Uber Eats sigue usando repartidores autónomos siete meses después de comprometerse a cumplir con la Ley Rider y apunta ahora a fin de año para terminar la transición

M?s de siete meses han pasado desde de que Uber Eats se comprometiera a dejar de repartir con aut?nomos en Espa?a, lo que est? testando la paciencia del Ministerio de Trabajo, que hab?a recibido indicios de que la empresa de reparto dedicar?a el verano a completar este giro y, sin embargo, se ha encontrado con una par?lisis de las negociaciones.

Cuando el pasado enero anunciaron el cambio de modelo, desde la compa??a se pensaba que habr?a una soluci?n r?pida, sin embargo esto no ha ocurrido y las conversaciones se han enquistado, trasladan desde CCOO, presente en las negociaciones con la empresa, que fecha en junio las ?ltimas reuniones formales. Esto podr?a demorar hasta final de a?o el cambio de modelo.

Sin embargo, fuentes de Uber aspiran a que el proceso quede culminado antes de final de a?o y trasladan que m?s de 10.000 aut?nonos ya han pasado a trabajar con las flotas desde enero. Frente a este calendario, los sindicatos ven probable que pueda ocurrir, pero tambi?n que este se lleve a cabo sin acuerdo con la parte social.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Seguimos trabjaando con repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar una transici?n ordenada y responsable", traslada un portavoz de la comap??a.

Uber Eats se sentaba en la mesa con un acuerdo con la Inspecci?n de Trabajo bajo el brazo para zanjar los m?s de 110 millones de euros de deuda con la Seguridad Social que tendr?a desde 2022 por el empleo de unas 60.000 personas en ese periodo. Adem?s, tambi?n cerr? r?pidamente el acceso a aut?nomos al alta en la plataforma.

En su lugar, ahora aparece la posibilidad de echar el curr?culum en poco menos de una decena de empresas de flotas, las subcontratas en las que ya se apoyaba la compa??a y que ahora quiere reforzar para que se conviertan en su nueva mano de obra.

Unas maniobras que tambi?n ha hecho Glovo en su proceso de regularizaci?n y que se han encontrado con una fuerte respuesta sindical, que considera que estas compa??as de reparto son empresas pantallas que ceden de forma ilegal los trabajadores a los sindicatos y vaticinan una nueva batalla laboral en el sector. "Hemos pasado de pelear la laboralizaci?n a pelear el c?mo se laboraliza", trasladan estas fuentes.

Uber Eats ya ha superado el plazo que necesit? Glovo para su transformaci?n. La compa??a espa?ola anunci? en diciembre de 2024 que har?a la transici?n de modelo y a mediados de julio del a?o siguiente los primeros repartidores empezaron a firmar sus contratos.

La operativa con contratados se ha mostrado desafiante tanto a nivel de funcionamiento en el d?a a d?a como de rentabilidad, seg?n ha detallado el due?o de Glovo (Delivery Hero) en sus cuentas. De hecho, la empresa espa?ola tuvo que hacer un despido colectivo para 436 trabajadores el pasado mayo, 300 menos de los que propuso inicialmente, para adecuar su estructura a su nueva dimensi?n econ?mica. A?n as?, la entidad cuenta en plantilla con m?s de 10.000 repartidores. No es la ?nica compa??a que ha realizado ajustes.

Sin embargo, en el caso de Uber la situaci?n es distinta. Glovo contrat? en n?mina a casi 14.000 repartidores porque fue obligada a esta alta de oficio por parte de la Inspecci?n de Trabajo, algo que no ha ocurrido con Uber Eats.

La empresa estadounidense se ha abierto a trabajar ?nicamente con personal con contrato laboral, pero en ning?n momento ha puesto sobre la mesa que ese cambio se produzca mediante la entrada en n?mina por parte de Uber de los repartidores, sino que la idea es que sean las flotas quienes asuman ese rol. Una posici?n que no contenta a los sindicatos.

Pulso con el Gobierno

El pulso entre Yolanda D?az y Uber se reaviv? a finales del a?o pasado cuando la ministra de Trabajo arremeti? p?blicamente contra la empresa el pasado octubre y asegur? que esta ?no iba a tomar el pelo? al Gobierno de Espa?a.

M?s all? de las cuantiosas inspecciones de trabajo y la ya millonaria deuda con la Seguridad Social, la otra herramienta que tiene el Gobierno desde 2022 es crear un caso penal.

En ese a?o, reform? el C?digo Penal con un nuevo delito contra los trabajadores con penas de hasta seis a?os para los empresarios que ?impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contrataci?n bajo f?rmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanci?n administrativa?.

Ese mismo a?o, Uber hab?a protestado por carta ante el Gobierno por la falta de cumplimiento de la Ley Rider por parte de Glovo. La falta de repercusiones inmediatas propici? que la compa??a adoptara la misma estrategia que la espa?ola y comenzara a utilizar aut?nomos, una v?a que a?n siguen defendiendo ambas empresas en los juzgados.