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El Gobierno ha decidido finalmente dividir el escudo social en dos reales decretos para garantizar su aprobación en el Congreso y blindar la revalorización de las pensiones. Tras varios días de intensas negociaciones, prolongadas hasta hace pocas horas, el Consejo de Ministros aprobará este martes dos decretos. Uno específico para la subida de las pensiones, y que cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso. Y otro que mantendrá íntegro el conjunto de medidas sociales en vigor desde la pandemia, incluida la moratoria de los desahucios, las ayudas por la dana y los incendios o las mejoras en la jubilación de los bomberos. Asuntos sobre los que Junts mantiene sus reticencias pero que el Gobierno confía en desbloquear como ya ha hecho con el PNV.
El grupo plurinacional subraya que, con esta decisión, el Partido Popular “ya no tiene excusas” para bloquear la revalorización de las pensiones, mientras el resto de la Cámara deberá pronunciarse sobre si respalda un escudo social que protege a hasta 60.000 familias vulnerables, impide cortarles los suministros básicos y se mantiene vigente desde la crisis sanitaria. “Desde el comienzo dijimos que no hay derechos de primera o de segunda. No hay que elegir entre vivienda o pensiones: todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país”, añadieron fuentes de Sumar.
La decisión llega después del portazo parlamentario del pasado martes, que obligó al Gobierno a recalcular su estrategia para impedir que los pensionistas quedaran atrapados en la pugna de bloques. Aunque en la Moncloa se resistían a trocear un decreto defendido como indivisible, el Ejecutivo ha optado finalmente por esta vía para evitar el coste político y social que conllevaría que la revalorización decayera.
El PNV ha logrado que el Gobierno amplíe el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler
Además del pulso con Junts, el Gobierno ha tenido que emplearse a fondo esta madrugada para amarrar el apoyo del PNV, otro socio imprescindible en la aritmética parlamentaria. Las reticencias de los nacionalistas vascos a apoyar el texto si no se eximía a los propietarios con una sola vivienda en alquiler de la prohibición de desahucios a personas vulnerables han sido finalmente asumidas por el Ejecutivo, cerrando por la vía rápida un frente que amenazaba con complicar aún más la negociación parlamentaria.
La nueva redacción del texto legal incluirá finalmente una diferenciación nítida entre aquellas personas que cuentan con una vivienda para destinar al alquiler y los grandes tenedores y fondos buitre. Con este ajuste, el Gobierno asume la tesis defendida por el PNV para evitar que estos pequeños propietarios acaben convertidos en nuevos vulnerables y ofrecerles mayores garantías frente a situaciones prolongadas de impago que, en última instancia, acaban trasladando al Estado. Un gesto que allana el terreno para futuras negociaciones en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social.
El PP cree que la división del decreto es “una confesión de culpabilidad” por parte del Gobierno
El PP, por su parte, mantiene la crítica a la decisión del Ejecutivo. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha calificado la división del decreto ómnibus en dos como “una confesión de culpabilidad” por parte del Gobierno. Según Bravo, la medida demuestra que fue el Ejecutivo quien puso “en peligro” la revalorización de las pensiones y “usó a los jubilados como rehenes”.
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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