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Ya todo el mundo sabe que Leire Díez no era una mera “militante” del PSOE. Cuando en septiembre del 2024, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la definió así ante noticias de prensa que hablaban de ella como la “fontanera” del partido, no se atisbaba lo que realmente había detrás de esta vizcaína de 50 años. En aquel entonces, la mano derecha de Pedro Sánchez dijo no saber dónde trabajaba y negó cualquier relación con la dirección federal. Cerdán no podía decir otra cosa porque la realidad, o por lo menos lo que se desprende de las investigaciones judiciales, es que Díez era su mano derecha “criminal”, quien estaba a sus órdenes.
Tenía dos funciones principales, moverse entre cargos públicos para lograr beneficios a ciertas empresas –las cuales pagarían convenientemente a la trama a través de sus sociedades– y buscar protección para evitar que les pillasen. Durante cuatro años todo funcionó bien pero no calcularon que la detención de Koldo García en febrero del 2024, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, les haría caer como fichas de dominó.
Por García se descubrió al empresario navarro Antxon Alonso, y de éste se pasó a Cerdán, por ser socios encubiertos. Sus dispositivos telefónicos destaparon a Díez y de ahí al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Tan solo unos meses de investigación han sido suficientes para detectar todos los altos cargos que han colaborado de alguna u otra manera con la trama en las dos vertientes, en la de corrupción y en la de la fontanería.
El Gobierno dejó caer a los primeros, les dio de lado cuando se conocieron los escándalos, pero desde que se imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en otro asunto, Pedro Sánchez ha optado por mantener a todos en sus cargos, sin fisuras. Los investigados que dimiten lo hacen por voluntad propia. Mientras, tanto, la Fiscalía Anticorrupción ya sostiene que el Partido Socialista financió parte de la actividad de la” “organización criminal”, concretamente aquella en la que se pretendía proteger al partido y a las personas del entorno del presidente del Gobierno de causas judiciales aunque fuese atacando directamente a los investigadores. Han sido descubiertos y ahora las fichas del dominó no tienen vuelta atrás.
¿Hasta dónde llegaron los tentáculos de Leire Díez? Ya se encuentran investigados dos presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), media docena de altos cargos de este organismo público, directivos de empresas públicas como Mercasa o Enusa, donde ella misma trabajó, la máxima responsable de la Guardia Civil, su segundo, y la gerencia del PSOE. Todo esto en cinco años. Y todo indica que no se va a quedar ahí. La investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya apunta a otras instituciones públicas donde la “organización criminal” –tal y como la define la Fiscalía Anticorrupción– dirigida por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y la propia Díez pudo acabar infiltrándose o por lo menos lo intentó: la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil, la Subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia o el director del Banco de España.
Para entender esta compleja trama hay que diferenciar la existencia de dos ramas. La primera es la que se creó para el lucro económico personal de los miembros originarios de la trama, es decir Cerdán, Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. Este último ofrecía sus empresas, entre ellas Servinabar, para cobrar por los trabajos que hacían para que empresas públicas favorecieran a privadas. Un ejemplo, es la labor que se hizo a favor de Tubos Reunidos para que la SEPI le concediera un rescate de 112 millones.
La segunda rama es la conocida como la fontanería del PSOE Según los investigadores, la organización primero buscó una manera de protegerse de causas judiciales, que principalmente consistía en atacar a las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía y la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la Fiscalía Anticorrupción y al propio sistema judicial para debilitarlo. De ahí vino una parte del concepto de “UCO patriótica” o “lawfare”. Utilizaron a una periodista, ya fallecida, para ello a través de una web creada para este propósito, y con la ayuda de un empresario, Javier Pérez Dolset, que le interesaba generar este tipo de contenido al estar inmerso en un proceso judicial. “Corrupción en Anticorrupción”, fue uno de muchos titulares que se pudieron leer entonces. En esta rama, la organización dio un paso más cuando ofreció al PSOE, de la mano de Cerdán, utilizar sus mismas estrategias para destruir procesos judiciales que afectasen al partido o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entraron en acción con la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y los cinco días de reflexión del líder del Ejecutivo en abril del 2024. En ambas ramas arrastraron a cargos públicos que por interés o presión política accedieron a las peticiones de la organización.
