El Ministerio de Hacienda baraja incrementar un año más la deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) diseñada para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), un mecanismo fiscal que nació el año pasado como fórmula de consenso tras la dura disputa interna en el Gobierno sobre si el SMI debía tributar o no. “Hacienda está dispuesta a estudiar esta posibilidad para que el coste de la subida no recaiga solo en los empleadores”, trasladan a este periódico fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.
La idea cobra fuerza ante la nueva subida del suelo salarial prevista para 2026, que volverá a elevar el umbral mínimo de referencia en España y reaviva el riesgo de que miles de trabajadores de rentas bajas soporten una mayor carga fiscal. El comité de expertos reunido por Trabajo recomienda un alza del SMI del 3,1% si no tributa y del 4,7% si lo hace. Estas cifras, adelantadas por EL PAÍS este jueves, serán presentadas junto al resto del informe por Yolanda Díaz este viernes.
El año pasado, la falta de acuerdo dentro del Ejecutivo provocó una de las mayores tensiones que se recuerdan en la legislatura entre el PSOE y Sumar, los dos socios de coalición. Hacienda y el área económica defendían que, tras años de incrementos acumulados y sostenidos del SMI —un 61% desde 2018, de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas en 2025—, este debía empezar a tributar para contribuir a la recaudación pública. El Ministerio de Trabajo insistía en que no tenía sentido gravar a quienes se encontraban en los niveles salariales más bajos del país.
Tras varios tira y afloja, la solución pactada fue mantener intacto el mínimo exento del IRPF sin adecuarlo al nuevo salario mínimo —como quería el PSOE—, pero a la vez crear una deducción específica para compensar a los trabajadores afectados y que estos no tuvieran que pagar la renta, una demanda central de Sumar. Una suerte de solución salomónica: los perceptores del SMI empezaron a tributar a través de las retenciones, pero recibiendo en la declaración del año siguiente una devolución por el mismo importe.
Aquella deducción evitó que la subida del SMI del año pasado se tradujera en una pérdida de poder adquisitivo para aproximadamente un 20% de sus perceptores (alrededor de 500.000 personas), fundamentalmente solteros sin hijos, que pasaron a tener retenciones por primera vez a través de sus empleadores. Sin embargo, la medida se concibió con carácter transitorio, limitada a un solo ejercicio. Ahora, el Gobierno abre la puerta a replicarla para que el coste que supone aumentar el salario mínimo se reparta entre las empresas y la Administración.
“Hacienda puede colaborar y adaptar la deducción existente para que el coste de la medida no recaiga solo en las empresas”, sostienen estas fuentes. La lógica del Ministerio es que el objetivo de la subida del salario mínimo sea garantizar que llegue al 60% del salario medio neto de España, como prometieron PSOE y Sumar en su programa de Gobierno (iban más allá, comprometiéndose a blindar este porcentaje en Estatuto de los Trabajadores). Por eso, argumentan en Hacienda, si se amplía la deducción actual, una parte del aumento de renta del trabajador puede venir del IRPF, de modo que el salario bruto no tendría que subir tanto para alcanzar el objetivo.
Los números ayudan a entender el fenómeno. El año pasado, el SMI subió 50 euros al mes hasta los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas —16.576 euros brutos anuales—, pero el incremento no fue acompañado por una adecuación en el IRPF que exonerara de tributar a estas rentas, como había ocurrido con los incrementos anteriores. El cambio implicaba que una parte de los perceptores del SMI tendrían que pagar algo más de 300 euros al año en forma de retenciones. Para solucionarlo, y tras varios rifirrafes entre el PSOE y Sumar, la coalición acordó crear una devolución para todos los afectados.
Los expertos del Ministerio de Trabajo han planteado para 2026 dos escenarios de incremento: un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, si el SMI, como hasta ahora, no tributa (17.094 euros al año); y un 4,7% hasta 1.240 euros mensuales (17.360 euros anuales) si empieza a aportar al IRPF. Si el impuesto sigue sin retocarse ―como parece que va a suceder― la tributación de los trabajadores afectados sería mayor. Por eso, Hacienda contempla ampliar la deducción vigente en una cuantía que todavía está por determinar. Eso serviría para mitigar total o parcialmente el efecto del IRPF en el sueldo neto.
El SMI se sitúa actualmente en los 16.576 euros brutos al año. Desde el Gobierno explican que, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el mínimo retributivo se situaba en los 10.303 euros al año, por lo que ha subido un 61% en este periodo. En 2026, celebran en el Ejecutivo, volverá a incrementarse.
La opción de crear una deducción, en lugar de ajustar los mínimos exentos del impuesto, responde a que elevar esos umbrales beneficiaría a todos los contribuyentes y supondría una pérdida recaudatoria mucho mayor. Dado que el IRPF es progresivo y las rentas altas también tributan por los primeros tramos, el Gobierno quiere evitar que los contribuyentes con mayores ingresos se vean favorecidos por una rebaja que no está diseñada para ellos. Con la deducción, en cambio, la ayuda se dirige exclusivamente a los trabajadores con rentas más bajas y el coste para Hacienda se reduce considerablemente.

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