La Fiscalía sostiene que el tío Toni era un “depredador sexual sin escrúpulos” que se valió de la ayuda de un “grupo de mujeres”

En su informe final, que ha desgranado durante casi tres horas de relato ininterrumpido, el fiscal del juicio contra la secta sexual de La Chaparra, que acoge desde hace mes y medio la Audiencia Provincial de Castellón, ha sido tajante: “Antonio Garrigós (el líder, conocido como el tío Toni) era un depredador sexual sin escrúpulos” que no habría podido cometer esta “depredación” sin el “grupo de mujeres que participó o posibilitó estos actos aberrantes” contra menores.

Ha dejado claro que, fallecido el líder ―fue hallado muerto en su celda tras ser detenido en la redada que desarticuló La Chaparra en el pueblo castellonense de Vistabella― la responsabilidad recae en ese círculo próximo y necesario que integran los seis acusados. Un hombre y cinco mujeres ―entre ellos la pareja y la nuera del gurú― procesados por su implicación, bien como “autores directos, coautores o cooperadores necesarios”, en varios delitos de abusos sexuales continuados, entre ellos contra menores, en la masía de Vistabella, y para quienes el ministerio público ha clamado una sentencia condenatoria.

“No es un juicio contra Antonio Garrigós. Es un juicio contra las personas que consintieron y participaron de lo que hizo”, ha incidido. A pesar de ser el gran ausente en esta vista que se ha prolongado durante 15 sesiones, y por la que han pasado más de medio centenar de testigos y una decena de peritos, la figura de Garrigós ha recorrido todo el alegato final del ministerio público, quien ha apelado en diferentes ocasiones al cuadro “perverso” y planificador del líder.

Un comportamiento reflejado, ha citado como ejemplo, en el hecho de que los abusos a las niñas empezaran a los 13 años. “No era casualidad”, ha indicado. Según el fiscal, el tío Toni era un perfecto conocedor del Código Penal, que establecía, en la época en la que se cometieron los hechos ahora juzgados, en los 13 años la edad legal para el consentimiento sexual. Por debajo de ella cualquier relación era delito automáticamente. Sabía, según el ministerio público, que al centrarse en víctimas de 13 años o más, podía evitar que su conducta encajara claramente como delito, aunque en la práctica siguiera siendo abuso. Podría declarar que las víctimas habían prestado consentimiento. Que no se opusieron. “En un grado de maldad añadido” ―ha dicho el fiscal― las manipuló desde la infancia, hasta lograr que normalizaran los abusos como parte de rituales sanadores: “Tenían su voluntad anulada”.

Este mismo patrón perverso y calculador ha sido replicado también por la acusación particular. “Fabricaba víctimas que obedecieran, las programaba para una sumisión sexual”, ha dicho uno de los letrados, que representa a seis de los denunciantes, entre ellos cinco de las víctimas de abusos en la minoría de edad.

Tanto para el ministerio público como para las acusaciones particulares ―que se han adherido al escrito final del fiscal― la implicación de los seis acusados ha quedado demostrada por la “prueba de cargo” que es “inequívoca”. A su juicio, las periciales corroboran la credibilidad de los testimonios de las víctimas y la implicación de los acusados en los hechos delictivos. También son un sello de estas agresiones continuadas en el tiempo las “secuelas” de las víctimas, con daños “irreparables” en sus vidas.

La Fiscalía considera que la auto exculpación de los acusados apelando a la falta de conocimiento porque Antonio les mantenía apartados, “no se sustenta”, y recuerda que las pruebas periciales, en especial de psicólogos y médicos forenses, han ratificado que su comportamiento y estado psicológico era “normal”. No tenían, ha dicho, anuladas sus capacidades ni para decidir ni para actuar.

En cuanto al grado de responsabilidad criminal de los acusados, ha vuelto a poner el foco en la pareja y la nuera del tío Toni, a las que considera “piezas esenciales” en la red de abusos. Es “imposible” -ha indicado- que no supieran lo que ocurría en La Chaparra, más aún en medio del “clima de promiscuidad” que inundaba toda la comunidad, con “sexo incestuoso”, “hijos ilegítimos” y “mujeres compitiendo por ser las mejores concubinas”. Un factor, a su juicio, determinante que hacía inviable que se pudiera permanecer ajeno a lo que allí ocurría.

“Sabían perfectamente lo que Antonio hacía con los menores cuando los llamaba a su habitación. Sabían que iba abusar de ellos. Conocían las edades de los niños, porque se criaron allí, y también quiénes eran hijos biológicos del líder; había información dentro de la comunidad”, ha reseñado el fiscal: “No es una afirmación gratuita del fiscal, me baso en los testimonios escuchados aquí”.

El ministerio público ha instado al tribunal a revisar la jurisprudencia en fenómenos recientes de sectas con delitos de abusos a menores en su seno, como la más reciente de Los Miguelianos en Galicia, y a tener en cuenta la peculiaridad de La Chaparra: del adoctrinamiento infantil para “allanar” los abusos, a la “promiscuidad tan bárbara, extendida en el tiempo, y cometida sin escrúpulos, sin límites”, o el entorno de aislamiento geográfico de la masía.

El fiscal ha dicho que “con total seguridad ha habido más menores agredidos sexualmente”, más allá de los nueve que han relatado de forma “escalofriante” ―en palabras del ministerio público― los abusos sufridos durante años en La Chaparra.

La reformulación de penas por parte de la Fiscalía, avanzada ya en la modificación de sus conclusiones pretende, ha dicho el fiscal, adaptarse a las reglas de participación de cada acusado. De la autoría, que implica dominio funcional y plan premeditado, a la cooperación necesaria, sin dominio funcional ni premeditación. “Aunque el resultado sea el mismo”.

Este jueves las defensas leerán sus informes finales y será el último turno de palabra de los seis acusados ante el tribunal en la que, probablemente y tras 16 sesiones, será la última vista de este macro juicio, que podría quedar visto para sentencia.