El PP bloquea la renovación del Tribunal Constitucional por el clima político: “El Gobierno está saltando por los aires”

Hace 13 horas 1

Nuevo bloqueo en la renovación de un órgano clave, esta vez el Tribunal Constitucional. Desde hace semanas, pese a las protestas de Félix Bolaños y a las ofertas de negociación, el PP ha decidido dar largas a las propuestas del Ejecutivo para renovar cuatro miembros de este órgano elegidos por el Senado (de un total de 12) cuyo mandato caduca la semana que viene, entre ellos el presidente, Cándido Conde Pumpido. Y ahora ya utiliza abiertamente la situación política de esta semana para negarse abiertamente incluso a sentarse a negociar.

Fuentes tanto del PP como del PSOE dan por hecho así que la renovación se bloqueará indefinidamente. Mientras el PP lo achaca ahora a que no se puede pactar nada con un Gobierno “en descomposición”, los socialistas tiene una tesis más de fondo: creen que los populares han hecho una apuesta estratégica de bloqueo hasta después de las próximas elecciones generales, que están previstas para 2027, porque confían en que si el deterioro de la izquierda sigue adelante, podrían aspirar a tener con Vox los 3/5 del Senado que necesitan para quedarse ellos con los cuatro miembros elegidos por el Senado. Hasta ahora, esos cuatro siempre se han renovado de forma pactada entre el PP y el PSOE, dos y dos, de forma que la mayoría no cambia con este tercio.

La mayoría cambia de tendencia cada nueve años, cuando hay que renovar los dos juristas que elige directamente el Gobierno. Los otros 10 miembros se eligen siempre con equilibrio, cinco conservadores y cinco progresistas. Pero los dos del Gobierno dependen del que esté en La Moncloa. Por eso ahora el Constitucional tiene una mayoría progresista de 7 a 5, porque se renovó en 2022, con Pedro Sánchez en el poder. Y antes, tuvo más de nueve años de mayoría conservadora porque se renovaron los dos del Ejecutivo con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Pero con esta estratagema de bloqueo, si lograra los 3/5 del Senado, la derecha podría romper esa dinámica histórica y elegir cuatro conservadores en la Cámara Alta y dar un vuelco a la mayoría, que podría incluso consolidarse aún más en 2031, cuando tocaría renovar los del Gobierno. Es una posibilidad inédita, y nada fácil, pero el PSOE cree que el PP ha decidido jugar esa carta. El PP ya bloqueó la renovación del CGPJ durante cinco años confiando en poder lograr en el camino una mayoría conservadora en el Congreso que finalmente no obtuvo por cuatro escaños en 2023.

La cuestión es muy relevante, porque en un escenario de una victoria clara de PP y Vox en 2027 o cuando sean las generales, con casi todo el poder autonómico y local en sus manos y además La Moncloa, y con una justicia muy dominada por el sector conservador, a los progresistas solo les quedaría la mayoría en el Constitucional hasta 2031.

Rápidamente se convertiría este órgano clave en un referente de la oposición o al menos de una visión alternativa, y por tanto para los conservadores es absolutamente decisivo darle la vuelta a esa mayoría antes de 2031 si pueden lograrlo.

En cualquier caso, si no hay renovación, Conde Pumpido y los otros tres seguirán en sus puestos con el mandato prorrogado pero sin ningún problema de legitimidad y tomando decisiones clave como el amparo a Carles Puigdemont para que pueda volver a España o la decisión sobre otro amparo que llegará sin duda, el del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Cualquier reforma relevante que hiciera un Gobierno de PP y Vox podría acabar en el Constitucional, de ahí la importancia decisiva de esta maniobra que el PP atribuye a la situación política y los socialistas al intento de los conservadores de acabar antes de tiempo con la mayoría progresista.

El PP no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno para renovar ahora el Tribunal Constitucional, sabiendo que no ganaba nada porque la mayoría progresista no iba a cambiar y que cualquier pacto con el PSOE es munición en su contra para Vox. Pero la situación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, afectado por nuevas detenciones de otra trama de corrupción conectada con la del exsecretario de organización socialista Santos Cerdán, han terminado por dar al PP el argumento definitivo. “El Gobierno está volando por los aires”, sostuvo este jueves el secretario general del PP, Miguel Tellado, antes de confirmar que el PP ha decidido no sentarse con La Moncloa para pactar el Constitucional. “Con este Gobierno”, afirmó Tellado, “no se puede negociar absolutamente nada”.

Tellado ha rechazado este jueves la mano que le tendió 24 horas antes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que emplazó a los populares desde la sesión de control a sentarse esta misma semana o la que viene para negociar la renovación del tribunal de garantías. El tono del secretario general del PP, que ha comparecido de urgencia en el Congreso por las detenciones relacionadas con la supuesta trama de Leire Díez, no dejaba lugar a dudas de que el clima no es el de un pacto con el PSOE. “El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España”, ha subrayado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP remató después ese análisis. A la salida del último Pleno del año en el Congreso, Feijóo se felicitó de las perspectivas del PP en las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre y lanzó: “Allí [por Extremadura] no tenemos techo, y aquí [por el Gobierno] se les ha caído el techo”.

En este contexto de crisis del Gobierno el PP no quiere regalarle una imagen de acuerdo con el principal partido de la oposición, que además aprovecharía su rival por la derecha, Vox. El partido de Santiago Abascal ataca habitualmente al PP por sus supuestos acuerdos con el PSOE, así que los populares tampoco quieren darles esa baza en periodo electoral.

Pero antes de este último escándalo de corrupción el PP ya venía retrasando el procedimiento para renovar a los cuatro magistrados, lo que indica que tampoco le interesaba el acuerdo. El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, no había iniciado el proceso en la Cámara Alta, que arranca pidiendo a los parlamentos autonómicos que remitan al Senado sus propuestas de magistrados. Rollán sí había dado traslado a la Mesa del Senado el pasado agosto de la carta del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en la que le instaba a activar el proceso, y desde entonces faltaba el siguiente paso. Fuentes de la presidencia del Senado informan de que Rollán llevará a la próxima Mesa la comunicación a los parlamentos regionales, pero ahora es Génova la que ha decidido bloquear la negociación. Y los socialistas están convencidos de que lo harán hasta que pasen las próximas elecciones y vean si han logrado los 3/5 en el Senado que necesitan para darle la vuelta a la mayoría progresista.

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