Los comunes ven margen para negociar con Junts el decreto sobre el alquiler

La coordinadora nacional de los comunes, Candela López, ha afirmado este lunes que ve margen para lograr el aval de Junts al decreto de prórroga de los alquileres, que se votará después de Semana Santa, a pesar de que la formación de Carles Puigdemont y Jordi Turull ya dejó claro que lo tumbaría hace unos días. 

El Gobierno llevó a votación la semana pasada el otro decreto que aprobó en paralelo, con rebajas fiscales para los carburantes y la energía, entre otras medidas, y ha dejado para más adelante el que propugna Sumar, que carece desde un primer momento de apoyos parlamentarios.

López ha defendido que “se intensificarán las negociaciones” con JxCat cuando se haya fijado el día de la votación. Pero los de Puigdemont se oponen a un redactado que prevé la prórroga de los contratos de alquiler hasta diciembre del 2027 y topa el incremento de las mensualidades a un máximo del 2%, aunque el IPC sea más alto.

Los posconvergentes dieron su apoyo al primer decreto anticrisis y unas de las condiciones que pusieron sobre la mesa fue dejar al margen las medidas de vivienda que impulsa Sumar. Habían hecho advertencias al respecto tanto en público como en privado. Nada hace presagiar que vayan a cambiar ahora de posición y este lunes la presidenta de su grupo en el Parlament, Mònica Sales, ha evitado replicar a las palabras de López.

Sea como fuere, los comunes creen que la aprobación de este decreto es “imprescindible” y López ha recordado que medidas similares ya se aplicaron durante la pandemia o la guerra en Ucrania por el temor a la escalada de precios, lo que también sucede ahora, dado que el Banco de España alerta de que la inflación puede situarse en el 6%, ha indicado la también diputada del Congreso. “No es una medida novedosa”, ha insistido, sin concretar si Comuns y Junts están ya hablando sobre la cuestión. Se ha escudado en que “la finalidad es mantener las negociaciones en la discreción”.

De todos modos, en JxCat ya remarcaron tras conocer el contenido del decreto que la prórroga durante la pandemia era de seis meses y ahora se ha optado por una de casi dos años. Por ello, tachan esta medida de “electoralista” y “desproporcionada”.