Hace 2 días
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Hace unas semanas, en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el papa León XIV escribía una frase que debería hacer reflexionar a cualquier persona comprometida con la democracia: “Quien controle la inteligencia artificial impondrá su visión moral”. Con independencia de la distancia que podamos tener en muchas cuestiones, lo cierto es que el diagnóstico que comparte el jefe de la Iglesia católica y gran parte de las izquierdas no es una anécdota. Es el síntoma de un problema que ya no podemos obviar.
Vivimos una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: los autoritarismos crecen en todo el mundo precisamente en un momento en que las democracias dependen cada vez más de sistemas tecnológicos que no controlan ni gobiernan. La digitalización de la economía, de los servicios públicos y de la vida cotidiana ofrece oportunidades reales. Pero la realidad es que los Estados están cediendo la gestión, construcción e implementación de infraestructuras críticas a corporaciones sin control democrático, sin transparencia y con una dependencia estructural de medio mundo respecto a empresas privadas. Este escenario implica un riesgo de primer orden para nuestros derechos y para la calidad de nuestras democracias.
Las cifras lo confirman. Según el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía que dio lugar a la resolución del Parlamento Europeo sobre soberanía tecnológica aprobada a principios de 2026, los grandes proveedores de nube extracomunitarios controlan el 69% del mercado europeo. Es decir: siete de cada diez servicios de cloud utilizados en Europa son propiedad de Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. El mismo informe estima que hasta un 92% de los datos occidentales se almacenan en infraestructuras bajo jurisdicción estadounidense. Es lo que en la jerga tecnológica se conoce como lock-in: una dependencia tan profunda que revertirla resulta prácticamente inasumible.
Los autoritarismos crecen en todo el mundo en un momento en que las democracias dependen más de sistemas tecnológicos que no controlan ni gobiernan
De hecho, Bruselas ya lo ha reconocido. A principios de junio, la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, presentó el Paquete de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea: una Cloud and AI Development Act. Más allá de las declaraciones políticas sobre soberanía e independencia tecnológica, los datos muestran una relación mucho más compleja. La propia Comisión calcula que la UE destina 264.000 millones de euros anuales mayoritariamente a tecnología de Estados Unidos.
Este modelo ha sido denominado por algunas voces académicas como tecnofeudalismo o colonialismo digital: un sistema basado en el extractivismo de datos y la concentración de poder en un puñado de actores privados que no rinden cuentas ante ningún parlamento. El debate ya no es minoritario. En el último Mobile World Congress de Barcelona, las ponencias sobre soberanía tecnológica crecieron un 80% respecto a la edición anterior y un 766% respecto a hace cuatro años. Los debates sobre tecnología y democracia convivieron, sin que el Govern hiciera nada para evitarlo, con la presencia de empresas tecnológicas vinculadas a la industria militar israelí, cómplices del genocidio contra la población palestina. Soberanía, derechos humanos e industria de la guerra en el mismo escenario nos alejan de una tecnología al servicio del bien común.
Hay otro ejemplo que ilustra hasta qué punto el reto nos atraviesa. El Ministerio de Defensa español ha firmado contratos con Palantir Technologies para sistemas militares como Gotham. El cofundador de la empresa, Peter Thiel, ha defendido abiertamente en un manifiesto reciente un modelo de poder duro de las tecnológicas que pasa por la abolición del sistema democrático. No lo decimos nosotros: lo dice él. Que una administración pública contrate a una compañía que cuestiona abiertamente la democracia debería encender todas las alarmas.
Recientemente se ha publicado que el Gobierno del Estado ha dado orden de evitar contratos con esta tecnológica estadounidense. Es necesario pasar de las palabras a los hechos y hacer públicos los contratos con Palantir Technologies como primer paso para avanzar en lo que realmente debemos hacer: vetar a la multinacional en la contratación con las administraciones públicas por ser una amenaza real para la seguridad nacional y por sus constantes vulneraciones de derechos humanos en la programación y ejecución del genocidio en Gaza o en la aplicación de políticas racistas de Trump con el ICE en Estados Unidos. Palantir representa una determinada idea del mundo: que los grandes sistemas tecnológicos pueden concentrar tanto poder político, militar y económico que pueden imponerse por encima de gobiernos democráticos, tal como afirmó su fundador Peter Thiel.
Catalunya no puede convertirse en cliente de empresas que consideran la democracia un obstáculo a superar. Tenemos el deber de construir soberanía tecnológica e imponer límites claros a las grandes tecnológicas para garantizar el futuro de las democracias.
Catalunya no puede convertirse en cliente de empresas que consideran la democracia un obstáculo a superar
Pero no partimos de un escenario de resignación: existen alternativas reales cuando hay voluntad política. Francia ha decidido dejar de utilizar Zoom y Teams en su administración para apostar por plataformas propias. En Brasil, el sistema público de pagos PIX (el Bizum brasileño) ha desplazado a Visa y Mastercard en pocos años. Barcelona fue la primera ciudad del mundo en suscribir los Principios de Código Abierto de Naciones Unidas, y desde Barcelona en Comú hemos dejado claro que ni un euro de la inversión pública en inteligencia artificial puede acabar en manos de tecnológicas vinculadas a la industria de la guerra, como ha hecho OpenAI con su acuerdo de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En Catalunya, el acuerdo entre el Govern y los Comuns para crear el Fondo de Soberanía Tecnológica es un primer paso en la buena dirección.
Por eso, el grupo de los Comuns en el Parlament de Catalunya hemos presentado una moción de soberanía digital democrática, aprobada con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias, que pide tres cosas concretas: auditoría pública y transparencia de todos los contratos tecnológicos de la Generalitat; un registro abierto y actualizado de los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la administración, con evaluación de impacto en derechos fundamentales; e incorporación de criterios de derechos humanos en la contratación pública tecnológica, que impidan contratar empresas como Palantir o cualquier otra vinculada a la vigilancia masiva o a crímenes de guerra.
Si hace décadas decidimos que la sanidad pública y la educación eran bastiones democráticos irrenunciables, hoy debemos asumir el mismo debate sobre la tecnología. Con la misma convicción. La pregunta no es si utilizaremos inteligencia artificial. La pregunta es quién la controlará: las instituciones democráticas o un puñado de oligopolios que no responden ante nadie. De eso hablamos cuando hablamos de soberanía tecnológica.
Andrés García Berrio, diputado de los Comuns en el Parlament de Catalunya
Bru Aguiló, experto en innovación democrática y soberanía tecnológica
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