Ceder en Extremadura será la cruz de Feijóo

Tres meses después de las elecciones de Extremadura, esa comunidad continúa con un gobierno en funciones y sin presupuestos, que es la razón que esgrimió su presidenta, María Guardiola, para adelantar el final de la legislatura casi año y medio. Tampoco Aragón, que fue a las urnas el 8 de febrero por la misma razón, según Jorge Azcón, ha podido nombrar un presidente en estos casi dos meses, pero la que marca la pauta es Extremadura. Castilla y León aún no ha constituido sus Cortes, lo hará el 14 de abril.

Lo que apremia es Extremadura, porque queda poco más de un mes para que la falta de presidente –Guardiola ya recibió el no de la Asamblea extremeña en dos ocasiones– condene a esta comunidad a repetir las elecciones. Todo depende de Vox, y de lo que el PP, el extremeño y el nacional, o lo que es lo mismo, Alberto Núñez Feijóo, estén dispuestos a ceder o no. Es decir, dónde sitúa las líneas rojas para contentar a Vox o en qué demandas le dice no a Santiago Abascal, porque eso también hay que estar dispuesto a hacerlo en unas elecciones, aunque suponga no tener el gobierno, al menos de momento.

Es importante saber dónde el líder del PP, a través de sus presidentes en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pone las líneas rojas, porque ese será el listón con el que podremos medir hasta dónde estarían dispuestos a llegar en una hipotética negociación entre Feijóo y Abascal para elegir al presidente español, si el PP gana las elecciones, claro, y el PSOE no es capaz de formar un gobierno alternativo. Dicho de otra manera, si lo que dicen la mayoría de las encuestas –el CIS sigue siendo un verso suelto–, se hace realidad.

Está claro que cuando un partido no consigue la mayoría absoluta no puede plantear que todas sus propuestas sean admitidas por el partido al que piden sus votos. Pero, por el mismo razonamiento, el que no ha ganado las elecciones y tiene menos de la mitad de diputados que el mayoritario no puede imponer un programa de máximos, y que todas sus exigencias sean asumidas, por mucho que los parlamentarios que tenga sean imprescindibles para que el candidato sea elegido presidente. Hay veces que es mejor decir que no, mantener tus principios e ir a nuevas elecciones, que ceder e ir agonizando durante cuatro años, o los que sean, pero sumidos en una absoluta inestabilidad. Entre otras cosas porque puede llegarse a aprobar un gobierno que no represente a una mayoría de ciudadanos, por muy escueta que sea, sino a una minoría.

Vox pretende dar preferencia a los españoles en la sanidad sobre los inmigrantes

Las pretensiones de Vox, al menos en Extremadura, las hemos conocido ya en un comunicado con 11 medidas imprescindibles para el acuerdo. Son medidas en seguridad, vivienda, impuestos e inmigración. Algunas son meras declaraciones de principio, ya que las autonomías no son competentes en esas materias, como la oposición al acuerdo de la UE con el Mercosur o al Pacto Verde.

La falta de concreción en otras las hace asumibles por todos, como abogar por una “vivienda accesible” o la bajada masiva de impuestos, que están en la línea con lo que defiende el PP. Pero hay asuntos que merecerían una aclaración de la dirección popular, en especial lo relativo a la inmigración. Vox pretende dar preferencia a los españoles en la sanidad pública sobre los inmigrantes. En realidad, el PP ya limitó, con un gobierno de Mariano Rajoy, la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, permitiéndoles solo acudir a urgencias, algo que Pedro Sánchez revocó tras llegar al poder, en el 2018. La experiencia de estos 8 años hace que la medida no sea necesaria, y, de hecho, el PP en general y Feijóo en particular no han planteado en ninguno de sus programas la vuelta a la anterior situación.

Estaría bien un pronunciamiento al respecto del PP, porque lo que cedan ahora los populares en Extremadura, Aragón o Castilla y León será la cruz para Feijóo cuando él tenga que pactar.

Licenciada en Ciencias de la Información, rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la UOC. Formó parte de la redacción de 'La Vanguardia' entre 1992 y 2024, siempre en la sección de Política, donde se encargó del Parlamento y del PP, además de las informaciones de los Ministerios de Defensa y de Exteriores. Antes de incorporarse a 'La Vanguardia' trabajó durante siete años en la Agencia Europa Press, así como en 'Diario16' y el periódico 'El Sol', al que perteneció hasta su desaparición en 1992. Cuenta con varios premios de Periodismo como el Luis Carandell (2014), que otorga el Senado; el Josefina Carabias que concede el Congreso (2022) y el Premio del Ministerio De defensa de Periodismo Escrito (2016) por su reportaje, publicado en 'La Vanguardia' “La salvación se llama Canarias”