Malestar entre los jueces por la subida salarial que se autoconcedieron los vocales del Poder Judicial

No era el momento. Es el mensaje que lanzan las asociaciones judiciales tras conocerse que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado 24 de septiembre actualizar un suplemento por antigüedad que equipara a todos sus vocales con la carrera judicial y que les supone un aumento en nómina de hasta 839,23 euros mensuales. Fuentes del CGPJ aseguran que era una adecuación pendiente que el anterior Consejo no acometió. Sin embargo, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ―la segunda en número de afiliados― y el Foro Judicial Independiente (FJI) ―la minoritaria― reprochan que se haga justo cuando el CGPJ se niega a aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a la carrera judicial. Su incumplimiento en este ámbito le ha acarreado condenas de más de 300.000 euros en indemnizaciones.

El acuerdo, adelantado por la Cadena Ser, se adoptó en un Pleno celebrado el 24 de septiembre, fruto de una negociación entre los bloques progresista y conservador. Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, el punto de partida es un acuerdo anterior, de 25 de febrero de 1998, alcanzado por el CGPJ del momento que supuso la creación de un “complemento de antigüedad” a pagar en 12 mensualidades. El objetivo era compensar salarialmente a los vocales ―tanto judiciales (12) como no judiciales (8)― para que con este plus cobraran el equivalente a “cinco trienios de la carrera judicial”. La cuantía debía ser “la mínima” para “completar la diferencia” en “cada momento”.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado que se aprobó a finales de 2022 de cara al año siguiente formalizó de alguna manera este pacto interno al establecer en su artículo 22.2 que los miembros del CGPJ, aunque también los del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, recibirán, además de su salario, “las retribuciones fijadas en los acuerdos aprobados por el propio órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad”. En un paso más, permite a quienes “hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro”, “seguir perfeccionando los trienios reconocidos”.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican que el anterior CGPJ, que arrancó su andadura en 2013 y debió renovarse en 2018 pero no lo hizo hasta 2024, batiendo con ello un récord histórico, no actualizó ese complemento de antigüedad al no considerarlo oportuno debido a su situación de interinidad. Desde este CGPJ, que atravesó una primera fase de turbulencias por las duras negociaciones entre progresistas y conservadores para realizar los más de cien nombramientos discrecionales que sus predecesores dejaron sin hacer en la cúpula judicial —más los que correspondían por las nuevas vacantes—, sostienen que “no se ha podido adaptar hasta ahora”.

El acuerdo, publicado en la web del CGPJ pero que no se comunicó por nota de prensa en su día, establece “un complemento personal” por dos vías distintas. Para los vocales que no tengan la condición de funcionario, equivale a 15 años de antigüedad y asciende a 10.070,80 euros anuales repartidos en 12 pagas: esos 839,23 euros mensuales. Para los que sí tengan el estatus de empleado público y cobren “trienios o antigüedad cuya cuantía reconocida supere los cinco trienios correspondientes a la carrera judicial”, este plus suma a cada trienio reconocido 753,60 euros anuales en 12 pagas.

El Portal de Transparencia del CGPJ refleja que, en 2025, la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, cobraba 155.714,46 euros, más los trienios que le correspondieran conforme a su antigüedad en la carrera judicial. Y los 20 vocales, 134.295,80 euros, más los trienios oportunos en cada caso. Además, precisa que el importe de dicho complemento por antigüedad equiparable a cinco trienios de la carrera judicial era de 522,67 euros. En consecuencia, para los no funcionarios el acuerdo del pasado septiembre supone una subida de 316,56 euros mensuales.

Las fuentes internas señalan que el principal problema era el “agravio sufrido” por los vocales que “perdían dinero” porque como miembros del CGPJ cobraban menos que como magistrados del Tribunal Supremo y que ahora son los que más se benefician de la actualización salarial.

“Rechazo” en la carrera judicial

La portavoz de la AJFV, Marien Ortega, ha criticado que los vocales acuerden, “sin publicidad”, un aumento en la nómina mensual de hasta 800 euros al mismo tiempo que “recortan derechos de los jueces en prevención de riesgos laborales”. “El mensaje es claro: hay dinero para aumentar el salario de la cúpula pero no para proteger la salud de quienes sostienen cada día la Justicia que recibe el ciudadano. Eso es inaceptable”, ha dicho en declaraciones a EL PAÍS. Ortega advierte de que “esa falta de coherencia mina la confianza de la carrera judicial y de la ciudadanía”.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del FJI, Roberto García Ceniceros, que afirma que la noticia ha generado “rechazo” entre los miembros de la carrera judicial. En su opinión, “el problema no es tanto si los vocales cobran mucho o poco”, sino que “los jueces ven al CGPJ como algo que les es ajeno”. “El CGPJ es el órgano que debería garantizar nuestra independencia, pero entre la carrera judicial se ve más como un órgano politizado y dependiente de los partidos”, apunta. Y pone de ejemplo la política de nombramientos discrecionales, que cree que depende “más de sesgos y afinidades que de mérito y capacidad”. A eso añade que “en este momento la carrera está enfrentada al CGPJ” por su “sorprendente decisión” de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se aplique a los togados. “La sensación es que el CGPJ se quiere desentender en materia de seguridad y salud, justo cuando más problemas de este tipo se aprecian (bajas, jubilaciones anticipadas...)”, resume. Por eso, ve “normal” que la subida salarial “provoque oposición entre los jueces”. Las otras dos asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria, y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), han rehusado valorar el acuerdo.

Desde el CGPJ reivindican que no es un aumento de sueldo en puridad sino una actualización pendiente, así como que se ha ejecutado no solo para los “altos cargos” del órgano sino para sus más de 500 funcionarios, alcanzando a “más del 65% de la plantilla”. Las fuentes enfatizan asimismo que se han seguido criterios de “prudencia”, porque no afecta a otras partidas del presupuesto del Consejo, y de “austeridad”, porque tiene en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado llevan años prorrogados.

Pese a todo, lo cierto es que la medida no contó con un respaldo unánime. En ese Pleno del 24 de septiembre, dos vocales progresistas ―Esther Erice, propuesta por el PSOE; e Inés Herreros, designada por Sumar― y Perelló votaron en blanco. Las fuentes consultadas por EL PAÍS revelan que la presidenta del CGPJ expuso que no lo consideraba algo prioritario pero que tampoco quería oponerse al ser un acuerdo mayoritario, fraguado por los bloques progresista y conservador del Consejo, habitualmente enfrentados.