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La aprobación este lunes de la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista en el Knéset israelí ha despertado condena en la comunidad internacional.
La ley, que obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la condena a muerte a los palestinos residentes en Cisjordania, pero les permite aplicar la cadena perpetua a los ciudadanos israelíes, ha sido calificada por Naciones Unidas como una violación del derecho internacional humanitario.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a Israel a derogar la legislación, alegando que “suscita graves preocupaciones sobre violaciones del debido proceso” y “es profundamente discriminatoria”. Asimismo, Tusk ha afirmado que la ley es incompatible con las obligaciones legales de Israel, citando la falta de posibilidad de indulto y la orden de que las ejecuciones se lleven a cabo en un plazo de 90 días.
El alto comisionado ha asegurado que su aplicación a los residentes de la Cisjordania ocupada “constituiría un crimen de guerra”, y asegura que es claramente incompatible con el derecho a la vida, por lo que “debe ser derrogada con prontitud”.
La condena internacional por la aprobación de la ley israelí
Desde su aprobación el pasado lunes, son varios los países de la comunidad internacional que han mostrado desacuerdo con la nueva ley israelí. La Unión Europea expresó su preocupación por la nueva ley, remarcando su “carácter discriminatorio” y calificándola como “un claro paso atrás”. En paralelo, Francia, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, también criticada por el Vaticano y el Consejo de Europa.
El presidente de España, Pedro Sánchez, calificó la aprobación de la ley como “un paso más hacia el apartheid” y aseguró que “el mundo no puede callar”. De la misma forma, el portavoz del Gobierno alemán recordó que el rechazo a la pena de muerte es un principio fundamental de la política alemana y aseguró que el Ejecutivo observa “con gran preocupación” la ley aprobada.
La máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, a quien se le denegó el acceso a la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén, afirmó que la ley cambia “la idea de Estado que existe en Israel”.
Diversas asociaciones israelíes por los derechos humanos recurrieron la ley ante el Tribunal Supremo al considerar que constituye una “ejecución con base explícitamente racista” y vulnera el derecho a la vida. La presidencia palestina calificó la ley como un “crimen de guerra” y una violación del derecho internacional humanitario.
Estados Unidos, por su parte, defendió el derecho de Israel de imponer la pena de muerte a los palestinos de Cisjordania ocupada que considere que son terroristas. “Estados Unidos respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo”, aseguró un portavoz del Gobierno de Donald Trump.
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