad cuyo objetivo central es “viralizar la verdad”, como lo ha expresado el director de este diario, Jan Martínez Ahrens. Porque, como se proclama en este grupo de medios de comunicación, el trabajo del periodismo y la victoria real de una prensa independiente es fiscalizar el poder, investigarlo, para descubrir la verdad y publicarla. La libertad de prensa es la columna vertebral del sistema de frenos y contrapesos en una democracia.

La renovación democrática de América Latina y el Caribe no es únicamente un desafío regional. Las presiones que hoy atraviesan a la región —polarización, desinformación, pérdida de confianza institucional, desigualdad persistente y creciente incertidumbre aún sobre sus referentes éticos— también están presentes, con distintas intensidades, en otras democracias del mundo. Lo que ocurra en América Latina y el Caribe forma parte de una conversación más amplia sobre cómo revitalizar la democracia en el siglo XXI.

En un mundo interconectado las democracias ya no fracasan en aislamiento. Como alguien ha dicho, las democracias no mueren de infarto; mueren de una metástasis que carcome sus principios, sus valores y sus instituciones. Y cada vez que se debilita, el impacto se siente más allá de sus fronteras: se erosionan normas compartidas, se normalizan prácticas antes intolerables y se amplía la sensación de que la democracia es incapaz de responder. Del mismo modo, cada vez que una democracia se renueva y recupera legitimidad, genera efectos que refuerzan la confianza en que los problemas de nuestro tiempo pueden resolverse dentro de la propia institucionalidad como garantía contra el autoritarismo, sin sacrificar derechos y libertades ciudadanas. Allí termina la fragilidad de un sistema cuya fortaleza consiste precisamente en su capacidad para saber crecerse frente a las dificultades.