En España hay actualmente 76.595 personas que ya han cumplido la edad a la que se pueden jubilar pero siguen trabajando y cobrando pensión a la vez, a través de las fórmulas legales que actualmente permiten esta situación: fundamentalmente la jubilación activa y la flexible. Este colectivo ha registrado un fuerte aumento del 9,4% en 2025, impulsado por los nuevos requisitos de la jubilación activa vigentes desde abril pasado. Solo durante los ocho primeros meses de las nuevas condiciones de esta modalidad de retiro, las casi 11.000 personas que se han acogido a esta jubilación ya suponen el 15% del total de quienes compatibilizan ambas rentas, según los últimos datos correspondientes a este mes de enero facilitados a EL PAÍS por la Seguridad Social. De esta forma, el número de jubilados activos suma varios años creciendo muy por encima de lo que aumenta el número total de pensiones, que ha subido alrededor del 1,5% anual los dos últimos ejercicios.
En general la posibilidad desde abril de combinar la jubilación activa (aquella que se produce al menos un año después de cumplir la edad de retiro y en la que se puede trabajar y, a la vez, cobrar la pensión de manera creciente) y las ayudas de la demorada, así como los anuncios de reforma del retiro flexible, están impulsando estas modalidades.
Los cambios operados en la jubilación activa durante la última fase de la reforma de pensiones, aunque han endurecido algunas de sus condiciones de acceso, sobre todo a los autónomos, han eliminado otros requisitos —como la exigencia de tener una carrera completa de cotización (haber cotizado lo suficiente para cobrar el 100% de la base reguladora en el momento de cumplir la edad de jubilación)— y han permitido otros, como la compatibilidad con el cobro de los incentivos de la jubilación demorada (aquella que se produce más allá de la edad de jubilación), que han abierto la puerta a que muchas más personas engrosen este colectivo.
El caso de Alberto Infante, médico y experto en salud pública, ilustra bien las tensiones del modelo actual. Jubilado, mantiene actividades profesionales por cuenta propia, como la publicación de libros o colaboraciones en medios de comunicación, pero subraya las limitaciones que impone la actual normativa. “Un médico cuesta muchos años formarlo y llega a la jubilación con una experiencia acumulada enorme”, explica. En un momento de escasez de profesionales sanitarios, Infante considera un contrasentido que no exista la posibilidad de seguir vinculado a los hospitales, ni siquiera de forma parcial: “Si yo quisiera prestar servicios, incluso a jornada completa, al hospital le vendría muy bien y a mí también, pero eso no lo veo viable actualmente porque tendría que renunciar a una parte de mi pensión y no me compensa”. A su juicio, la clave es flexibilizar el actual sistema, que fue diseñado para una esperanza de vida que apenas superaba los 70 años y que hoy choca con trayectorias vitales mucho más largas.
Los médicos cuentan actualmente con un régimen propio de jubilación activa, distinta a la del resto de trabajadores, que permite a determinados facultativos y profesionales sanitarios mantener hasta el 75% de su pensión de jubilación mientras continúan trabajando.
La antropóloga Charo Otegui, profesora de la Universidad Complutense, se enfrenta a una situación similar a la de Infante. Los docentes pueden prolongar su actividad hasta los 70 años y en algunos casos, acceder a la figura de profesor emérito, una fórmula que permite compatibilizar la pensión con una retribución limitada de 400 euros y una carga docente reducida. Pero más allá de esta fórmula, a ella le gustaría seguir desempeñando la docencia por tiempo indefinido, “hasta que sus capacidades intelectuales y académicas así lo permitieran”.
Otros cambios desde abril pasado
En cualquier caso, los cambios operados en abril pasado que no han impedido que los jubilados activos sigan creciendo. Además de las modificaciones citadas, el resto consiste en un ligero recorte del porcentaje de pensión que se cobra durante el primer año (pasa del 50% al 45% en los asalariados), pero, posteriormente se da la opción a estos trabajadores de que lleguen a cobrar el 100% de la pensión, además del sueldo, al cabo de cinco años de actividad. Esto no ocurría con la anterior legislación, que solo permitía compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión a los trabajadores por cuenta ajena.
En el caso de los autónomos, las nuevas reglas de la jubilación activa también se han endurecido algo respecto a las anteriores, ya que en lugar de poder cobrar el 100% de la pensión y el salario, con solo tener un empleado asalariado, desde abril solo pueden cobrar el 75% de la pensión, siempre que acrediten tener un empleado fijo con 18 meses de antigüedad o deben contratar un nuevo trabajador indefinido que no haya trabajado para él en los dos años anteriores a la jubilación activa. Este porcentaje, para los autónomos también aumenta cinco puntos por cada 12 meses de actividad laboral ininterrumpida más que hagan, hasta el 100%.
