Hace 3 días
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El juicio por el caso Kitchen ha entrado ya en su recta final. Ayer la Fiscalía Anticorrupción expuso su informe final y hoy ha sido el turno para el resto de las acusaciones. Todas ellas acusan a la excúpula del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, de orquestar una operación parapolicial para robar documentación comprometedora guardada por el extesorero del PP Luis Bárcenas y que podía hacer caer al Gobierno de Mariano Rajoy.
En todos los alegatos se ha dado por demostrado que la documentación que guardaba Bárcenas, con la contabilidad extracontable de su partido, podía afectar directamente al presidente del Gobierno y por eso se utilizaron instrumentos públicos, como agentes policiales, para evitar que el extesorero los entregara a la justicia.
El abogado del Estado insistió en que Fernández Díaz “participó en la planificación, en la coordinación y en un seguimiento” del operativo que llevó a cabo el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
A su juicio, esta operación no puede entenderse sino por “la preocupación del PP y del Gobierno” por la figura de Bárcenas después de que éste fuese investigado por el caso Gürtel y amenazara con tirar de la manta sobre una caja b del partido.
Ninguna de las acusaciones ha dado veracidad a la versión de los acusados -entre ellos Fernández Díaz y su exnúmero dos Francisco Martínez, así como la cúpula policial- de que se trataba de un operativo legal de inteligencia para buscar información sobre el dinero escondido de Bárcenas en el extranjero.
Para todos los abogados de las acusaciones este argumento no es válido porque en aquellas fechas, a mediados del 2013, Bárcenas estaba ya imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el caso Gürtel y ni él ni la UDEF, responsable de la investigación como policial judicial, conocían de la existencia de tal operativo.
La abogada de la familia Bárcenas, Marta Giménez, recordó que en enero de 2013 ya se sabía que el extesorero del PP contaba con dos cuentas en Suiza donde se había llegado a acumular 48 millones de euros, datos obtenidos a través de las comisiones rogatorias remitidas por el país helvético.
La abogada también señaló que su cliente y perjudicado en esta causa “era trabajador del PP, fue tesorero del PP durante un año, ocupó altos cargos en el partido por más de 30 años”. Y advierte: “Lo que pudiera saber hubiera podido hacer caer al Gobierno”.
La letrada puso el foco en el chófer de la familia Sergio Ríos, acusado de haber participado en el robo de la documentación como confidente de la Policía, y concretamente del excomisario Jose Manuel Villarejo, “traicionando” a los Bárcenas.
También puso atención en el trato recibido por el extesorero cuando estuvo en prisión preventiva, haciéndole cacheos integrales, entre otras cosas, sometiéndole a una “situación de absoluta vulnerabilidad” dentro de este operativo “ilegal” contra él.
Por su parte, la abogada que representa al PSOE, Gloria de Pascual, quien ha escenificado varios encontronazos con la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, advirtiño sobre la erosión que la corrupción provoca en la confianza ciudadana. En este caso, más aún, porque se ha puesto en entredicho a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Para concluir, el abogado de Podemos sostuvo que “los acusados conformaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación Gürtel, no porque a ellos les afectara personalmente, pero sí podía afectar a la cúpula del PP de la cual a la postre iban a depender sus carreras, bien políticas, bien profesionales”.
Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos
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