Beatriz Gualda, presidenta de la SEPI
Sucesora de Vicente Fernández al frente del organismo público, fue designada para el cargo en marzo del 2021, saltando de la presidencia de Navantia. Sus vínculos con el PSOE vienen de atrás. Entre 2008 y 2019 ocupó altos cargos en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Medio Ambiente y Fomento y Vivienda. Esta misma semana, el juez Santiago Pedraz la imputaba junto a otras 24 personas por las influencias ejercidas a instancias de la trama. A pesar de que tendrá que desfilar ante el instructor, ha decidido no dimitir de su cargo ni nadie se lo ha reclamado. Según se desprende de la causa, fue puesta en el cargo dos años después de que Fernández tuviera que dimitir salpicado por un caso de corrupción. Sin embargo, la sospecha es que este siguió ejerciendo como presidente en la sombra. Cuando Gualda llegó a la presidencia, se encontró ya el proceso de rescate para Tubos Reunidos en marcha.
La investigación apunta a la existencia de una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Gualda, “con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del fondo FASEE” a favor de Tubos Reunidos. De la investigación se desprende que, por toda esta ayuda, la trama habría recibido cerca de 250.000 euros.
Otros seis directivos, los otros tentáculos de la SEPI
Junto a Gualda, el magistrado ha imputado a otros seis altos cargos de la SEPI por su participación en posibles amaños de contratos, entre ellos su director corporativo, Miguel Ángel Santiago Mesa. La trama organizó una reunión entre él y el presidente de Tubos Reunidos, en la que recibió información después trasladada a los encargados de la tramitación del rescate. Otro imputado es Julián Mateos Aparicio Prieto, director del Fasee (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) de la SEPI desde agosto del 2021. Era el responsable del seguimiento del expediente de Tubos Reunidos. Vicente Fernández, que había firmado un contrato con esta empresa, facilitó una reunión entre directivos de esta con Aparicio, “con el objetivo de conseguir que se modificaran las condiciones financieras del préstamo, a cambio de obtener una retribución económica”.
Junto a ellos, Rosario Martín Manzanedo, Charo, exdirectora de Participadas II de la SEPI desde 2019, unidad en la que se engloban las áreas Aeroespacial y de Defensa. Puesto vinculado a la evaluación de proyectos. Hay mensajes de la trama con ella para conocer el estado de la tramitación del rescate.
Miguel Ángel Figueroa Teva dirigía el área de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI entre 2018 hasta agosto de 2021. En enero de 2025 fue designado interventor general de la Junta de Andalucía del Partido Popular, cargo del que dimitió el pasado 12 de junio. Éste mantenía contacto con Fernández y le llegó a escribir que “BG” (Belén Gualda) tenía la intención de “sacar” adelante el rescate.
Cierran este capítulo de imputados María de la Concepción Ortiz Fuerte, directora de Asuntos Jurídicos y secretaria general y del Consejo de la SEPI bajo la presidencia de Vicente Fernández y actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), y Fernando Albert Aragón, secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial). Según el juez, este último habría realizado gestiones a favor de la empresa Erri Berri.
De Fernández a Díez, la cúpula de la trama
Para entender las ramificaciones hay que primero conocer el origen de la trama. El navarro Santos Cerdán aterrizó en Madrid de la mano de Pedro Sánchez en el 2017. Conoció a Vicente Fernández cuando llegó a la SEPI a través de María Jesús Montero y a Leire Díez siendo directora de Comunicación de Enusa. Con la salida de ambos de sus cargos públicos, y una vez desplegados todos sus contactos, decidieron, según la investigación, iniciar una organización en el 2021 para aprovechar sus relaciones en beneficio propio. Para ello contaron con Antxon Alonso, que disponía de empresas a través de las cuales poder facturar. “Hirurok” (Nosotros tres) se llamó el grupo que montaron por la aplicación Threema. Para esas fechas Cerdán había logrado posicionarse como hombre de confianza del presidente y manejaría al resto desde fuera del grupo. Las fechas del inicio de esta organización coinciden con el fin de otra que el propio Cerdán también habría montado junto a Koldo García, hombre de su confianza, y el entonces ministro José Luis Ábalos. El cese de este último precipitó los acontecimientos y el final de sus tentáculos en Transportes.
