El Gobierno trata de evitar el desasosiego pese a los cargos públicos imputados

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Pedro Sánchez no está dispuesto a soltar lastre, al menos por ahora, pese a las enormes presiones políticas –no solo del Partido Popular y la ultraderecha de Vox, sino incluso por parte de algunos socios parlamentarios– que le exigen que rueden cabezas en el Ejecutivo.

Las causas judiciales por presunta corrupción escalaron esta semana más allá del entorno político y familiar del presidente del Gobierno, hasta afectar a cargos públicos de instituciones y empresas del Estado, como la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, o la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda. Pero Sánchez está decidido a mantenerlas en sus puestos, porque mantiene la confianza en que no cometieron ningún delito ni irregularidad.

El propio jefe del Ejecutivo insistió la semana pasada, ante el pleno del Congreso, en que de la “maraña” de causas judiciales abiertas que salpican a su entorno político y familiar, lo único que “compete” al Gobierno es aclarar si hubo trato de favor en el préstamo de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, por el que ahora se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“Si no entregamos el Gobierno va a acabar imputado hasta el bedel de la Moncloa”, dice Puente, que rechaza rendirse

Y su respuesta fue tajante: “No la hubo”. “No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno, estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo que hemos hecho”, zanjó Sánchez.

“No hay ninguna afección ni nada que comprometa al Gobierno”, alegaron en la Moncloa. “El Ejecutivo va a seguir peleando, el camino no es rendirse”, defendieron. “No hay responsabilidades del Gobierno en nada de lo que se está investigando”, insistieron. Y Sánchez subrayó que ni “las corruptelas de unos pocos”, en referencia al exministro José Luis Ábalos –ya condenado a 24 años de prisión– o al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ni “el ruido interesado de unos muchos”, en alusión al PP y Vox, en ningún caso “impugna” la acción del Ejecutivo ni todo su proyecto político. “Este es un Gobierno limpio”, insiste.

Esta semana, no obstante, estos supuestos casos de corrupción extendieron sus tentáculos hasta alcanzar a la cúpula de empresas e instituciones públicas designadas por el Ejecutivo. El pasado lunes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de la exmilitante socialista Leire Díez, imputó a la actual presidenta de la SEPI. Y el jueves también imputó a la directora general de la Guardia Civil.

Pero Sánchez defiende la inocencia de González y de Gualda, igual que hizo con el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en ningún momento perdió la confianza del presidente del Gobierno. Sánchez le mantuvo en el cargo cuando se abrió el proceso judicial en su contra y cuando se dictó la apertura del juicio oral. Y García Ortiz solo cesó en su puesto cuando fue condenado, e inhabilitado para el mismo, por el Tribunal Supremo.

El Gobierno advierte, sobre la presidenta de la SEPI, que “mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos”. Hasta 62.000, según sus datos.

Y tanto el Ejecutivo como el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska transmiten también su confianza “en la profesionalidad y la honestidad” de la directora general de la Guardia Civil.

“Si hay una cosa clara a estas alturas es que si no entregamos el Gobierno al amigo del narco y al vago de disenso, va a acabar imputado hasta el bedel de la Moncloa”, advirtió ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en alusión a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. “Pero que pierdan toda esperanza. Vamos a ganarles las elecciones en 2027”, retó.