Hace 23 horas
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El Gobierno ha pisado el acelerador para salvar la revalorización de las pensiones después del tropiezo parlamentario de la pasada semana. A varias bandas y contrarreloj, La Moncloa lleva todo el fin de semana trabajando para llevar este martes al Consejo de Ministros un nuevo decreto, consciente de que, aunque el margen legal se estira hasta el 10 de febrero, apurar los plazos pondría en riesgo la subida media de 50 euros que los pensionistas esperan percibir este mes en sus nóminas.
El nudo político vuelve a situarse en el llamado escudo social. Tras alinearse la pasada semana con PP y Vox para tumbar la iniciativa, Junts se mantiene enrocado en que el decreto se limite a las pensiones y deje fuera las medidas antidesahucios, mientras que el ala izquierda de la mayoría insiste en mantener la protección a los colectivos más vulnerables.
En el trasfondo asoma algo más que una discusión técnica. Una batalla ideológica sobre la vivienda. Las derechas reclaman una tramitación “en solitario” de la revalorización de las pensiones, mientras que las izquierdas defienden que la intervención pública es imprescindible para amortiguar una crisis habitacional que amenaza con expulsar a miles de personas de sus casas.
El Gobierno, con Sumar como socio, se resiste a vaciar de contenido social el decreto y asume que la negociación clave pasa, una vez más, por Junts. Los de Carles Puigdemont, decisivos para la investidura, mantienen desde hace meses un pulso con el PSOE por lo que consideran reiterados incumplimientos en la ejecución de acuerdos, una desconfianza que condiciona cada votación relevante. En busca de un cambio de postura posconvergente, el Ejecutivo acaba de aprobar una dotación de 300 millones de euros para reforzar el seguro de impagos creado en diciembre, destinado a compensar a los propietarios que no pueden desahuciar a inquilinos vulnerables, y trabaja en “nuevas fórmulas” de protección para incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado.
Pero el PSOE no solo recibe presión desde Junts. En el flanco izquierdo, Sumar también trata de condicionar el contenido del decreto. El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha confirmado que la negociación sigue abierta y que la fórmula final “está por ver todavía”, pero ha advertido de que no se debe “ceder al chantaje” del PP, al que acusa de impulsar una “operación ideológica” que contrapone la ayuda a los pensionistas con la protección de los colectivos más vulnerables.
En este contexto, ERC ha tratado de marcar perfil propio. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confirmado este lunes que ya negocia con el Ejecutivo un nuevo decreto y ha cargado contra las derechas, a las que acusa de poner una “muy mala excusa” para castigar a los pensionistas por intentar levantar la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos a personas vulnerables.
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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