El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 concluye que la empresa inmobiliaria Alquiler Seguro, que ha intervenido en la formalización de más de 76.000 contratos y cuenta con más de 97.000 inquilinos en sus pisos en alquiler, ha vulnerado los derechos de los consumidores y sacado provecho de su posición dominante de mercado y la sanciona con una multa de 3,6 millones de euros, según el documento al que ha tenido acceso la SER. Además, la resolución obliga a la agencia a rectificar “los incumplimientos identificados” en la misma, “eliminando de sus contratos las seis cláusulas abusivas identificadas y cesando en la exigencia a los arrendatarios de un estudio de solvencia”, informa la SER.
Entre las prácticas ilegales que identifica Consumo en su resolución, señala como infracciones muy graves las cláusulas que obligan al inquilino a contratar un seguro de hogar y a responsabilizarse de los posibles cargos por reclamaciones judiciales e impagos, así como forzarle a contratar un Servicio de Atención al Inquilino sin haberlo solicitado e introducir una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluirle en ficheros de morosos llegado el caso.
A ello se suma lo que la resolución cataloga como falta grave, la obligación de que el arrendatario tenga que presentar un estudio de solvencia. Todo ello ha llevado al ministerio imponer a Alquiler Seguro la primera sanción millonaria a una empresa inmobiliaria, puesto que se enfrenta a una multa de 3,6 millones de euros, recoge la SER.
Preguntado por la SER, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no ha querido pronunciarse sobre este expediente.
Tras conocer la propuesta de resolución, Alquiler Seguro presentó trece alegaciones, negando, dice el texto, “todos los hechos declarados probados contenidos en la propuesta de resolución que no sean expresamente reconocidos en las alegaciones”.
Sin embargo, el ministerio defiende que tanto la propuesta como la resolución “han detallado la amplia relación fáctica considerada respecto de cada infracción. No se trata de conjeturas, sino hechos declarados probados”, y rechaza razonadamente todas las alegaciones presentadas por la empresa.
Ahora se abre un plazo de un mes en que la inmobiliaria puede, antes de agotar la vía administrativa, interponer un recurso de alzada contra el ministro, recurso que Consumo tendrá que resolver en un plazo máximo de tres meses.
Dos años de investigación
El ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador a Alquiler Seguro el pasado mes de marzo, tras poner en marcha una investigación en noviembre de 2023 a raíz de una denuncia interpuesta ante el ministerio de Consumo por la organización de consumidores Facua, a la que posteriormente se incorporaron otras organizaciones, como OCU, o el Sindicato de Inquilinos.
Ahora, la Secretaría General de Consumo desestima las alegaciones de Alquiler Seguro y confirma la sanción al considerar que la empresa ha vulnerado los derechos de los consumidores, valiéndose de su posición de dominio de mercado y de forma prolongada en el tiempo según el texto.

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