Hace 22 horas
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Cuba está en el punto de mira desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura hacia La Habana tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, la madrugada del pasado 3 de enero, durante una operación en Caracas. Desde entonces, la presión sobre los aliados del chavismo se ha intensificado, y la isla —histórico sostén del régimen venezolano— ha quedado más expuesta que nunca.
A este contexto internacional se suma la sucesión de crisis que golpean sin tregua a la población cubana: apagones constantes de hasta 20 horas que paralizan la vida diaria, un sistema sanitario al borde del colapso, desabastecimiento crónico de medicamentos, y una escasez de combustible que inmoviliza al país. Un escenario de fragilidad extrema que ha llevado al régimen castrista a intensificar el control digital sobre la población.
En Cuba, compartir un simple meme puede convertirse en una sentencia. Basta con publicar comentarios críticos con el régimen de Díaz-Canel para recibir una multa desorbitada, sufrir una desaparición forzosa o acabar condenado a prisión.
"La vigilancia digital en Cuba no constituye un conjunto de prácticas aisladas o excepcionales, sino un sistema estructural, intencional y sostenido de control estatal, orientado a restringir el ejercicio de derechos fundamentales y a neutralizar el disenso político y social", es lo que se desprende del último informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba de la ONG Prisoners Defenders.
El análisis, basado en 200 testimonios recogidos entre el 28 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, revela "un aparato de control y coerción digital centralizado". Según la organización, el 98,50% de los declarantes ha sido sancionado, citado o amenazado —ellos o sus allegados— por sus publicaciones o comunicaciones digitales.
En la isla, el control en internet se ha convertido en una forma de represión cotidiana. "La Seguridad del Estado me ha quitado el teléfono, lo han revisado, me han borrado fotos y publicaciones, me llaman para amenazarme con meterme en la cárcel", cuenta Joel, un joven habanero que asegura vivir bajo un monitoreo constante. Otros relatan patrones similares: restricciones arbitrarias de llamadas, días enteros sin acceso a internet, escuchas telefónicas y el uso de información extraída de sus móviles para chantajearlos. "No puedes escribir lo que sientes ni compartir una denuncia. Eso, por sí solo, ya es una causa para llevarte preso", explica María Cristina.
El acoso no se limita a la censura digital: también incluye amenazas directas y violencia psicológica. Yanet, activista, asegura recibir mensajes donde le advierten que "la van a violar" y que conocen cada detalle de su vida. Desde que publicó una crítica al régimen, sus redes están restringidas y vive con miedo permanente.
Jorge, encarcelado por comentarios en Facebook, describe un aparato estatal dedicado exclusivamente a rastrear publicaciones críticas: "Tienen un ejército para vigilarnos". A esto se suma el castigo extremo a quienes denuncian públicamente a la dictadura: cortes de internet, multas desorbitadas, desapariciones temporales y nuevas amenazas de prisión. "Nos reprimen, nos silencian y nos quieren aislados", resume Claudia, convencida de que el mundo aún no comprende la magnitud del control digital que sufren.
En Cuba, el dominio total del Estado sobre las telecomunicaciones es la base del sistema de control digital. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), única proveedora del país, concentra todos los servicios de telefonía e Internet, lo que permite al régimen operar sin contrapesos privados ni organismos externos que fiscalicen su actuación.
Edel, un joven de Santiago de Cuba, describe una escena que para muchos cubanos es ya parte de la rutina: "Estás hablando por teléfono con un familiar y, de pronto, escuchas ruidos extraños, como si hubiera gente en una oficina conectada a la llamada. Y de repente, la comunicación se corta". Con el tiempo, dice, aprendió a reconocer esas interrupciones como señales de que la Seguridad del Estado estaba escuchando.
Pero la vigilancia no se limita a las llamadas. "Ellos entran en tus redes sociales sin que tú lo sepas. Aquí solo hay una forma de comunicarse, y es a través del monopolio que controla la Seguridad del Estado. Todo pasa por sus manos", explica.
Uno de los aspectos más dolorosos del informe es el impacto sobre las familias. Detenciones, amenazas, citaciones, pérdida de empleo y problemas en el sistema educativo aparecen como mecanismos habituales para presionar y silenciar. Incluso cubanos en el exilio relataron cómo sus familiares en la isla fueron castigados por publicaciones realizadas desde el extranjero, confirmando que la vigilancia y la represión trascienden las fronteras nacionales.
El resultado de este entramado es un clima de miedo sostenido. Más de la mitad de los declarantes reconocieron haber cambiado su comportamiento digital, dejando de publicar sobre política, borraron mensajes antiguos, abandonaron grupos de mensajería, cerraron cuentas o recurrieron al anonimato.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, advierte en declaraciones a Libertad Digital/esRadio de que todos los ciudadanos cubanos sufren represalias que afectan no solo a su situación penal y a la persecución policial, sino también a su vida económica y social.
Quienes son señalados por la Seguridad del Estado quedan marcados en sus expedientes como "no afectos a la revolución", una etiqueta que les cierra prácticamente todas las puertas laborales.
Esa clasificación implica desde dificultades para acceder a empleos en el sector público —que domina la economía cubana— hasta la imposibilidad de obtener licencias de trabajo por cuenta propia, ya que estas dependen directamente del Estado y no se conceden a quienes consideran "desafectos" al proceso revolucionario.
Según explica, la represión alcanza incluso a los familiares que viven fuera de la isla, a quienes se les intimida por sus publicaciones para castigar a los allegados que permanecen en Cuba. Este clima de miedo ha llevado a muchos cubanos —tanto ciudadanos comunes como activistas— a cerrar sus cuentas de Facebook, usar seudónimos, borrar perfiles o cambiar de identidad digital para evitar las consecuencias de publicar con su nombre real o participar en simples grupos de WhatsApp.
La vigilancia digital no se queda en la pantalla. Tras una publicación crítica o una conversación incómoda, el control suele trasladarse a la calle y al hogar. Más del 84% de los participantes afirmó haber notado vigilancia física posterior a su actividad en Internet, con patrullas frente a sus casas, personas observando desde la calle, seguimientos en motos o coches y visitas intimidatorias. En algunos casos, incluso se reportó la instalación de cámaras frente a las viviendas, creando un clima de presión permanente.
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