
Más de 86.000 pisos turísticos y de temporada que se están anunciando en Airbnb, Booking y otras plataformas digitales deberán ser retirados de las mismas al considerarse ilegales. En concreto, el Ministerio de Vivienda ha notificado a las empresas que promocionan estos alquileres la existencia de 86.275 inmuebles para turistas o en régimen de arrendamiento temporal que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, que es obligatorio para poder anunciarse, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos. La cifra de pisos turísticos y de temporada ilegales no para de subir, ya que en septiembre eran 53.000.
La mayoría de las viviendas que no han podido inscribirse en el registro obligatorio porque su solicitud ha sido revocada se encuentran en grandes ciudades y zonas turísticas. Así, Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).
El Ministerio de Vivienda destaca en un comunicado que “es especialmente llamativo el caso de la provincia malagueña, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas”.
Desde que entró en vigor el registro único de alquileres de corta duración, el pasado mes de julio, la llamada ventanilla única recibió 412.253 solicitudes de registro. De ellas, 320.620 (78%) corresponden a pisos turísticos, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a viviendas arrendadas temporalmente, según datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Vivienda.
En la mayoría de comunidades autónomas, la mayoría de las solicitudes de registro se ha realizado para arrendar viviendas a turistas. Sin embargo, el ministerio dirigido por Isabel Rodríguez destaca que “la gran anomalía en ese ámbito es la Comunidad de Madrid”. En Madrid, el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos temporales y 4.377, de alojamientos turísticos. El Gobierno ha denunciado de forma recurrente que el alquiler de temporada, de un máximo de once meses de duración, es una modalidad que busca burlar las limitaciones al arrendamiento tradicional.
España ha pionera en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración, ya que es el primer país en implantarlo. Desde julio todos los pisos en régimen de alquiler turístico o de temporada deben disponer de n código para poder ser anunciados. Ese registro lo otorgan los Registradores de la Propiedad y se comparte con las plataformas que anuncian las viviendas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda.
En teoría las plataformas que anuncian las viviendas ilegales proceden a su retirada. Es el compromiso que adquirieron con el Gobierno compañías como Airbnb, Booking y Rentalia.

Redactor de la sección de Economía de La Vanguardia en la redacción de Madrid. Autor del libro 'El año que vivimos sin Gobierno' (Libros.com) y colaborador de varios programas de televisión y radio.

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