Berlanga y Arévalo, expresidente y directora corporativa de Enusa
José Vicente Berlanga fue presidente del Consejo de Administración de Enusa –empresa pública que gestiona el suministro de uranio– entre 2018 y 2021, es decir durante la época que Díez era directora de comunicación. Con la salida de ambos ocupó el puesto de presidente Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE hasta el 2021, quien tuvo que declarar como testigo en el Tribunal Supremo por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo García desde la formación. Su sucesora, Ana María Fuentes, precisamente está imputada por la segunda rama de la fontanería. La otra persona de Enusa investigada es Rosario Arévalo Sánchez, directora corporativa. Fue consejera de Medio Ambiente en el Gobierno de Castilla-La Mancha entre 2003 y 2005 y actualmente es la mano derecha de Moreno. Se les investiga por su participación en la contratación de la mercantil SDP Carrillo y Montes por parte de Enusa, favorecida, indiciariamente, por la actuación de la trama. La finalidad era obtener un beneficio económico y, al mismo tiempo, favorecer los intereses de Acciona que buscaba adquirir participaciones de la empresa pública.
Sempere y Castillo, directivos de Mercasa
José Ramón Sempere fue presidente del Consejo de Administración de Mercasa hasta el 2024 y actualmente es el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Está investigado junto a María Teresa Castillo, exdirectora de Desarrollo Corporativo hasta mayo del 2025 y ahora ocupaba un puesto similar en Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), del que ha dimitido esta semana. Con sus contactos, la trama hizo gestiones para que esta empresa pública contratara a Servinabar, de Antxon Alonso.
Fuentes y Zarrías, las gestiones del PSOE
De la segunda rama, se encuentra en condición de investigada la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, socialista malagueña, por permitir pagos a Díez y a dos abogados vinculados a actividades para destruir procesos judiciales que afectasen al partido. La Fiscalía Anticorrupción ya ha dicho que hay sospechas de que el PSOE financió las actividades de esta “organización criminal”. Otro histórico socialista andaluz, Gaspar Zarrías, también esta investigado por hacer pagos a Díez y darle información sobre agentes de la UCO que llevaron a cabo la investigación por el caso de los ERE, en el que estaba implicado.
Mercedes González, directora de la Guardia Civil
El cargo político más alto al que ha salpicado la trama lo ocupa Mercedes González, al frente de la Guardia Civil desde septiembre del 2023, a donde volvió tras entregar su acta como diputada del PSOE. Sobre la fiel escudera de Pedro Sánchez –con una amistad que viene de la federación socialista madrileña– pende la sospecha de que “instrumentalizó” las aperturas de investigaciones internas a agentes de la UCO por supuestas filtraciones, cuando realmente sería un “mecanismo de presión” para crear un clima de intimidación, que les llevase a levantar el pie del acelerador en los casos que orbitaban sobre el Gobierno.
La unidad contra la corrupción pone en el foco tres informaciones reservadas que González habría instigado, a raíz de sus contactos con Leire Díez. Una tesis que rechaza por completo la directora del instituto armado: la primera se abrió tras filtrarse información personal de la familia de Sánchez, que estaba en unos correos electrónicos que manejaban los agentes que investigaban al hermano del presidente; la segunda tras publicarse en prensa unos mensajes entre el líder del Ejecutivo y su exmano derecha José Luis Ábalos; la tercera después de una portada en El Mundo en la que se tachaba al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, de “peón” de Marlaska.
Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil
Precisamente Manuel Llamas tuvo que presenciar cómo sus subordinados irrumpían en su despacho de DAO para recabar de su propio ordenador la documentación relativa a las tres investigaciones internas que supuestamente ordenó para amedrentar a agentes de la UCO. Un shock del que, según su entorno, aún no se ha recuperado. Su imputación impacta de lleno sobre una hoja de servicios que se empezó a ver manchada cuando en uno de los atestados de la UCO, conocido a principios de junio, se recogía una reunión, del 16 de julio del 2024, en la que Llamas habría trasladado a oficiales de la unidad contra la corrupción que no fuesen “proactivos” en los procedimientos judiciales con tintes políticos, llegando a deslizar, según han testificado uniformados, que se “pusieran de perfil”. El jefe de la Jefatura de Información declaró que “entendió” que el DAO habría informado a Mercedes González en una reunión de las maniobras de Leire Díez, pero se desconoce si la directora le contó que había mantenido encuentros con ella. Un extremo que deberá determinar la investigación. Al día siguiente se celebró otra reunión con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que según los fiscales “no se hizo constatar” que González se había reunido con Díez.
Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos
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