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La CEOE celebrar? elecciones el 1 de octubre. Su actual presidente, Antonio Garamendi, ha confirmado su candidatura para un tercer mandato. Y por delante le esperan tres intensos meses de campa?a en los que -todo apunta- volver?n a resonar los tambores de guerra sucia que ya marcaron otro proceso electoral hace poco m?s de un a?o. Fue en las elecciones de Cepyme cuando la patronal espa?ola se parti? en dos. Y de aquellos barros estos lodos, porque algunas de las acusaciones que entonces se lanzaron contra Garamendi y su equipo directivo han vuelto a salir a la palestra estos d?as tras conocerse el caso del testigo protegido que ha denunciado a la c?pula de la CEOE ante la Autoridad Independiente de Protecci?n del Informante (AIPI).
?Qui?n denuncia?, ?a qui?nes acusa y de qu??, ?c?mo se est?n investigando los hechos? y, sobre todo, ?c?mo va a afectar todo esto a las elecciones de la CEOE? Son algunas de las preguntas a las que EL MUNDO da respuesta tras haber consultado con las partes implicadas, a excepci?n de la direcci?n de la patronal, que ha optado por no hacer comentarios sobre este asunto, m?s all? de las declaraciones del propio Garamendi, que ha denunciado p?blicamente "campa?as sucias" en su contra.
El denunciante es Jos? Manuel de Riva Zorrilla, empresario y exvicepresidente de Cepyme. Durante las elecciones que enfrentaron a la vallisoletana ?ngela de Miguel, impulsada por Garamendi, y al empresario granadino Gerardo Cuerva, hasta entonces presidente de Cepyme, De Riva lanz? una serie de denuncias tanto p?blicamente como en el seno de la organizaci?n sobre supuestas irregularidades en la c?pula de la CEOE. Al sentirse desamparado por la Comisi?n de R?gimen Interno de la patronal, acudi? pa la AIPI, donde present? sus acusaciones el pasado mes de septiembre, justo cuando se cre? este organismo.
?Qu? denuncia De Riva? En su momento, acus? a varios miembros del equipo directivo de CEOE de diversas irregularidades; entre ellos, el presidente de la asociaci?n de aut?nomos ATA, Lorenzo Amor, a quien pidi? que se investigara por conflicto de intereses; ?ngela de Miguel, actual presidenta de Cepyme, a quien se?al? por presunto trato de favor hacia su bufete de abogados... y hasta el propio Garamendi, por abuso de poder y una eventual desviaci?n de fondos. Tambi?n denunci? casos de supuesto acoso laboral en el seno de la patronal.
Todas estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la AIPI, que el pasado mes de octubre concedi? a De Riva el estatus de "informante protegido". Ante esta Autoridad de reciente creaci?n ampli? sus denuncias al secretario general de la patronal, Jos? Alberto Gonz?lez-Ruiz; y a la presidenta de la Comisi?n de R?gimen Interno, Mar?a Ar?nzazu del Valle. Para ambos y para Garamendi pide multas de 300.000 euros e inhabilitaciones de dos a?os por presuntas infracciones muy graves de la Ley 2/2023 que regula la protecci?n al informante. Para Amor, De Miguel y otros miembros de la direcci?n reclama 100.000 euros y medidas cautelares.
?C?mo se est?n investigando los hechos? La AIPI tramita las denuncias de trabajadores que hayan conocido presuntas irregularidades en el ?mbito laboral. Su funci?n no es determinar la culpabilidad de los denunciados, sino comprobar si los hechos presentan indicios suficientes de verosimilitud para remitir el caso al ?rgano competente. El procedimiento comienza con un an?lisis preliminar de la denuncia y, si cumple los requisitos que fija la Ley 2/2023, se abre una investigaci?n. Durante esta fase, la Autoridad puede solicitar documentaci?n, realizar entrevistas o llevar a cabo otras actuaciones de verificaci?n. Si no aprecia indicios suficientes, el expediente se archiva. En caso contrario, lo remite a la Fiscal?a o a la autoridad judicial cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, o al ?rgano administrativo competente si aprecia posibles infracciones administrativas.
La ley fija un plazo de tres meses para tramitar y dar respuesta a las comunicaciones, aunque desde la Autoridad admiten que "los tiempos pueden verse afectados por la complejidad t?cnica o documental de algunos expedientes, especialmente cuando implican m?ltiples actores o requieren verificaciones externas". Adem?s de su labor investigadora, la AIPI tiene potestad sancionadora en determinados supuestos relacionados con el incumplimiento de la Ley 2/2023, como la ausencia de canales internos de denuncia, su gesti?n inadecuada o la adopci?n de represalias contra los informantes.
?Y todo esto, c?mo va a afectar a las elecciones de la CEOE? Est? por ver si la Autoridad decide llamar a declarar a Garamendi y su equipo directivo. Fuentes de la c?pula de la CEOE admiten que ese escenario no favorecer?a en absoluto la candidatura del empresario vasco. "Al rev?s, la manchar?a bastante", advierten. En todo caso, desde la AIPI se?alan que "los investigados pueden ser llamados a declarar, aunque esa decisi?n depende de las necesidades de cada expediente y se adopta respetando en todo momento sus derechos y la presunci?n de inocencia". Adem?s, reconocen que la Autoridad todav?a est? "en proceso de consolidaci?n y despliegue operativo" y "la dotaci?n presupuestaria y de medios a?n est? en fase de desarrollo, lo que puede influir en la capacidad de absorci?n de determinados vol?menes de trabajo".
Por el momento, Garamendi respira tranquilo. Seg?n informan a este medio fuentes de la c?pula de la patronal, durante la reuni?n que mantuvieron los ?rganos de gobierno esta semana qued? claro el apoyo un?nime al presidente y a la actuaci?n de la Comisi?n de R?gimen Interno, en base al cumplimiento de los procedimientos y del C?digo ?tico y de Buen Gobierno de la organizaci?n. Por otro lado, los afectados por estas investigaciones aseguran a EL MUNDO que, a d?a de hoy, no han recibido ning?n tipo de notificaci?n de la AIPI. Y p?blicamente, la candidatura de Garamendi ya cuenta con el respaldo de grandes organizaciones como Cepyme o la catalana Foment del Treball.
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