Priyanka Chowdhury lleva siete años trabajando en Sudán del Sur. La situación de seguridad en el país africano, el más joven del mundo, es difícil: la violencia entre los partidarios de Salva Kiir y Riek Machar, enemigos acérrimos, amenaza con recobrar el conflicto civil que arrasó la década pasada una de las tierras más pobres del planeta. El vecino del norte, Sudán, presiona en la frontera en una guerra descarnada entre ejército y paramilitares. Aun así, Chowdhury se resiste a conceder que sea el peor momento desde que asumió la portavocía de la misión de paz de Naciones Unidas en Sudán del Sur (Unmiss, en sus siglas en inglés).
“No hemos tocado fondo”, dice al teléfono desde la capital, Yuba. Reitera, eso sí, que el desafío es “extremo” ante el recorte de fondos para los algo más de 12.000 trabajadores de la ONU allí desplegados. Una cifra en apariencia alta, pero que resulta de la repatriación en los últimos meses de más de 4.300 militares. Las primeras elecciones desde la independencia, en 2011, se celebrarán en diciembre. Y la violencia política continúa en auge.
La paz cuesta dinero, pero cada vez hay menos. Sudán del Sur es solo un ejemplo, alarmante, del agujero en las arcas de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Cae el presupuesto para contener la guerra al ritmo de la confianza en misiones multilaterales, con o sin el sello de la ONU. El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri) publicó en mayo un informe en el que cifró en 78.633 los militares, policías y civiles en operaciones de paz —58 en 34 países o territorios—, un 17% menos que un año antes.
Echando la mirada hacia atrás, la caída se precipita: el número de trabajadores en estas misiones es hoy un 49% inferior al de hace una década, debido, sobre todo, a problemas de liquidez. El último presupuesto de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz fue de 4.718 millones de euros, el más bajo en 10 años. En 2016, esa partida rondaba los 7.000 millones.
La misión en Sudán del Sur preocupa y mucho. Crece la violencia entre los fieles del presidente Kiir y los de Machar, antiguo vicepresidente, actualmente en prisión acusado de asesinato, traición y crímenes contra la humanidad. Como relata Chowdhury, la situación de esta joven nación es frágil. “Tuvimos que cerrar nuestras oficinas en terreno en Aweil y Torit, mientras que en Rumbek y Kuajok la presencia es exclusivamente militar”, continúa la portavoz de la Unmiss. Así, la protección de civiles, pilar de las misiones de paz, sufre. “Sudán del Sur es un país que nació hace 15 años con un gran potencial”, prosigue, “es gente real, que merece nuestra atención”.
Un vehículo de la misión de paz de la ONU en Congo patrullaba Goma, en el este del país en enero de 2025.Getty Images (Getty Images)Un cuarto menos de trabajadores
El informe del Sipri señalaba que las cuentas del departamento de operaciones de paz de Naciones Unidas arrastraban un agujero de alrededor de 1.754 millones de euros. Tras la publicación de este reporte, en mayo, EL PAÍS se puso en contacto con esta sección de la ONU: son 1.878 los millones que están pendientes de pago (una cifra que correspondería a casi el 40% del presupuesto en curso). Los contribuyentes no cumplen con sus compromisos, entre ellos, Estados Unidos, el mayor de todos.
Una omisión del deber ante la paz que no es equitativa. Cada misión tiene su presupuesto, que los Estados deben nutrir. Hay operaciones más mediáticas o relevantes para las grandes potencias, como la de Líbano (Unifil), que concluye a final de año pese al conflicto entre Hezbolá e Israel, y otras, como las desarrolladas en África, con menos tirón en las finanzas y en la opinión pública.
Debido al creciente boquete en las arcas de la ONU, en octubre, unos meses después de la aprobación de las últimas cuentas, la organización puso en marcha un plan de recorte equivalente al 15% de sus gastos totales. El número de trabajadores tenía que reducirse aún más: el 25%. De ahí el cierre de oficinas regionales y bases, y el envío a casa de soldados y civiles.
El superajuste ha llevado a una pérdida de presencia en áreas vitales para las operaciones de paz. Las hay que ya sufrían de agotamiento, como la de Sudán del Sur. “Se han llevado a cabo recortes en misiones que estaban muy apretadas”, señala a EL PAÍS en una videollamada un funcionario de operaciones de paz de la ONU. Aun así, prosigue esta fuente, en enero se había concluido el plan de contingencia y repatriado a los equipos. Este empleado admite que hay elementos que no volverán, pero otros que se han reorganizado para mantener su función por si el grifo fluye de nuevo. Una hipótesis compleja a tenor de que las cuentas para el periodo 2026-2027, actualmente en negociación, sufrirán previsiblemente otro pellizco.
En un texto enviado a la prensa a principios de junio, Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de Naciones Unidas para Operaciones de Paz, citaba algunos ejemplos de las consecuencias de esa pérdida de capacidad por el tijeretazo en los fondos. En la República Democrática del Congo —la misión echa el cierre a finales de año—, señalaba, las actividades de patrullaje han disminuido un 30%, condicionando el acceso a zonas remotas y de alto riesgo. En el Sáhara Occidental, los recortes han limitado la “habilidad” de la misión para observar a la vez múltiples áreas, con lo que crece el riesgo de que algunas violaciones pasen “inadvertidas”. Y en República Centroafricana, la Minusca, la misión con sello de la ONU con más personal (17.885 entre militares, civiles y voluntarios), la reducción de vuelos ha constreñido la vigilancia en zonas apartadas.
Cascos azules ondeaban la bandera de la ONU mientras excavadoras israelíes intentan destruir túneles de Hezbolá cerca de la línea azul, en diciembre de 2019.Hussein Malla (AP/LaPresse)Nuevos modelos de intervención
El cóctel es terrible para el mantenimiento de la paz bajo el paraguas multilateral. Como indicaba el Sipri, no solo la ONU, con 18 misiones en activo, se ha ajustado el cinturón. También lo han hecho misiones de la Unión Africana ante la caída de fondos europeos, o de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que ha aprobado recientemente un recorte en el presupuesto de alrededor del 10%.
La falta de liquidez hace mella, además, en un modelo cuestionado desde hace décadas y sujeto ahora a un nuevo repunte de la polarización internacional. Buena muestra de ello fue el cierre hace dos años de la misión en Malí, gobernado por una junta militar con el apoyo de Rusia, o la cercana clausura de Unifil, pese a que su mandato aún sea muy válido.
En este contexto, surgen nuevos modelos bilaterales de intervención en conflictos —despliegue de fuerzas de Ruanda en República Centroafricana o Mozambique, de Emiratos Árabes Unidos en Somalia o de Uganda en Congo—, así como alianzas ad hoc originales al estilo de la Fuerza para la Eliminación de Pandillas en Haití (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por Naciones Unidas, y apoyada por un grupo variopinto de países encabezados por Estados Unidos (Canadá, Jamaica, Bahamas, El Salvador, Kenia, Sri Lanka…).
“Si las cosas continúan así, podríamos presenciar un debilitamiento drástico de la gestión multilateral de conflictos y la marginación casi total de instituciones como Naciones Unidas”, afirma Jair van der Lijn, del Sipri. En efecto, cuesta pensar que la ONU tenga papel alguno en la gestión de posguerra de contiendas tan difíciles como la de Gaza o Ucrania. “Es probable que esto derive en un aumento de los conflictos, y que estos tengan consecuencias aún más graves para la población civil, dado que los Estados abandonan normas arraigadas”, continúa Van der Lijn. Sudán del Sur, Haití o Líbano serán, desafortunadamente, los próximos bancos de prueba.

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