Reino Unido 'renacionaliza' sus trenes tras el desastre de la liberalización radical de 1994

Ma?ana domingo, una concesi?n m?s del ferrocarril brit?nico pasa de manos privadas al Estado. Es la franquicia -un nombre que en realidad se refiere a "corredores" o "regiones"- de las Midlands, entre cuyos servicios est?n las l?neas de Birmingham a Londres y a Liverpool. Las l?neas (controladas por la empresa estatal de Pa?ses Bajos, Ferrocarriles Holandeses) pasar?n a pertenecer a Great British Railways, la compa??a estatal que est? retomando el control del Estado sobre el transporte ferroviario de pasajeros brit?nico.

La nacionalizaci?n de esa l?nea llega cuando se acaban de cumplir, el 1 de enero, 32 a?os desde la privatizaci?n total del ferrocarril en el Reino Unido, el pa?s que invent? la m?quina de vapor (y, tambi?n, la primera l?nea de tren regular, hace 200 a?os). Poco a poco, las concesiones est?n volviendo a ser gestionadas por el Estado, que ya controla desde hace casi un cuarto de siglo la infraestructura. El Estado, simplemente, deja que las concesiones concluyan. Entonces, no las saca a subasta, sino que las pone entre los activos de Great British Railways, una compa??a que dise?? el Gobierno conservador de Boris Johnson pero que solo los laboristas de Keir Starmer se han atrevido a crear.

No es, as? pues, un proceso traum?tico. En gran parte, porque los traumas llegaron antes. Lo hicieron bajo la forma de accidentes, desplome de la puntualidad, precios exorbitantes -incluso desde el primer momento de la privatizaci?n, con la sola excepci?n de las l?neas en las que las tarifas estaban controladas por el Estado- y hasta fraudes a Hacienda. El resultado es que apenas el 22% de los ciudadanos del Reino Unido se declaran "satisfechos" con su red y servicio ferroviario, seg?n un sondeo realizado este mismo mes por de la empresa de estudios de la opini?n p?blica YouGov. El 71% afirma que los trenes "no valen lo que cuestan", y un pat?tico 19% se f?a de los horarios oficiales.

El experimento brit?nico de privatizaci?n fue radical, y llev? a los trenes brit?nicos a un estado de liberalizaci?n cercano al que hab?an tenido en el periodo de 1825 a 1923. El sistema funcion? para las mercanc?as, que siguen en manos de seis grandes operadores privados. Pero fue un fracaso total para los 17 consorcios que se hicieron cargo de las 25 franquicias por plazos que oscilaban entre 7 y 10 a?os.

Las empresas nunca lograron cumplir sus expectativas financieras ni de servicio, y el Estado se tuvo que hacer cargo de las operaciones. Los precios no bajaron ni siquiera al principio de la privatizaci?n, hasta el punto de que los trenes brit?nicos est?n hoy entre los m?s caros de toda Europa. La seguridad se resinti?, y el sistema empez? a colapsar cuando apenas llevaba seis a?os y medio en funcionamiento. El detonante fue el accidente de Hatfield, en 2000, que caus? cuatro muertes y presenta claras similitudes con el de Adamuz, y dej? claro que el Gobierno conservador de John Major hab?a creado un sistema con incentivos perversos a las empresas.

La tragedia forz? la quiebra y nacionalizaci?n de Railtrack, la empresa privada que cotizaba en Bolsa y que ten?a el monopolio de todas las v?as y la infraestructura, que es hoy una entidad p?blica sin ?nimo de lucro, Network Rail. Fue el inicio del papel del Estado como Operador de ?ltimo Recurso, un concepto establecido en la Ley de Ferrocarriles de 1993, que segu?a los postulados del thatcherismo m?s estricto, pese a que Margaret Thatcher hab?a dejado el poder m?s de tres a?os antes.

Fue una profesa admiradora Thatcher -la primera ministra Theresa May- quien, en mayo de 2018, tuvo que hacer que el Estado asumiera el control de Virgin/Stagecoach despu?s de que esa compa??a escocesa anunciara que no iba a seguir operando la franquicia de la Costa Este, por cuya explotaci?n hab?a pagado 3.300 millones de libras (3.800 millones de euros). Pero, fiel a sus principios liberales, May se neg? a reformar el sistema, pese a que otras l?neas estaban en serias dificultades.

Su correligionario Boris Johnson, que la reemplaz? como jefe del Gobierno, no hil? tan fino, y tom? el control de tres empresas, una de las cuales, Govia -parcialmente controlada por la empresa estatal francesa Keolis- hab?a defraudado 25 millones de libras (29 millones de euros) al Estado.

La llegada de los laboristas de Starmer propici? en 2024 la aprobaci?n de la Ley de Servicios Ferroviarios de Pasajeros, que facilita el control de las concesiones una vez que estas concluyen. El objetivo del Gobierno es que a finales de 2027 todo el transporte de pasajeros en el Reino Unido as? como la infraestructura -y esto incluye tambi?n a las mercanc?as- est? en manos del Estado. Ser? el final de un experimento liberalizador que no funcion?.