EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
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Cinco días después de que este periódico publicara el sexto dosier sobre pederastia en el seno de la Iglesia Católica española, con más de 3.000 víctimas, los obispos se han pronunciado al respecto. Lo ha hecho Francisco César García Magán, secretario general de la CEE, preguntado por ello en la rueda de prensa posterior a la Asamblea plenaria. Este sexto informe recoge un total de 58 testimonios, de 48 hombres y de 10 mujeres, que acusan a 50 clérigos y laicos en España. Todos son hombres, salvo dos monjas. De ellos, 10 ya habían sido señalados con anterioridad. EL PAÍS ha contabilizado 3.084 víctimas desde 2018 y 1.613 acusados. “¿Cuántos casos conocen ustedes? ¿Se va a hacer una investigación al respecto?“, se le preguntó.
“Efectivamente, EL PAÍS ha entregado un sexto informe y, como es habitual, lo ha hecho al comienzo de una Asamblea Plenaria...”, ha empezado García Magán. En realidad, es la primera vez desde 2021, cuando se presentó el primer dosier, que la publicación del mismo ha coincidido con una plenaria de los obispos.
A continuación, García Magán ha añadido: “En total hay 816 testimonios y 615 victimarios”. En realidad, los datos de EL PAÍS contabilizan 657 victimarios, es decir, agresores. “Las oficinas para la protección de menores [creadas a partir de 2020 por congregaciones y diócesis] han recibido 1.131 testimonios sobre victimarios [93 en lo que va de 2026], que son en torno a 1.000. Somos conscientes de que las víctimas pueden presentar su caso allá donde quieran, en nuestras oficinas de menores se hace un trabajo profesional”. En la contabilidad que la Iglesia empezó con su informe Para dar Luz, se informaba de 1.057 casos, de los que solo 155 eran probados.
“Hemos pasado el correspondiente dosier, como hemos hecho con todos los anteriores, a las instituciones eclesiales correspondientes”, ha dicho García Magán. Y la prensa le ha insistido si van a hacer alguna investigación. “Hemos remitido el dosier a las instituciones eclesiales, como ya le he dicho antes”, se ha limitado a decir. Sin embargo, en algunas ocasiones, las órdenes o diócesis son informadas y contactadas con las víctimas para, dado el caso, indemnizarlas. En otras, no saben nada de los casos.
Así ocurre en uno de los casos más graves que salen a la luz del colegio de sordos de La Purísima, en Madrid, de las Franciscanas de la Inmaculada, abierto en 1967 y donde las víctimas son niños vulnerables. Este diario ya recabó en 2021, en su primer informe, un testimonio de un exalumno contra un sacerdote del centro, A. Y. V., y ahora surge una nueva acusación. Celia Tena, superiora general de las Franciscanas de la Inmaculada, preguntada por EL PAÍS sobre el caso, incluido ya en el primer dosier de 2021, asegura que entonces a la orden no le fue remitido nada: “No nos ha llegado ninguna notificación”.
Cuando EL PAÍS empezó la investigación sobre pederastia en la Iglesia, hace casi ocho años, solo había 34 casos oficialmente conocidos. Sin embargo, ahora las víctimas llegan a 3.084, tras sumar las que salen a la luz con el último informe de este diario, el sexto desde 2021, que contiene una recopilación de testimonios recabados en los últimos dos años. El número de clérigos y laicos acusados se eleva a 1.613. Supone el 1,46% de los 110.000 curas y religiosos que ha habido en España desde 1940, según las estadísticas de la Iglesia.
El sexto dosier de este tipo que elabora este periódico, al igual que los anteriores, ha sido entregado al Vaticano, a la propia Conferencia Episcopal Española (CEE) y al Defensor del Pueblo, para que investiguen las acusaciones. Además de los cientos de casos publicados, EL PAÍS ha recogido en estos informes 841 testimonios en 1.800 páginas.
No obstante, en cinco años, la Iglesia no ha respondido sobre ellos ni sobre los numerosos casos sospechosos de encubrimiento de obispos y superiores religiosos. En 2023, la Iglesia elaboró su propio informe de casos, el mencionado Para dar luz. Este periódico destapó un año después que la CEE ignoró en su recuento y contabilidad más de 300 casos admitidos por los obispados y las congregaciones. En febrero de 2025, García Magán anunció que ese documento —que publicó con la promesa de renovarlo anualmente “para ofrecer esta información a los miembros de la Iglesia y a la sociedad”— dejará de ser actualizado y su contenido pasará a ser difundido solo internamente para los altos cargos de la Iglesia.
Luis Argüello, presidente de la CEE, anunció este lunes en el discurso de inauguración de la asamblea plenaria que se sometería a discusión y posible aprobación “un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer”. Para que una norma legal se adopte dentro de un territorio, sin embargo, es necesario que sea la Santa Sede la que lo ordene. Ya fue así en 2022 cuando desde la CEE se pidió un decreto sobre cómo tratar los abusos sexuales. La Santa Sede pidió que se esperara a que estuviera lista la nueva normativa del Papa Francisco.
Este viernes, preguntado por el decreto, García Magán dijo que no era para nada específico sobre abusos sexuales. “Se ha aprobado un decreto general, no se circunscribe a los abusos”, ha dicho. Cuando le han insistido en que fue el propio Argüello el que lo anunció en el discurso del lunes, contestó: “Ha habido un error de comunicación o comprensión... Es un texto que hemos aprobado y que hemos enviado a la Santa Sede [la que lo tiene que aprobar y hacer efectivo] con nuevas sanciones, pero de todo tipo de delitos y no solo para clérigos, sino también para fieles laicos. Se ha recuperado el concepto de multa”.

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