El PP da por fracasados los fondos europeos: “Han servido para gobernar sin Presupuestos”

El director de política económica del PP, Alberto Nadal, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestucturas del partido, Juan Bravo, han fijado este viernes en un encuentro con la prensa su posición sobre los fondos europeos NextGeneration, que se encuentran en su fase final y que requieren varias reformas adicionales para materializarse. Uno de los principales mensajes es que el Gobierno, con el pacto de investidura con Junts roto, puede olvidarse del apoyo del PP a varias reformas clave para obtener todas las ayudas. A eso se suman otras dos ideas. A juicio del PP, España quedará a la cola de la UE en ritmo de ejecución. Además, dice el partido, los fondos apenas “han servido para que Sánchez gobierne sin presupuestos”.

En una comparecencia ante la prensa, Nadal y Bravo han considerado que los fondos europeos son “una oportunidad histórica desperdiciada”, un “fracaso administrativo evidente” y un instrumento sometido a “usos partidistas”. Los NextGeneration, conforme a la interpretación del PP, se han usado además desde su punto de vista con finales ineficientes, desde macetas hasta expositores para hacerse un selfie.

España, han indicado, es el séptimo país de la UE con un menor porcentaje de fondos gastados sobre los disponibles, con un 19%. El PP cita a Eurostat para sostener el cálculo. Es un porcentaje muy inferior al 88% de Dinamarca o el 87% de Francia. De los 160.000 millones a su disposición, España ha resuelto fondos por cerca de 50.000 millones, pero hasta la fecha solo ha ejecutado unos 31.800 millones.

Una adenda acompañada de menores exigencias, pero con reformas legales

El Gobierno acaba de pactar una nueva adenda con Bruselas para recibir los 24.700 millones de ayudas directas antes del 31 de agosto del 2026, con lo que aspira a alcanzar el cien por cien del importe que se le tiene reservado, de casi 80.000 millones. En cambio, ha renunciado al 70% de los cerca de 80.000 millones a los que tiene derecho en concepto de créditos. Solo habrá solicitado a lo largo del programa unos 22.000 millones.

La nueva adenda pactada entre el Gobierno y Bruselas viene acompañada de compromisos de reformas, que el Gobierno ha logrado suavizar en parte por su debilidad parlamentaria. Ya no serán necesarias reformas en las leyes del Suelo, de Competencia, del Deporte, del Cliente Financiero o de Pesca. Sin embargo, sí es probable que deban aprobarse las leyes de Industria, la reforma del diésel o de Transparencia. De eso dependen parte de los fondos pendientes.

El PP no apoyara “una subida al diésel” y lamenta que no se pidan todos los créditos

El PP ya adelanta que no apoyará en el Congreso la reforma del diésel, que debe aprobarse antes de finales de enero. “El PP no va a apoyar ninguna subida de impuestos al diésel”, ha señalado Nadal. En el resto de reformas, el PP también se muestra en contra, si bien ofrece algo de margen si se aceptasen todas sus enmiendas. En todo caso, no “salvará” al PSOE ahora que Junts le ha retirado el apoyo parlamentario.

Una de las principales quejas del PP es que España no haya aprovechado los créditos disponibles. El Gobierno argumenta que el coste de financiación de España es ahora similar al de la Comisión Europea. Nadal cree que esos 22.000 millones pendientes ejercerían un efecto abaratador sobre las propias emisiones del Tesoro y lamenta que estos créditos no se hayan inyectado a las empresas en los momentos de subida de los tipos de interés, en el año 2022.

Riesgos de devolución por 1.100 millones

Nadal también ha avisado de que, aparte de los fondos que no se obtengan, España podría verse obligada a devolver 1.100 millones de euros por incumplimientos de compromisos. De este importe, 626 millones corresponden a la ausencia de reformas para consolidar la posición de los interiores y otros 460 millones a los retrasos en la equiparación de los impuestos del diésel. “Se está ejecutando poco y se ejecuta mal”, ha afirmado Nadal.

Los fondos europeos, se reciban o no, son en realidad un préstamo que se hacen a sí mismos los Estados de la UE con siete años de carencia, para su devolución durante las tres próximas décadas. El dinero debe reintegrarse a partir del 2028 en treinta años, hasta el 2058. A España, al margen del dinero que ejecute, le corresponderá pagar 2.000 millones de euros al año.