Las nuevas condiciones podrían modificar algo el perfil de trabajadores que optan a la jubilación activa. Estos son fundamentalmente hombres autónomos que llegan a la jubilación con ingresos bajos y poco tiempo cotizado, o trabajadores por cuenta propia muy vinculados a un negocio sin renovación generacional. También optan por esta modalidad profesionales asalariados a los que se les ofrece seguir vinculados a su empresa tras la jubilación pero como autónomos. Ahora, la posibilidad de que los jubilados demorados compatibilicen su situación con la jubilación activa hace que muchas mujeres que seguían trabajando tras cumplir la edad de jubilación por tener pocos años cotizados, se incorporen a la esta última modalidad.
Más allá de las cifras, el aumento de personas que compatibilizan salario y pensión conecta con la transformación que está viviendo el país en términos demográficos y el mercado de trabajo. La mejora sostenida de la esperanza de vida y del estado de salud ha ampliado notablemente los años en los que una parte de la población puede seguir activa, incluso después de haber alcanzado la edad legal de retiro. Al respecto, el Instituto Santalucía apunta a una “capacidad laboral latente” entre los mayores de 55 y 69 años que no está siendo aprovechada. Según sus estimaciones, hoy los trabajadores en España cuentan con alrededor de ocho años adicionales de capacidad potencial para trabajar respecto a finales de los años setenta, aunque la tasa de empleo sigue desplomándose a partir de determinadas edades. Esto, sumado a la paulatina inversión de la pirámide poblacional, le hace concluir al equipo de estudios de la aseguradora que “en lugar de restringir el empleo de los mayores bajo el argumento de facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral, resultaría más adecuado promover entornos laborales que favorezcan su continuidad”.
Esa voluntad de seguir vinculados al empleo también aparece reflejada en el VI Barómetro del Consumidor Sénior, elaborado por la Fundación Mapfre. Según la encuesta, un 30% de las personas mayores de 55 años estaría dispuesta a compatibilizar pensión y salario, llegada su edad de jubilación. Entre quienes se muestran favorables a esta fórmula, un tercio optaría por prolongar su actividad durante tres o cuatro años tras la jubilación, con esquemas graduales, como el actual de la jubilación activa, en los que la parte de la pensión que se compatibiliza con el salario va aumentando con el tiempo. El sondeo dibuja un escenario de preferencias muy diverso, pero con la idea común de que la jubilación ya no se concibe necesariamente como un corte brusco con el mercado laboral.
Este cambio de mentalidad coincide con una negociación aún abierta para reformar la regulación de la jubilación flexible (la de aquellos trabajadores que después de llevar un tiempo jubilados deciden volver a trabajar de manera parcial y compatibilizar proporcionalmente salario y pensión). La reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2024 emplazó al Gobierno a presentar una modificación del real decreto que regula esta modalidad, por la que un trabajador ya jubilado puede volver a trabajar a tiempo parcial y compatibilizar el salario con una parte de la pensión. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia introducir ajustes que amplíen su alcance, como una mayor flexibilidad en los porcentajes de jornada —que podrían situarse entre el 40% y el 80%— y una mejora de la pensión para determinados colectivos, como los jubilados anticipados forzosos que regresen al mercado laboral. Algunas de las propuestas contemplan también incentivos adicionales cuando la jornada parcial supere determinados umbrales, aunque los cambios siguen en discusión dentro del diálogo social con empresarios y sindicatos y aún no se han concretado.
Según las últimas cifras facilitadas por la Seguridad Social, hay actualmente 3.583 jubilados por la modalidad flexible. Aunque es el tipo de retiro menos común, el pasado año creció aún más que la activa, al registrar un avance del 13,5% anual. Fuentes de la administración atribuyen este mayor aumento al hecho de que se ha hecho publicidad a este tipo de retiro debido a que el Gobierno y los interlocutores sociales han negociado su reforma durante 2025. A pesar de que la mesa que aborda esta cuestión no se reúne desde noviembre, las fuentes consultadas aseguran que los próximos cambios en su regulación no se harán esperar mucho más.
Además, en medio de este escenario, el PSOE ha planteado también una prolongación legal de la vida laboral de los empleados públicos hasta los 72 años. No obstante, aunque dicha propuesta ha quedado recogida en una de las enmiendas presentadas a la Ley de Función Pública, la tramitación de esta norma permanece atascada en el Congreso de los Diputados desde hace meses.

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