El Consejo de Estado cuestiona a la CNMC y su metodología para remunerar las redes

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El Consejo de Estado cuestiona a la CNMC y su metodología para remunerar las redes

Madrid

18/12/2025 19:44 Actualizado a 18/12/2025 19:45

El informe del Consejo de Estado sobre la tasa y metodología de remuneración de las redes eléctricas realizado por la CNMC ha causado todo un terremoto en el sector y en el propio organismo presidido por Cani Fernández, que ha convocado una reunión de urgencia del Pleno para su análisis exhaustivo.

Lo que en principio es un trámite burocrático para verificar que las decisiones del regulador se ajustan a derecho se ha convertido en esta ocasión en lo que, según las fuentes del sector que han tenido acceso al mismo y con las que ha hablado La Vanguardia , toda una “contundente enmienda contra la metodología de cálculo” plasmada por la CNMC.

El informe llegó ayer a la CNMC

La circular establece un incremento de la tasa de retribución para las inversiones de las redes eléctricas del 6,46% frente al 5,58% vigente hasta ahora. Por debajo del 7% que reclamaban las eléctricas. Pero más allá de eso establece una nueva metodología para remunerar inversiones que incluye topes y cálculos para inversiones adelantadas en función de la demanda futura en la red.

El informe fue despachado el miércoles 17 de diciembre por el Consejo de Estado y enviado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ese mismo día. El organismo presidido por Cani Fernández ha convocado para mañana viernes una reunión de urgencia del Pleno del organismo para analizar el impacto del documento.

Según las fuentes consultadas, se trata de un documento “muy detallado y farragoso” que recrimina a la CNMC “atribuirse competencias que no son suyas”. Es el caso de poner límites a las inversiones retribuidas, puesto que esa es una potestad de política energética que compete al Gobierno y no al regulador, según el criterio del Consejo de Estado.

Competencias de política energética

A su vez, cuestiona que la retribución de las inversiones en redes eléctricas se ligue a un concepto como “la demanda futura”, que excede de las capacidades de control de las empresas afectadas. Por lo tanto, “introduce un riesgo en la actividad regulada rompiendo en principio la seguridad de este tipo de inversiones.

Estos argumentos no suenan a nuevo, en los últimos meses las empresas del sector eléctrico los han repetido hasta la saciedad en los diferentes foros que se han celebrado para analizando la propuesta de Circular de la CNMC para los próximos seis años de período regulatorio. 

Las energéticas argumentan que la remuneración que propone no está acorde con el riesgo que tienen que afrontar a la hora de iniciar nuevas infraestructuras y que, por tanto, no las incentiva. Mucho menos cuando los países vecinos están aprobando unas tasa de retribución superiores a la española. El caso más reciente ha sido Portugal, que esta misma semana ha aprobado una remuneración del 6,7%, que aunque no llega al 7% mínimo que reclaman las eléctricas en España, sí es más alto que propuesto por la CNMC. De hecho, algunas de las fuentes consultadas para realizar esta información apunta que la comparativa internacional ha sido uno de los puntos en los que se ha fijado en Consejo de Estado para dar su veredicto final. También se han tenido muy en cuenta los dos votos particulares realizados por consejeros de la propia CNMC,  de los que ya informó este periódico.  

Con este informe se crea un precedente nunca visto hasta ahora en la historia del regulador de la competencia y pone en riesgo la política para el próximo sexenio regulador de las redes eléctricas, que debe estar publicada antes del 31 de diciembre.

Si antes de ese momento no hay “una jugada magistral”, según la califican algunos de los expertos consultados, en la que la CNMC ajuste su circular a los requerimientos del Consejo de Estado, se corre el riesgo de que, tal y como establece la ley del mercado eléctrico, se prorrogue automáticamente la actual normativa con su metodología y con una tasa de retribución del 5,58%. De ser así, las eléctricas ya afilan sus armas jurídicas para dar la batalla en los tribunales.

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