Transparencia obliga a Cuerpo a difundir el informe de la Abogacía del Estado con el que justificó el boicot a la opa de BBVA por Banco Sabadell

A punto de cumplirse un a?o del fracaso de la opa de BBVA por Banco Sabadell, el papel del Gobierno en esa operaci?n sigue estando en cuesti?n y bajo la lupa. El boicot de Moncloa fue clave para el desenlace y no s?lo levant? suspicacias en Bruselas, donde la Comisi?n abri? un expediente al Ejecutivo de Pedro S?nchez, sino que tambi?n ha provocado que otros agentes del mercado pidan luz y taqu?grafo sobre el procedimiento. Entre otras acciones, el Consejo de Ministros aprob? una serie de medidas que endurec?an las condiciones que hab?a puesto previamente Competencia para dar luz verde a la adquisici?n ampar?ndose en un informe de la Abogac?a del Estado para el Ministerio de Econom?a que dirige Carlos Cuerpo; ahora, el Consejo de Transparencia le obliga a hacerlo p?blico para conocer los argumentos con los que su departamento estuvo capacitado para imponer a la operaci?n condiciones distintas a la materia de competencia.

La resoluci?n responde as? a un recurso presentado por un demandante cuya identidad "no tiene la condici?n de interesado", seg?n el documento. Dicho reclamante solicit? a Ministerio del vicepresidente acceder al informe de la Abogac?a del Estado relacionado con la capacidad del Consejo de Ministros para imponer condiciones en la operaci?n. El departamento liderado por Cuerpo deneg? el acceso, argumentando que la Ley de Defensa de la Competencia establece un r?gimen espec?fico de confidencialidad para este tipo de expedientes; el solicitante recurri? la denegaci?n y ahora el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo avala y ordena a Econom?a proporcionar el informe solicitado, salvo las partes que puedan ser confidenciales y cuya exclusi?n debe estar debidamente justificada.

Entre otras cosas, Transparencia se?ala que el Ministerio no justific? que el informe tuviera car?cter confidencial ni form? una pieza separada como exige la ley; tambi?n expone que la Ley de Defensa de la Competencia establece un r?gimen espec?fico de confidencialidad, pero no absoluto ni extensivo a toda la documentaci?n. "Partiendo de que la aplicaci?n de los l?mites deber ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de la protecci?n, as? como atender a las circunstancias concretas de cada caso, este Consejo considera que no se ha justificado de forma suficiente la concurrencia de los l?mites previstos en las letras f) y h) del art?culo 14.1 LTAIBG, por lo que no puede fundamentarse en ellos la denegaci?n del acceso a la informaci?n solicitada", explica el organismo. A?ade adem?s que el deber de secreto del art?culo 43 de la Ley de Defensa de la Competencia es para empleados p?blicos y no limita el derecho de acceso a terceros y da un plazo de diez d?as al Ministerio para entregar el informe requerido al solicitante, justificando cualquier parte que excluya por confidencialidad.

De esta forma, Moncloa tendr? que desvelar casi doce meses despu?s algunos de los argumentos en los que se bas? su ins?lita intervenci?n en la opa. Nunca antes hasta ese momento el Gobierno hab?a endurecido las condiciones impuestas por la Comisi?n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a una operaci?n similar en ning?n otro sector. El Ejecutivo autoriz? la adquisici?n, pero impidi? los despidos y el cierre de sucursales y oblig? a ambas entidades a mantener separadas la personalidad jur?dica y el patrimonio durante tres a?os, as? como la autonom?a en la gesti?n de su actividad, lo que en la pr?ctica supon?a congelar durante al menos tres a?os una fusi?n entre ellas y eliminar gran parte de los incentivos que BBVA y los accionistas interesados pudieran tener en su ?xito.

Los accionistas terminaron rechazando la oferta de Carlos Torres, que no lleg? al m?nimo del 30% que se hab?a marcado -la aceptaci?n se qued? en el 25,33% de las acciones y del 25,47% de los derechos de voto-, pero la operaci?n ha marcado un antes y un despu?s en el panorama corporativo del pa?s. El Gobierno amenaz? con el veto desde el lanzamiento oficial de la propuesta y sus condiciones lanzaron un claro mensaje al mercado de hasta qu? punto el Ejecutivo est? dispuesto a intervenir si lo considera oportuno.

La maniobra no s?lo no gust? al mundo empresarial espa?ol, sino que gener? malestar en Bruselas, que el pasado mes de junio ampli? el expediente abierto al pa?s y le urgi? a adaptar una directiva regional que marca la capacidad de margen del Gobierno en las grandes operaciones bancarias.