Los notarios piden a la Generalitat que aclare quién es gran tenedor de vivienda

La definición de gran tenedor de vivienda en Catalunya trae de cabeza al sector jurídico e inmobiliario a causa de los diferentes criterios que aplica la Generalitat. Desde el Colegio Notarial han intentado recientemente aclarar este asunto a través de una consulta a la Agència Tributària de Catalunya, pero sin éxito. La respuesta que acaban de recibir ha causado preocupación, afirma el decano de los notarios catalanes, José Alberto Marín, porque persiste en “la inseguridad jurídica” que, a su juicio, sufren desde hace meses en materia habitacional.

Entre otras cuestiones, el Colegio ha pedido a la ATC concretar si el concepto de gran tenedor es el mismo a efectos tributarios que en el decreto ley sobre vivienda por el que la Generalitat ha ampliado el derecho de compra preferente (tanteo y retracto), una de las piezas clave de su política residencial y del plan de Salvador Illa para incrementar el parque público de vivienda. Desde la Agència dependiente de Economia i Hisenda responden que, en materia de tributos, no son aplicables otras definiciones contenidas en el ordenamiento jurídico. “Os recordamos que este centro directivo sólo tiene competencias para resolver consultas de ámbito tributario”, añaden en la respuesta, a la que ha tenido acceso este diario.

“Es necesario unificar criterios para evitar inseguridad jurídica”, afirma el decano tras una consulta a la Agència Tributària

La situación tiene una gran relevancia porque los grandes tenedores de vivienda pagan más impuestos –el Govern y los Comunes pactaron subir el impuesto de transmisiones un 20% para este colectivo–, están sujetos al tanteo y retracto y tienen mayores exigencias en el control de alquileres vigente en la práctica totalidad del territorio. Una de las cuestiones aún sin resolver es si se cuenta o no la vivienda de uso habitual para aplicar el tope de rentas. “Ahora nos encontramos con tres definiciones diferentes, la de Territori i Habitatge, la de Tributs y la relativa a los desahucios; cada departamento de la administración tiene un criterio distinto”, lamenta Marín.

Esta dispersión normativa está generando “problemas e inseguridad”, continúa el decano de los notarios. Por ello, reclaman que la Generalitat unifique la definición mediante una norma común.

Las dudas tanto para los profesionales como los ciudadanos “crecen”, afirma Marín. Pone el ejemplo de la respuesta recibida justo ahora por parte de la ATC: “han tardado dos meses en respondernos, pero ahora tenemos el doble de cuestiones por resolver”.