Ya se pueden solicitar las primeras viviendas de alquiler asequible del Gobierno

El Gobierno ha abierto hoy el plazo para solicitar una de las primeras 171 viviendas de Casa 47, la empresa pública que ofrece alquileres a precios asequibles. De estas, 67 están ubicadas en Vigo (Pontevedra), 67 en la provincia de Valencia y 37 en Mieres (Asturias). En este último caso, se trata de vivienda protegida. Los ciudadanos interesados tienen hasta el 20 de febrero para inscribirse a través de la web www.casa47.es.

La oferta abarca desde estudios de 41 metros cuadrados por 399 euros en Vigo hasta apartamentos de cuatro dormitorios de hasta 150 metros cuadrados en la provincia de Valencia y en Mieres por hasta 887,06 euros. Se puede consultar todo el detalle en la página web, donde cada vivienda dispone de su ficha, con el detalle de los planos y las fotografías del piso, al igual que otros portales inmobiliarios.

Por localidades, los alquileres de Mieres oscilan entre los 343,68 euros y los 735,22 euros, para un precio medio de 412,89 euros; en la provincia de Valencia el precio medio del alquiler mensual se sitúa en 485,42 euros y en Vigo 662,84 euros.

Respecto a los límites de ingresos, en el caso de Valencia y Pontevedra pueden optar hogares con rentas de hasta 63.000 euros anuales. En el caso de Mieres, al tratarse de vivienda protegida, el límite se establece en los 37.800 euros anuales.

La convocatoria está abierta a toda persona con residencia legal en España, que no sea propietaria ya de una vivienda (salvo excepciones como que sea una herencia en otra provincia y no constituya el domicilio principal). Además, para los apartamentos de Mieres, se aplicará la normativa autonómica del Principado de viviendas protegidas.

La adjudicación se hará por sorteo, explica el ministerio de Vivienda. Los contratos podrán prolongarse hasta 75 años, con un alquiler inicial de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones. Deberán destinarse a ser el domicilio habitual y permanente de la unidad de convivencia. El plazo legal para resolver la solicitud es de seis meses, pero la empresa pública se compromete a hacerlo en un plazo mucho más corto.