El Gobierno negocia un decreto de vivienda para atraer a todos los socios como colofón de legislatura

El último intento del Gobierno para aprobar un gran paquete de medidas frente a la crisis de la vivienda antes de que acabe la legislatura va en serio. PSOE y Sumar pactaron internamente en la coalición aprobar un gran decreto en el Consejo de Ministros antes de que termine julio. Sumar, con el ministro Pablo Bustinduy al frente, ha arrancado este compromiso temporal y ha puesto el foco sobre todo en la prórroga de alquileres, su gran medida estrella, que decayó el 28 de abril porque la tumbó Junts con el PP y Vox. Sin embargo, el Gobierno confía en que, con una nueva redacción y otras contrapartidas, Junts puede apoyarla. Porque el decreto contendrá todo un paquete a la carta para intentar contentar a todos los grupos y tener posibilidades reales de convalidación. A diferencia del que rechazó el Congreso, un exiguo texto con apenas dos artículos, el que se prepara ahora contemplará desde la regulación del IVA a los pisos turísticos hasta medidas de impulso a la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que lidera la negociación, promueve con Sumar un amplio paquete con flexibilidad negociadora para contentar a un grupo complejo que va desde el PNV y Junts, con visiones más de centroderecha, a ERC, Bildu y Podemos, con posiciones claras de izquierda. La negociación es muy compleja, y es difícil poner a tantos grupos de acuerdo sobre un tema tan delicado —por eso la ley de vivienda costó más de tres años de discusiones—, pero distintas fuentes del Ejecutivo consultadas ven posibilidades de éxito porque creen que hay margen para satisfacer a todos, y sobre todo hay mucha urgencia social. La crisis de la vivienda, argumentan, es el principal problema para millones de personas.

En medio de la negociación, que debería concluir a finales de julio, cuando se lleve el decreto al Consejo de Ministros, habrá una decisión clave para Junts: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hará pública el 16 de julio la sentencia sobre la ley de amnistía española, que presumiblemente abrirá la puerta para que Carles Puigdemont pueda volver a Cataluña.

Todos los grupos tienen reclamaciones diferentes, y el Ejecutivo cree que hay margen para negociarlas todas. Junts, por ejemplo, exige deducciones por el pago de la hipoteca y el alquiler e incentivos fiscales para la construcción y la rehabilitación, que son bases sobre las que se puede negociar.

En el caso de los alquileres de temporada, el Gobierno está aceptando la visión del PNV, por ejemplo. El Ejecutivo tomará como referencia para incorporarla una ponencia que lleva desde el pasado diciembre en el Congreso y que cuenta con el aval de los nacionalistas vascos. El texto contiene cambios relevantes, como la posibilidad de equiparar el alquiler de habitaciones con el de vivienda habitual, lo que serviría para obligar a una duración mínima de entre cinco y siete años, o a poner topes a los precios de las habitaciones en zonas tensionadas.

Pese al tiempo transcurrido desde que se presentó la proposición de ley de arrendamientos temporales —y a las discrepancias parlamentarias surgidas desde entonces en materia de vivienda, que desembocaron en la caída del decreto para la prórroga extraordinaria de los alquileres—, fuentes del ministerio que dirige Rodríguez indican que el texto mantiene su composición original. Este incluye enmiendas del PNV, Bildu y Sumar, y no está siendo revisado precisamente porque ya cuenta con el respaldo de parte del arco parlamentario.

Esta sintonía es la que el Ejecutivo pretende extender sobre otros puntos más problemáticos, que no reúnen todavía el consenso necesario. El caso a priori más complejo es el de la moratoria de los alquileres, que volverá al Congreso también dentro de la próxima disposición normativa, aunque con una redacción modificada. Con estos nuevos cambios, sobre los que todavía se trabaja, el Ejecutivo espera superar el rechazo que la medida genera en formaciones como Junts. Para atraer ese apoyo, se cuenta con la incorporación de bonificaciones en el IRPF para los caseros que congelen o bajen los alquileres, como viene reclamando la formación catalana.

Pero las medidas serán mucho más amplias: el día en que se anunció el futuro decreto, el Ejecutivo ya desveló que introduciría la obligatoriedad de pagar un 21% de IVA en los pisos turísticos. Y entre las iniciativas que se están valorando, según fuentes del Ejecutivo, también se encuentran mecanismos de agilidad administrativa y de fiscalidad favorables para favorecer la construcción de pisos asequibles. También para ayudar a que Casa 47 amplíe su parque residencial. Y seguramente se incidirá en otro de los aspectos sobre los que Vivienda lleva tiempo poniendo el acento en cada ocasión que puede (como en el último plan estatal): el blindaje a perpetuidad de la VPO.

Dos partes

El nuevo decreto, “extenso y transversal”, tal y como lo definió la ministra portavoz, Elma Saiz, contará con dos bloques, según fuentes al tanto de la elaboración del texto. La regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones forma parte de la primera parte y es de los puntos que están más definidos. El objetivo es luchar contra el uso de estas modalidades por parte de muchos propietarios para esquivar “algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la regulación de los alquileres”, según recoge la ponencia del Congreso. Y es que, mientras que la LAU obliga al arrendador de vivienda habitual a realizar contratos de cinco años (o siete, si es una persona jurídica) durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, los contratos temporales posibilitan la expulsión del inquilino y la subida del precio año a año, o incluso mes a mes.

Para combatir esta práctica, el Gobierno quiere modificar el tablero. De entrada, trasladando a los alquileres por habitaciones las mismas condiciones de las que disfrutan los arrendamientos de los pisos al completo. Los alojamientos por estancias han crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente en aquellos territorios en los que la oferta se ha reducido sobremanera, y se han convertido en la única opción residencial para muchas personas.

Por ello, el Ejecutivo entiende que el refuerzo de su protección impactaría sobre una gran parte del conjunto de los inquilinos. Para lograrlo, además de esta equiparación en cuanto a la duración de los contratos, la proposición de ley también define nuevos horizontes temporales para los arrendamientos por temporada, ya sean de un inmueble entero o de una sola habitación. Pese a que la duración del arrendamiento seguirán pudiendo fijarla las partes, esta no podrá ser inferior a 31 días, ni exceder los 12 meses. En el caso de que se firmen varios contratos consecutivos por la misma duración y entre las mismas partes, la vivienda adquirirá la condición de habitual y se aplicarán al contrato las garantías que contempla la LAU.

Para acotar aún más el uso de los alquileres que no sean habituales, en las viviendas que se ofrezcan por habitaciones, la suma de las distintas rentas no podrá superar a la de la vivienda en su conjunto. En el caso de que no existiera una renta previa con la que comparar, la nueva norma apela al índice que provee el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler si la vivienda se encuentra en zona tensionada.

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