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Alfredo de Miguel, el ex dirigente del PNV alavés condenado por la trama de corrupción conocida como ‘caso De Miguel’, comenzará a disfrutar del régimen de semilibertad. La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Bilbao ha concedido el tercer grado penitenciario al exnúmero dos del PNV alavés, que fue condenado a 12 años de prisión en el mayor caso de corrupción ocurrido en Euskadi. Hasta ahora había cumplido dos años y medio de la pena.
La decisión de la jueza Ruth Alonso es firme al no haber sido recurrida, según han confirmado fuentes del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) y el Gobierno Vasco.
La jueza ha dado la razón a De Miguel, después de que recurrierá la decisión de la Junta de Tratamiento
La concesión del tercer grado supondrá que De Miguel dormirá de lunes a jueves en la prisión de Basauri y el fin de semana podrá permanecer en su casa. Hasta ahora se aplicaba el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, de forma que salía de lunes a viernes a trabajar, pero pernoctaba todas las noches en la cárcel.
La Junta de Tratamiento de la prisión de Basauri, tal como han explicado fuentes del Departamento de Justicia, al realizar el seguimiento del régimen de Alfredo de Miguel, acordó que siguiera en la misma situación.
No obstante, De Miguel presentó una queja y la jueza de Vigilancia Penitenciaria le ha dado la razón. Al no haber sido recurrida por la Fiscalía la resolución, esta es firme.
De Miguel fue condenado a 12 años, con un máximo de cumplimiento efectivo de 9 años
Alfredo de Miguel ingresó en prisión el 6 de julio de 2023 para cumplir su condena por liderar una trama de corrupción vinculada a excargos del PNV. De Miguel fue condenado por el Tribunal Supremo a doce años de cárcel -con un máximo de cumplimiento efectivo de nueve años- por varios delitos relacionados con la corrupción cometidos entre 2005 y 2009.
La trama, de la que el Supremo considera que el ex diputado foral y antiguo 'número dos' del PNV de Álava era el cabecilla, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos públicos.
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