Deportaciones masivas, una política fallida

La política de deportaciones masivas constituyó, junto a la promesa de reducir el precio de la cesta de la compra, el eje central de la exitosa campaña presidencial de Donald Trump en el 2024. La inflación se ha moderado, pero es obvio que los precios no han retrocedido a los niveles anteriores a la pandemia, algo prácticamente imposible de no haber mediado una recesión brutal, lo que obviamente nadie espera ni desea. Aunque solo ha pasado un año del segundo mandato de Trump, ya puede afirmarse en cambio que la política de deportaciones masivas está resultando un fiasco de proporciones dantescas.

De entrada, de las cifras que se barajaron de partida ya se deduce su carácter prácticamente inalcanzable. Existía un consenso bastante generalizado de que podía haber en Estados Unidos un colectivo de personas en situación irregular del orden de los 11 millones, pero el ticket Trump-Vance elevó la cifra hasta los 15 millones.

Así las cosas, el objetivo proclamado por el Gobierno federal fue cifrar las deportaciones anuales en un millón de personas, utilizando con ese fin y como principal palanca el brazo armado, nunca mejor dicho, del ICE, las siglas en inglés del Inmigration and Customs Enforcement, la reforzada y generosamente financiada policía migratoria. Gracias a la denominada Big Beautiful Bill, ese cuerpo tiene un presupuesto este año de 75.000 millones de dólares, superior al del ejército de la mayoría de los países del mundo. Los efectivos humanos del ICE han pasado de 10.000 a 22.000 personas, pero da toda la sensación de que se ha creado un monstruo incontrolable, responsable de 16 incidentes con armas de fuego a lo largo del último año.

El saldo migratorio ha sido negativo por primera vez pero a un precio económico y político insostenible

De esos incidentes armados, dos han alcanzado resonancia mundial, los que tienen toda la apariencia de haber sido los asesinatos por parte de agentes del ICE de dos pacíficos ciudadanos de Minneapolis, la poeta Renée Good y el enfermero Alex Pretti, tildados contra toda evidencia de terroristas domésticos por parte de la directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Kristi Noem.

Y es que una cosa es recluir a presuntos miembros de cárteles de la droga y delincuentes en general en prisiones de máxima seguridad como la suministrada en El Salvador por el presidente Bukele o la creada en los manglares de Florida, rodeada de caimanes, y otra bien distinta aplicar una fuerza desproporcionada a ciudadanos cuyo único delito consiste aparentemente en manifestarse pacíficamente o en su apariencia física.

Por supuesto, lo más trascendental es la pérdida de vidas humanas, pero esta política migratoria ha provocado separaciones familiares, detenciones de menores y otros arrestos basados exclusivamente en el perfil étnico e incluso en el idioma utilizado por los ciudadanos presuntamente en situación irregular. Como consecuencia de todo ello, la popularidad de esta política, antaño punto fuerte del presidente, no ha hecho más que declinar.

Una cosa es recluir a narcotraficantes y otra aplicar fuerza desproporcionada a manifestantes

Pero es que las cifras tampoco parecen cuadrar. Según el Gobierno, durante el año pasado se produjeron 600.000 deportaciones forzosas, a las que habría que añadir, en una estimación harto dudosa, otros 1,5 millones de ciudadanos sin papeles que han abandonado voluntariamente el país. Otras medidas complementarias, como las restricciones al derecho a la nacionalidad estadounidense por el hecho de haber nacido en su territorio físico, se han topado con los tribunales.

Eso sí, el saldo neto migratorio del país en el 2025, es decir, la diferencia entre los que entran y los que salen, ha sido negativo por primera vez en décadas, como resultado fundamentalmente del efectivo sellado de la frontera con México. Pero el precio pagado está siendo muy alto, es una dinámica políticamente insostenible y ya empiezan a notarse sus efectos negativos en determinados sectores de la actividad económica.