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La Junta de Castilla y León sancionará con hasta 200.000 euros de multa a todo aquel que moleste a los 200 urogallos que viven en el noroeste de la provincia de León durante su época de celo. La especie se encuentra en peligro crítico de extinción con una población que ha descendido más del 50% en los últimos 20 años.
Por ello, desde el pasado 1 de abril y hasta el 31 de mayo, se ha prohibido el acceso, tránsito y estancia de personas en horario nocturno —entre las 23:00 y las 9:00 horas— en varias áreas críticas situadas en los municipios leoneses de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes.
La decisión no es nueva. Se trata de una restricción que ya se ha aplicado en los últimos años y que busca proteger al urogallo cantábrico y evitarle molestias en un momento especialmente delicado: la época de celo.
Por qué se prohíbe el acceso nocturno
Durante estas semanas, los urogallos se concentran en los llamados cantaderos, lugares donde los machos realizan su característico canto de cortejo para atraer a las hembras. El sonido no tiene nada de melódico. Empieza con una especie de chasquidos, como si alguien golpeara dos palos. El ruido se acelera hasta que se convierte en un traqueteo rápido y, tras un ruido áspero y seco similar al de una botella descorchándose, acaba con una serie de silbidos breves y agudos.
El problema es que cualquier perturbación —ruidos, presencia humana o luces— puede provocar que las aves abandonen estos espacios. Si eso ocurre, la reproducción se ve gravemente afectada.
Por eso, la restricción se centra en las horas nocturnas y del amanecer, justo cuando los animales están más activos en este proceso.
Zonas afectadas y vigilancia
La limitación se aplica en montes de utilidad pública y espacios protegidos incluidos en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Alto Sil y Omañas, consideradas áreas críticas para la supervivencia del urogallo.
Además, la Junta ha desplegado un operativo de vigilancia con agentes medioambientales y patrullas especializadas, y ha instalado señalización informativa en los accesos.
El incumplimiento de estas restricciones puede salir caro. La normativa autonómica considera estas conductas como infracción grave, con sanciones que van desde los 5.001 hasta los 200.000 euros, dependiendo de la gravedad del daño causado.
No obstante, la medida no afecta a propietarios de terrenos, vecinos con derechos de uso, trabajadores autorizados ni servicios públicos, que podrán seguir accediendo con normalidad.
Desde la Junta insisten en que este tipo de limitaciones son fundamentales para evitar daños irreversibles en una especie que se encuentra en una situación límite. Reducir las molestias humanas en momentos críticos puede marcar la diferencia entre la supervivencia o la desaparición definitiva del urogallo cantábrico.
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