China ejecuta a un alto directivo financiero que aceptó 133 millones de euros en sobornos

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China ejecutó este martes a un alto directivo financiero, Bai Tianhui, por haber aceptado sobornos por un valor equivalente a 133 milones de euros, durante su desempeño como director general de Huarong International Holdings Limited. Este era el brazo internacional, con sede en Hong Kong, de Huarong, uno de los cuatro grandes gestores de activos problemáticos de China durante dos décadas. 

El ejecutivo financiero fue condenado en mayor del año pasado en Tianjin. Tras perder el recurso en el tribunal superior provincial, la sentencia fue revisada y confirmada en el Tribunal Popular Supremo, en Pekín. 

Bai pudo despedirse de sus familiares antes de ser ajusticiado en Tianjin, por un procedimiento no revelado. Antes, se le había confiscado la mayor parte de sus bienes para resarcir al estado. 

El día elegido para la ejecución -24 horas después del anuncio de los resultados de las elecciones legislativas en Hong Kong- manda un mensaje al centro financiero. Ya no es ni puede ser un burladero, cuando los delitos afectan a la China continental. Y por supuesto, la lucha contra la corrupción afecta “lo mismo  a tigres que a moscas”. tal como le gusta decir al presidente Xi Jinping.

Huarong, además, tenía su sede central en la capital de la República Popular de China, de donde era el reo. La empresa era uno de los cuatro gigantes encargados de la gestión de activos tóxicos y deudas difíciles de cobrar de los bancos públicos. En 2014, fue privatizado en más de un 35% y un porcentaje indeterminado de acciones pasó a manos de las firmas estadounidenses de inversión, Warburg Pincus y Goldman Sachs. También empezó a cotizar en la Bolsa de Hong Kong. 

El resultado de la privatización fue catastrófico y, seis o siete años más tarde, el estado tuvo que desembolsar varios miles de millones de euros (varias veces lo que se había embolsado con la privatización) para salvarlo de lo quiebra. Finalmente, el gigantesco conglomerado público CITIC, pequeño accionista de la firma, tuvo que abserberla completamente, convirtiéndola en su filial China CITIC Financial Asset Management, que todavía funciona.

Al revisar el caso de Bai Tuanhin, el Tribunal Popular Supremo  concluyó que Bai había aprovechado sus distintos cargos entre 2014 y 2018 para beneficiar a determinados particulares y empresas en la adquisición de activos y en la obtención de financiación a cambio de sobornos desmesurados, causando un gran perjuicio a los intereses del Estado y del pueblo. 

La pena de muerte por delitos de guante blanco es poco frecuente en China y todavía es más excepcional que el ajusticiamiento se consume, como en este caso. Normalmente  la condena a la pena capital se conmuta por cadena perpetua en caso de que no haya reincidencia durante dos años.  

Cuentan con ello, por ejemplo, el exministro de Agricultura Tang Renjian, que fue sentenciado a la pena capital, por corrupción, hace unos meses. O Liu Liange, expresidente del Banco de China, que fue condenado a muerte hace un año, por corrupción, pero podría beneficiarse de la misma conmutación.

O ayer mismo, Gou Zhongwen, el más alto responsable del deporte chino entre 2009 y 2022, equivalente a un ministro de Deportes, condenado también a la pena de muerte al probarse su abuso de poder y que aceptó sobornos equivalentes a 29 millones de euros. 

La ejecución de Bai se suma a la serie de escándalos que han marcado a Huarong en los últimos años. El caso más conocido fue el de su propio jefe, Lai Xiaomin. El expresidente del conglomerado fue detenido en 2018 y ejecutado en 2021 por aceptar sobornos por más de 1.788 millones de yuanes (237 millones de euros).

Huarong era uno de los cuatro 'bancos malos' del país asiático, fundado en 1999 tras la crisis financiera asiática con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino, aunque con la llegada de Lai a la presidencia del grupo en 2012 se transformó en un consorcio financiero y poco después comenzó a invertir en activos de alto riesgo.

Huarong, cuyo accionista mayoritario seguía siendo el ministerio de Finanza, presentaba un pasivo de 240.000 millones de dólares a finales de 2021, por lo que tuvo que ser rescatado . 

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