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Fin a la película de suspense en el Capitolio. Los republicanos han logrado sacar adelante este martes, por un estrecho margen, las seis leyes de financiación del Gobierno que permitirán desbloquear el cierre parcial de la Administración que sufren decenas de agencias federales desde la medianoche del sábado por falta de presupuesto.
La Casa Blanca se ha tenido que empeñar a fondo para evitar una rebelión de algunos congresistas conservadores que exigían limitar la financiación de las ciudades santuarios ―las ciudades que se resisten a cooperar con el Gobierno federal en su cruzada contra los inmigrantes― o aprobar la conocida como Ley Save ―que obliga a identificar a los votantes de las elecciones― a cambio de su voto.
“Lo manejaremos. Vamos a aprobar la norma hoy; nunca estuvo en duda”, ha asegurado Mike Johnson, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que ha logrado sofocar el intento de rebelión. “El Partido Republicano se mantiene unido porque hay mucho en juego”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también telefoneó personalmente a algunos de los congresistas. El lunes, además, escribió en Truth: “Necesitamos que el gobierno vuelva a funcionar, y espero que todos los republicanos y demócratas me acompañen en el apoyo a este proyecto de ley y lo envíen a mi escritorio SIN DEMORA. No se pueden realizar cambios en este momento”.
La votación, 217 contra 214, refleja la ajustada diferencia que mantienen los republicanos en la Cámara de Representantes, donde fue necesario un voto prácticamente en bloque de los legisladores conservadores ―el representante por Kentucky, Thomas Massie, fue el único que no siguió la disciplina de partido― para sacar adelante las leyes presupuestarias, dotadas con 1,2 billones de dólares. Estas asignaciones de gasto dotan de recursos al Pentágono, los departamentos de Salud y Servicios Sociales, Trabajo, Vivienda, Transporte y Educación hasta el 30 de septiembre, cuando termina el año presupuestario en Estados Unidos.
El Congreso también aprobó la financiación, pero solo durante dos semanas, del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la Patrulla Fronteriza (CBP), dos de las agencias que han recibido una avalancha de críticas en las últimas semanas por los excesos de sus agentes migratorios, desplegados en Minnesota.
Si los legisladores no logran ponerse de acuerdo sobre la reforma migratoria, la financiación de Seguridad Nacional podría quedar en entredicho y podría producirse otro cierre parcial a finales de este mes, afectando a la agencia de emergencias (FEMA), la Agencia de Transportes o la Guardia Costera, entre otros.
Los demócratas y republicanos se han dado un plazo de 10 días para negociar una reforma de la ley migratoria que reduzca los abusos de esta policía migratoria. En las últimas semanas, agentes de estos cuerpos han asesinado a dos ciudadanos en Minneapolis, Renee Good y Alex Pretti, y han tiroteado a otro en una pierna, además de emplear tácticas agresivas en redadas indiscriminadas de inmigrantes.
Lo que era un mero trámite administrativo hace 15 días ha estado a punto de convertirse en una nueva crisis política para la Administración de Donald Trump. El Congreso ya aprobó hace dos semanas el paquete de financiación, que recogía seis de las 12 leyes de asignación de gasto discrecional del presupuesto del Gobierno estadounidense, que supone aproximadamente el 75% del gasto federal. Pero el trámite parlamentario de doble vuelta obligaba a validarlo en el Senado.
En mitad de esos trámites se produjo el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, a manos de agentes federales. Un suceso que provocó una ola de indignación en la bancada demócrata. Los senadores del partido azul se negaron a validar los presupuestos sin una reforma de la ley migratoria que limitase las competencias de la policía del ICE y de la Patrulla Fronteriza.
Tras una intensa negociación, en la que se involucró el presidente de Estados Unidos, el Senado dio luz verde el pasado jueves por la noche a los presupuestos, pero con una condición. Se aprobaban las cinco leyes de asignación para financiar decenas de agencias del Gobierno federal hasta el 30 de septiembre, pero la sexta norma, que habilita al Departamento de Seguridad Nacional gastar hasta 64.000 millones de dólares, solo estará vigente durante dos semanas.
Las negociaciones fueron desesperadas. El pasado octubre se produjo el anterior bloqueo gubernamental, el más largo de la historia con 43 días de cerrojazo, que dejó una brecha entre los congresistas y los electores. El apuro se salvó desbloqueando el presupuesto hasta el 30 de enero.
Tras incluir la condición de la reforma de la ley migratoria y limitar el plazo de financiación de Seguridad Nacional se cambió la redacción de las leyes que habían sido aprobadas en la Cámara de Representantes. Así que los textos legales tenían que volver a recibir el visto bueno del Congreso. Como esta cámara no tenía previsto una sesión del pleno hasta este pasado lunes, se produjo un cierre parcial y temporal del Gobierno federal.
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