El Supremo da luz verde al plan de Trump para frenar el fraude en el voto por correo

El Tribunal Supremo ha decidido suspender la orden provisional de una corte inferior que bloqueaba un decreto firmado por Donald Trump para reducir el riesgo de fraude electoral en el voto por correo. El decreto ordena al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas estatales de ciudadanos con derecho a voto y compartirlas con las autoridades electorales competentes, al Departamento de Justicia priorizar investigaciones contra empleados públicos que envíen por correo papeletas a personas no elegibles y al Servicio Postal de EEUU (USPS) no entregar votos por correo a quienes no figuren en esas listas, además de exigir códigos de barras en los sobres. Esta medida recibe así luz verde de forma cautelar apenas diez semanas antes de los próximos comicios legislativos que se celebrarán en noviembre.

La resolución de la máxima instancia judicial estadounidense no entra a valorar el fondo del asunto. Es decir, no determina si el expresidente tiene la potestad legal necesaria para limitar el envío de papeletas a los domicilios, una cuestión que en estos momentos está siendo dirimida por un tribunal federal de apelaciones. Sin embargo, el dictamen sí permite a la Administración continuar adelante con sus planes iniciales, fundamentados en la sospecha de que este método facilita el fraude electoral a gran escala.

En un texto judicial sin firma, los seis magistrados constitucionalistas argumentan que la demanda original, presentada por veintitrés estados y el Distrito de Columbia, se interpuso antes de tiempo. En Estados Unidos es necesario para ser parte de un caso que los tribunales consideren que dicha parte está legitimada, es decir, que le afecta el decreto o ley en cuestión. Para el Supremo, por el momento el decreto es una mera directiva interna preliminar dirigida a las agencias federales y no obliga a los gobiernos estatales a modificar sus normativas vigentes, de modo que carecerían de legitimidad para denunciarlo.

La magistrada progresista Ketanji Brown Jackson redactó un voto particular en el que criticaba que la mayoría se ha negado a aclarar cuál es el momento procesal oportuno para presentar una demanda fundamentada ante posibles injerencias inconstitucionales. La jueza critica que el Tribunal se centre en los argumentos legales porque "pierde de vista el objetivo principal" de Trump, que sería "obtener nuestro respaldo para su intento de fomentar el caos antes de las elecciones de noviembre".

Sin embargo, el caso recuerda poderosamente al recorrido que tuvieron en los tribunales los recursos republicanos en 2020. Entonces, el Partido Republicano y algunos aliados de Trump impugnaron las ampliaciones de plazos para la recepción de votos por correo adoptadas en estados clave como Pensilvania, Wisconsin o Carolina del Norte bajo la excusa de la pandemia. El Tribunal Supremo también pospuso cualquier decisión definitiva hasta después de las elecciones y las pocas medidas cautelares que aprobó, como las de separar los votos por correo recibidos antes y después del plazo marcado, estuvieron diseñadas para permitir una revisión a posteriori.

Si el tribunal de apelaciones al que el Supremo ha enmendado la plana no emite un veredicto definitivo antes de la cita con las urnas, estas medidas harían más difícil que los inmigrantes pudieran votar ilegalmente en las elecciones de mitad de mandato. En algunos estados las autoridades no ponen mucho empeño en impedir que los inmigrantes puedan registrarse para votar y en algún caso extremo los registran automáticamente si se sacan el carnet de conducir. Aunque todo apunta a que el número total es pequeño, siempre es posible que pudiera ser suficiente para cambiar el resultado en algunos comicios concretos de algún distrito electoral.