Ofensiva contra California por prohibir las Glock: "La Segunda Enmienda es un derecho sagrado"

El Departamento de Justicia de EEUU ha emprendido acciones legales este miércoles contra el estado de California por la promulgación de una polémica ley AB 1127 que prohíbe la venta de cierto tipo de pistolas semiautomáticas. La norma prohíbe la venta a particulares de armas que emplean un diseño específico de barra de gatillo cruciforme habitual de la marca austriaca Glock, por lo que la ley es conocida como de prohibición de Glocks.

Según los legisladores californianos, las pistolas que emplean ese diseño se pueden convertir con relativa facilidad en armas automáticas mediante la adquisición de un mecanismo en el mercado negro. De este modo, serían capaces de disparar todas las balas que tenga en el cargador manteniendo el gatillo apretado, sin necesidad de soltarlo entre disparos.

La ofensiva judicial del Ejecutivo federal se sustenta en que esta normativa supone una violación directa de la Constitución estadounidense y de las libertades civiles de sus ciudadanos. El fiscal general interino, Todd Blanche, ha sido contundente al asegurar que "la Segunda Enmienda es un derecho sagrado que pertenece a todos los estadounidenses, incluidos los de California. California no puede prohibir el tipo de arma corta más popular de Estados Unidos".

La normativa californiana, aprobada el pasado mes de octubre, exige a los establecimientos comerciales paralizar de inmediato cualquier venta de inventario nuevo que se ajuste a esta descripción técnica. Prohibió asimismo a las tiendas abastecerse de este tipo de armas a partir del 1 de enero de este año. No obstante, la ley no penaliza la posesión actual ni la venta entre particulares. Los promotores de la restricción argumentan que la industria armamentística ha ignorado deliberadamente este problema de fabricación durante décadas.

Parece difícil que la prohibición de venta de pistolas Glock se sostenga en los tribunales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lleva ya muchos años echando abajo la casi totalidad de restricciones al derecho a portar armas en los casos que le llegan. En este último periodo de sesiones, por ejemplo, echó abajo una ley hawaiana que impedía portar armas en cualquier establecimiento público a no ser que sus dueños dieran un permiso explícito para hacerlo. El tribunal consideró que, aunque cualquier propietario puede declarar su establecimiento como una "zona libre de armas", no es compatible con la Constitución prohibir por defecto que puedan llevarse.