Peinado comunica al abogado de Begoña Gómez que quiere que la juzgue un jurado popular

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El juez Juan Carlos Peinado ha notificado esta mañana al abogado de Begoña Gómez que quiere que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular. El magistrado investiga a la mujer de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida.

Peinado había citado a Gómez a una larga vista que se ha celebrado este mediodía en los juzgados de la plaza Castilla de Madrid. Gómez, que está de vacaciones de Semana Santa junto a su marido, no ha acudido al encuentro. La ley le ampara pues no comparecer en este tipo de trámites no influye en el devenir del procedimiento. Por lo que el magistrado se ha limitado a informar de la situación del proceso a sus abogados.

En un auto dictado el pasado 20 de marzo, Peinado acordó “incoar” un procedimiento ante un jurado popular contra Gómez. El magistrado señaló que, según la ley, el delito de malversación es susceptible de ser enjuiciado con esta fórmula. Eso arrastraría al resto de los presuntos delitos por los que se investiga a Gómez y situaría a la esposa del presidente ante un jurado formado por nueve ciudadanos de a pie. En ese mismo auto, el juez corregía algunas de sus resoluciones anteriores de acuerdo con las recomendaciones de la Audiencia Provincial de Madrid, que le ordenó modificar autos precedentes.

En ese mismo auto, el magistrado detalla los hechos por los que cree que Gómez debe sentarse ante un jurado popular. A su juicio, Gómez se aprovechó presuntamente de “su posición como esposa del presidente del Gobierno” para impulsar su carrera profesional a través de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según la instrucción, el proceso de creación de dicha cátedra fue “anómalo”, iniciándose tras una reunión en julio del año 2020 en el Palacio de la Moncloa entre Gómez y el Rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien posteriormente habría ordenado de forma directa y acelerada la constitución de la estructura académica específicamente para ella.

Además, la investigación de Peinado hace hincapié en la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien mantuvo “múltiples reuniones” en Moncloa con la esposa de Sánchez y, en ocasiones, según el auto, en presencia del propio presidente. Además, el juez sostiene que Barrabés colaboró en el diseño académico de la cátedra y Gómez firmó cartas para recomendar su empresa, Innova Next S.L.U., en licitaciones de la entidad pública Red.es

De acuerdo con las investigaciones, se le habría adjudicado contratos por importes superiores a los 10 millones de euros, detectándose posteriormente “irregularidades en la tramitación y opacidad en los criterios de valoración” que habrían beneficiado a la UTE vinculada a Barrabés.

Además, Peinado también ha examinado la presunta participación en los hechos de María Cristina Álvarez, que tenía un cargo en Moncloa en calidad de personal eventual y amistad con Gómez, quien presuntamente trabajó como asistente logística y operativa permanente de las actividades privadas y académicas de Gómez. Según se desprende de la investigación, Álvarez, que cobraba un sueldo público, “intervino activamente en la captación de fondos privados, la gestión de convenios con grandes empresas como Google o Telefónica y el seguimiento técnico del desarrollo de un software, funciones que excedían sus competencias institucionales”.

El juez también ha investigado el destino de una plataforma digital o software concebido y financiado bajo el paraguas de la UCM, que habría sido objeto de una presunta apropiación indebida. Según el auto, paralelamente a un intento fallido de registro institucional en la universidad, Gómez habría registrado marcas a su nombre, dado de alta un dominio web privado (transformatsc.org) y constituido la sociedad mercantil Transforma TSC, S.L., de la que es socia única, “alojando el activo tecnológico en su esfera privada sin conocimiento de la UCM ni de las empresas colaboradoras”.

En la vista de esta mañana, el juez ha escuchado a las partes. Los letrados de Gómez, Barrabés y Álvarez ya han recurrido el auto de Peinado. Y el Ministerio Fiscal y las defensas han pedido de nuevo el archivo de la causa. La Audiencia Provincial de Madrid tiene ahora la palabra para decidir sobre el devenir judicial de la esposa del presidente del Gobierno.

Para el letrado de Gómez, Antonio Camacho, que solicitó el archivo de las actuaciones, la causa se está convirtiendo en “una auténtica pesadilla”. En su opinión, el magistrado está “endosando delitos a Gómez sin un solo indicio” y haciendo algo que “no es justicia”.

En cambio, las acusaciones solicitaron nuevas pruebas. Hazte Oír, en representación de todas las acusaciones, pidió que se reclame a Moncloa el salario completo de Cristina Álvarez y demandó también la vida laboral de Gómez. Por su parte, Marta Castro, que representa a la acusación de Vox, aseguró que hay indicios suficientes para investigar si Gómez cometió un delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez como su asesora.

El juez está pendiente aún de la entrega de varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las gestiones realizadas por Álvarez en relación con la actividad privada de Begoña Gómez.