El sindicato histórico de la Policía pide el cese de la jefa de la policía judicial de Pamplona por el “borrado” de pruebas de dos violaciones

El sindicato histórico de la Policía Nacional ha solicitado el cese de la comisaria jefa de Policía Judicial de Pamplona tras la condena en firme a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la “manipulación sistemática” en sede policial de las pruebas de dos violaciones mediante sumisión química cometidas en la capital navarra en 2016. El Sindicato Unificado de la Policía, el primero de la Policía fundado en democracia, ha remitido su petición a la Delegación del Gobierno en Navarra.

La sentencia del TEDH, que es firme desde el pasado 23 de enero después de que la Abogacía del Estado desistiera de recurrirla, “establece de forma inequívoca la responsabilidad del Estado por graves deficiencias en la investigación, incluyendo irregularidades sistemáticas y la desaparición y borrado de pruebas que se encontraban bajo custodia policial, pese a existir un requerimiento judicial expreso para su conservación”, afirma la nota de prensa.

Los hechos, adelantados en su día por Diario de Noticias y relatados recientemente por EL PAÍS, suponen “una quiebra absoluta de la cadena de custodia y una vulneración frontal de los principios que deben regir la actuación de la Policía Nacional”, según el SUP. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declinado a través de un portavoz comentar la petición y se remite a una respuesta parlamentaria de octubre en la que alegaba que los hechos habían sido archivados por la justicia española.

Esos archivos y la falta de una investigación real, tanto de las propias violaciones denunciadas como de la manipulación y borrado de las pruebas, es lo que condujo precisamente a la condena al Estado por falta de diligencia. La corte de Estrasburgo consideró que esa inacción policial y judicial violó el derecho a la vida privada y a no sufrir un trato degradante de las dos denunciantes, según la sentencia.

Según se desprende de la información acreditada, la responsabilidad recae directamente sobre la Comisaria, Jefa de la Policía Judicial de la Policía Nacional en Pamplona, Nuria Mazo, máxima responsable del área encargada de la investigación de delitos y de la custodia de pruebas bajo mandato judicial, tal y como Estrasburgo recoge en su sentencia firme, que destacaba la especial gravedad del vaciado del disco duro.

Sobre la responsabilidad de Mazo, el sindicato afirma que se trata de “un cargo que exige el más alto nivel de rigor, ejemplaridad y sometimiento estricto a la legalidad”. “La decisión del Estado de no recurrir la sentencia, dotándola de efectos irreversibles, agrava el descrédito institucional, vulnera la confianza de la ciudadanía en la respuesta policial ante delitos de extrema gravedad y proyecta una imagen profundamente dañina para la Policía Nacional”, añade.

“SUP Navarra considera que la continuidad de la Comisaria, Jefa de la Policía Judicial de Pamplona resulta incompatible con las exigencias de responsabilidad, confianza pública y credibilidad institucional que deben presidir el servicio policial”, concluye el comunicado del sindicato.

El comunicado no dice nada sobre la actuación del agente Borja Vázquez Fernández, encargado inicialmente de la investigación de las violaciones y que ocultó su parentesco con uno de los detenidos. Vázquez, juzgado por un presunto chivatazo, fue absuelto por falta de pruebas. Estrasburgo censuró que no se hubiera abstenido voluntariamente, sin esperar a ser expulsado de la investigación, algo que solo fue posible porque su jefa en la Unidad de Familia y Mujer lo descubrió.

Contactado por este diario, el gabinete de prensa de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Pamplona ha explicado que a lo largo del día responderán si comentan o no la petición de cese.