El PSOE reconoce “la gravedad” de la conducta de Salazar, pero admite que no ha podido hablar con él en cinco meses

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La dirección del PSOE insiste en que no ha encubierto a Francisco Salazar ni a otros de los dirigentes señalados por los casos de acoso que, combinados con la sucesión de escándalos de corrupción, con escenas inéditas como la entrada de la UCO en la SEPI, en Correos o en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, han sucumbido a los socialistas en una de sus crisis más severas desde que llegaron al Gobierno. “Ni yo ni nadie ha tratado de encubrir y tapar ningún caso”, ha afirmado Rebeca Torró, la secretaria de Organización del PSOE, en su primera rueda de prensa desde que fue nombrada en el comité federal del 5 de julio, el mismo en el que Salazar iba a ser uno de sus adjuntos. “Para nada me siento cuestionada (...) Me gustan las críticas, las opiniones de mis compañeros, porque eso hace de verdad que seamos mucho mejores”, ha asegurado Torró, cuestionada por dirigentes de varias federaciones consultados y también por miembros de la ejecutiva federal. La Oficina Antiacoso citó en varias ocasiones a Salazar en estos cinco meses sin lograr contactar con él, según fuentes de la cúpula socialista.

La secretaria de Organización ha informado que la conducta de Salazar supone “una falta muy grave” prevista en los Estatutos Federales, “además de una conducta contraria al código ético”, y que “aún habiéndose dado de baja como militante, hemos determinado que en el registro de censo que quede constancia de esta falta muy grave y no podrá darse de alta automáticamente como militante”. En el caso de Antonio Hernández, cesado el fin de semana de su puesto en el Gobierno por la sospecha de que habría tapado los hechos denunciados contra Salazar y no haber avisado de su gravedad, el PSOE le ha abierto un expediente informativo “con el propósito de recabar la información necesaria y esclarecer los presuntos hechos”.

Torró ha decidido también abrirle un expediente informativo de oficio a Javier Izquierdo, que dimitió el jueves por la tarde de la dirección socialista y como senador sin dar explicaciones y en medio de la oleada de casos de acoso que afecta al principal partido del Gobierno. “Creo que podía haber sido más claro”, ha afirmado Torró, que ha dicho que recibió su “renuncia voluntaria por motivos familiares y profesionales”. “Después vimos que podía ser un caso de acoso en medios de comunicación”, ha indicado la responsable de Organización, que ha subrayado que el PSOE “no ha recibido ninguna denuncia” contra él, aunque en los últimos días se hablaba de supuestos comportamientos de acoso por parte del ex dirigente. “Hemos visto en los medios que podía ser otro caso y lo queremos esclarecer, por eso he decidido abrirle un expediente informativo de oficio sin denuncia dado que han aparecido noticias sobre un posible caso”, ha afirmado Torró. La apertura del expediente no implica su suspensión como militante. Izquierdo ha renunciado a su acta en la cámara alta este mediodía.

Torró ha reiterado a lo largo de su comparecencia “las disculpas” en nombre del PSOE y en suyo propio a las víctimas “por no haber estado a la altura”. “Se ha fallado en la comunicación con ellas y esto les ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento. Nunca debió ser así”, ha reconocido. También ha explicado que no puede entrar en el contenido del informe contra Salazar por motivos legales. Y ha mantenido la posición ya adelantada por Sánchez de que el PSOE no irá por iniciativa propia a denunciar los casos de acoso a la fiscalía, pero que sí lo hará con las denunciantes que estén dispuestas a dar el paso. “Las mujeres que quieran emprender acciones legales contarán con todo el respaldo jurídico, además de que respetamos a quien no quería emprender acciones judiciales”, ha observado Torró. Y ha insistido en su compromiso en proporcionarles acompañamiento psicológico. En caso de dar el paso perderían la condición de anonimato.

La federación de Asturias planteó ese escenario en la reunión telemática que Pilar Bernabé convocó de urgencia hace una semana con las responsables autonómicas y las portavoces de ese área. Adriana Lastra, ex vicesecretaria general, verbalizó un día después la posición de su federación al tratarse de “violencia contra las mujeres”. El protocolo frente al acoso del PSOE establece que “en los supuestos de denuncia procedente, cuando los hechos aparentemente pudieran revestir el carácter de delito conforme al código penal serán traslados al Ministerio Fiscal, si no hubieran sido ya denunciados ante este o los Juzgados penales, para que este valore, en su caso, la pertinente querella”.

Sin embargo, Sánchez señaló el sábado en el Congreso que ese paso no se podía dar salvo que las denunciantes quisieran revelar su identidad. Según el presidente del Gobierno, ese camino es inviable debido a que la legislación obliga a que sean las víctimas las que decidan si quieren o no llevar este asunto a la justicia.

Salazar fue uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez desde la campaña de primarias en la que fue reelegido secretario general del PSOE en 2017 y que desde el primer momento desempeñó un papel clave tanto en Ferraz como en La Moncloa.

Los socialistas esperaban una resolución ejemplar para tratar de cerrar cuanto antes una crisis que ha propinado un golpe durísimo en la línea de flotación de un partido ya de por sí muy tocado por los casos de corrupción protagonizados por los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, y que se define como feminista en sus estatutos y que tiene en las mujeres a su principal electorado. “Será como se espera que se resuelvan casos de esta gravedad por parte del PSOE”, ponían el listón muy alto a principios de semana en la cúpula de Ferraz. La respuesta no ha convencido a tres secretarios generales y otros cargos orgánicos consultados. “Este Gobierno funciona y gobierna bien. Nos queda mucho por hacer y por eso vamos a seguir gobernando”, ha zanjado Torró a la pregunta de si la crisis del PSOE y la inestabilidad por la sucesión de escándalos, la falta de presupuestos y la debilidad parlamentaria conduce a un adelanto electoral.

La gestión del caso ha sido “nefasta” según distintos líderes territoriales. La incomprensión es generalizada en el partido por que no se le diera la relevancia que tenía a un escándalo que estalló en julio. Las acusaciones de acoso, antes de que dos empleadas de La Moncloa registraran días después sendas denuncias contra Salazar, forzaron su salida de la ejecutiva federal, donde era el encargado de Análisis Electoral e iba a ser ascendido como uno de los tres adjuntos de Torró. Una opinión muy extendida en el PSOE es que Salazar sería quien controlaría en realidad la sala de máquinas de Ferraz “en la sombra”, según coinciden hasta cuatro miembros de la dirección federal actual.

Sánchez asumió “en primera persona” el “error” de no llamar a las víctimas de Salazar, pero aseguró que no hubo “connivencia”. “El feminismo nos da lecciones. A mí el primero. Pedimos perdón y actuamos”, ahondó el presidente del Gobierno en el mea culpa el martes en un homenaje a Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de UGT, horas antes de que se conocieran las acusaciones por acoso contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial.

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