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La dirección nacional del Partido Popular ha tenido que dar un nuevo golpe en la mesa para defender su posición ante el aborto. El vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, ha desautorizado este miércoles al alcalde de Elche (Alicante, 245.000 habitantes), de su partido, tras un episodio vivido en el Ayuntamiento. El regidor Pablo Ruz y el resto de concejales de la formación popular apoyaron este lunes una moción in voce “para la defensa de la vida” impulsada por Vox —con quienes gobiernan en coalición en la ciudad alicantina— abiertamente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Una postura que la ejecutiva popular, que mantiene una doctrina palmaria, rechaza.
El Consistorio de Elche es uno de los más de 70 gobiernos locales donde PP y Vox siguen de la mano desde las elecciones municipales de 2023. “Se ha asumido una doctrina del descarte en la que son eliminados los que son imperfectos o los que son convertidos en un problema o los niños que no pueden defenderse”, afirmó la concejal de Vox Aurora Rodil, responsable de Familia y Mayores, sobre el aborto. Y manifestó su “absoluto rechazo a toda forma contra la vida del no nacido, contra el aborto provocado deliberadamente”. “Pedimos una gran alianza de las instituciones, de las fuerzas políticas, para que ninguna mujer se vea empujada al aborto por sentirse presionada, sola o sin recursos”, añadió la edil ultra. “Negar la naturaleza humana del embrión, del nasciturus, es absolutamente reprobable, tiene tanto derecho a su existencia como cualquiera de nosotros”, remachó.
En su turno de palabra durante el pleno, el alcalde centró sus críticas en la reforma constitucional que ha promovido el PSOE para blindar el aborto. Aunque también añadió. “Pido el respeto a los que digan ‘yo soy provida’... Reivindicar el derecho que tenemos todos a manifestar lo que consideremos en torno a algo tan fundamental como puede ser la vida”, expresó Ruz, que ensalzó el hecho de que su partido no sea “monolítico” a la hora de poder verbalizar sus puntos de vista respecto a cuestiones “morales” como la debatida. Después, sus concejales votaron a favor de la moción de Vox.
Dos días después del polémico pleno, Génova ha rechazado el movimiento de su alcalde. “Alberto Núñez Feijóo ha sido claro”, ha sentenciado este miércoles De los Santos en el programa Espejo Público de Antena 3. “Mientras que él sea presidente del Partido Popular, a ninguna mujer que quiera interrumpir libremente su embarazo se le va a poner ningún tipo de traba. Hay una ley de aborto en este país que además cuenta con la aquiescencia del Tribunal Constitucional. Es un tema que está absolutamente cerrado desde cualquier perspectiva”, ha remachado el miembro del comité de dirección.
Desde que fue investido líder del PP, hace ahora justo cuatro años, Feijóo siempre se ha mantenido fiel a su opinión favorable a la ley de plazos. Una norma que fue avalada en 2023 por el Tribunal Constitucional, más de una década después de que el PP interpusiera un recurso ante el órgano de garantías. El líder de los populares, que entonces llevaba un año en el cargo, saludó el fallo pese a haber sido impulsado por su formación, aunque reconoció las distintas “sensibilidades” dentro de su partido. “El aborto es una decisión de la mujer que se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación”, afirmó entonces el jefe de los populares. “No considero que el aborto sea un derecho fundamental porque no está recogido así en la convención de Derechos Humanos”, añadió para contentar a todos los sectores.
La sentencia debería haber ayudado a encauzar el debate interno en el PP. Pero las diferencias siguen ahí. Pues el aborto no se sometió a debate en la antesala del congreso nacional del pasado verano ni se introdujo tampoco luego en la ponencia ideológica que se aprobó en el cónclave popular. La discusión se dejó fuera para evitar remover las aguas. En todo caso, la postura del PP es la de Feijóo. Poco después de la cumbre de su formación, el líder del Partido Popular se vio obligado a marcar distancias con la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando en octubre pasado Isabel Díaz Ayuso se negó a crear el registro de objetores de conciencia preceptivo legalmente. Ante la resistencia de su baronesa, Feijóo emitió un comunicado en el que subrayó que, si llega al Gobierno en un futuro, garantizará los abortos “conforme a las leyes”. Esto implicaría entonces cumplir también con ese registro de objetores al que Ayuso se sigue negando hoy pese al primer revés judicial en contra.
En lo que no coinciden PP y Gobierno es en la reforma constitucional que pretende el PSOE para blindar el aborto a través del artículo 43 de la ley fundamental, fuera del título de los derechos fundamentales, anunciada al hilo de la negativa de Ayuso. Los populares acusan a los socialistas de querer un cambio “torticero”, porque al dejarlo fuera de ese apartado no es necesario una reforma cualificada que requiere de convocatoria de elecciones, entre otros requisitos. El Consejo de Estado avala la fórmula de los socialistas pero con cambios.
El PP considera además que el aborto está suficientemente protegido con la ley de plazos y la doctrina sentada por el Constitucional con su sentencia de 2013. “Ninguna mujer que quiera o sienta interrumpir su embarazo ni se la va a señalar ni se la va a perseguir”, ha subrayado el popular De los Santos.
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