Bernardo Arévalo: “Guatemala se juega la democracia en los próximos meses”

Guatemala atraviesa un momento crítico. El país vive roto entre los intentos de recuperación institucional y los embates de un Estado corrupto que se resiste a perder privilegios. Desde su llegada al poder, en enero de 2024, el presidente Bernardo Arévalo, de 67 años, se ha enfrentado a esos viejos poderes que han tratado por todos los medios de limitar autonomía. Ha sufrido maniobras de desestabilización, amenazas y una ofensiva persistente desde el Ministerio Público y el Congreso. A ello se ha sumado una cadena de motines carcelarios, desencadenados tras el asesinato de 10 policías por la pandilla Barrio 18, que le ha llevado a imponer el estado de sitio, aún vigente-

En una entrevista con EL PAÍS, en el marco del Foro Económico de CAF, celebrado en Panamá la pasada semana, el presidente de Guatemala hace un balance sin eufemismos de lo ocurrido y analiza los meses críticos que le quedan por delante. Arévalo, hijo del primer presidente democrático tras la revolución de 1944, habla con la calma de un diplomático de carrera y un sociólogo de academia. Su proyecto, de talante socialdemócrata, pasa por la mejora de las condiciones de los más desfavorecidos y una defensa de la separación de poderes que, no obstante, le está complicando su mandato.

Pregunta. En los próximos meses toca el relevo de puestos clave en la judicatura y la fiscalía que le han sido enormemente hostiles. ¿Cree que será fácil?

Respuesta. Son meses críticos. Nos estamos jugando, como país, la democracia. Nos está sucediendo algo que no estaba previsto: en un periodo muy corto convergen una serie de elecciones, todas críticas, que no fueron diseñadas para coincidir en el mismo tiempo. Es un momento en el que tenemos la posibilidad de recuperar el control del aparato de justicia, o mejor dicho, de rescatar el aparato de justicia de las manos de estos actores criminales y corruptos. Tenemos que promover la participación de actores independientes, decentes, comprometidos con la justicia, que sean los que compitan por esos cargos y que eventualmente sean quienes resulten seleccionados para ocuparlos.

P. ¿Y no teme que antes de que eso se produzca pueda haber algún tipo de movimiento para impedirlo?

R. Han intentado toda clase de trucos y trampas. Esto no empezó ahora. Empezó cuando dimos la sorpresa al ganar la primera vuelta, algo absolutamente impredecible. Se encontraron con que un candidato que no figuraba en las encuestas salió en segundo lugar, pasó a la segunda vuelta e intentaron por todos los medios cuestionar la elección, desacreditarla y defenestrarla. Después vino la segunda vuelta, ganamos, el resultado fue contundente y se abrió una segunda ronda de intentos por cuestionar, por cualquier vía judicial, la legalidad de las elecciones y de los resultados, con argumentos absurdos, como sugerir que hubo fraude en Guatemala. El día de la toma de posesión intentaron ver si lograban, a través del Congreso de la República, alguna jugada. Sabían que iban a fracasar, y fracasaron. Luego pasaron el siguiente año tratando de generar algún tipo de acción criminalizadora desde el aparato de justicia, con una intervención por el Congreso que derivara en un antejuicio. Todo este proceso ha sido uno en el que han intentado impedir un proceso que ya estaba en marcha y en el que no solo han ido fracasando, sino que cada vez se ha ido reduciendo el tamaño de sus ambiciones. También está el tema de la integridad física, porque ha habido intentos de atentado o planes.

P. ¿Pero no teme nada desestabilizador en los próximos meses?

R. Hace unos diez días intentaron tomar las tres prisiones, con rehenes, para forzar una negociación que buscaba restaurar privilegios ilegales que habíamos retirado a los líderes de las bandas. En realidad fue un intento de desestabilización. Calculaban que no íbamos a poder reaccionar, que nos íbamos a quedar negociando y que eso abriría una serie de escenarios. Actuamos de inmediato. En 24 horas recuperamos el control de las prisiones, liberamos a todos los rehenes y no hubo una sola víctima. Fue una operación contundente, pero limpia. Sabemos que no era un tema exclusivamente de las maras: estaba vinculado a intentos de desestabilización que van a seguir.

P. En esta crisis, ¿ha sentido apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional o está solo?

R. Desde que ganamos la primera vuelta hemos sentido claramente el apoyo de la comunidad internacional y de Estados Unidos. Hay una convergencia total ante un enemigo común a la seguridad regional: el crimen transnacional organizado. Para nosotros el narcotráfico es una amenaza central porque alimenta la estructura de corrupción y cooptación del Estado. La colaboración se ha mantenido y recientemente, con el cambio de autoridades en la Embajada de Estados Unidos, el nuevo encargado de negocios reafirmó el apoyo al gobierno del presidente Arévalo y su lucha contra el crimen.

P. ¿Esperaban una resistencia tan enconada al llegar al Gobierno?

R. La dimensión de la resistencia la vimos sobre todo en el semestre entre la segunda vuelta y la toma de posesión. Ahí constatamos la determinación de esos actores para impedir que asumiéramos el poder. No lo lograron porque no previeron la protesta ciudadana, encabezada por liderazgos indígenas y luego ampliada a toda la sociedad, exigiendo respeto al resultado electoral. A eso se sumó el respaldo internacional de la OEA, la Unión Europea y otros actores que fueron claros: no hubo fraude. Eso nos mostró que su oposición iba a ser enconada en el tiempo.

P. Cuando pasen estos meses críticos, ¿tomará medidas legales contra quienes obstaculizaron su labor?

R. Yo no voy a controlar esas instituciones. Lo primero será que quien llegue empiece a ejercer justicia de manera independiente y autónoma. Las demandas para revisar procesos espurios van a llegar de todas partes. Yo mismo tengo demandas contra el fiscal Curruchiche, contra el juez Orellana. Pero lo principal será restablecer un funcionamiento normal del sistema de justicia para que el gobierno no tenga que distraer esfuerzos en defenderse y pueda concentrarse aún más en generar desarrollo.

P.¿Cuándo saldrá de la cárcel el periodista José Ruben Zamora?

R. El caso contra José Rubén Zamora es espurio. Ya había salido libre y volvieron a inventar algo para encarcelarlo otra vez. Estamos convencidos de que esos casos, contra Zamora, contra Luis Pacheco, contra Héctor Chaclán y contra quienes están en el exilio, cuando sean revisados, se van a caer por su propia endeblez. Esperamos medidas sustitutivas para Pacheco y Chaclán. Ya hay jueces que han quitado el delito de terrorismo en casos similares. El aparato empieza a cambiar.

P. ¿Es posible una elección transparente del próximo fiscal y de la Corte de Constitucionalidad?

R. Eso es lo que está en juego ahora. Hice un llamado público para que se presenten el mayor número de candidatos profesionales, decentes e independientes. Las condiciones han ido cambiando. La teoría de que este grupo controlaba totalmente la justicia se desmorona cuando las elecciones ya no salen como quieren. Lo vimos en la Corte Suprema y en el Colegio de Abogados. Hay una movilización clara a favor del restablecimiento de la justicia.

P. En la región hay modelos de “mano dura” con amplio respaldo popular, como El Salvador. ¿Dónde están sus líneas rojas?

R. Lo estamos demostrando con hechos. Actuamos con contundencia, pero dentro de la ley. Usamos toda la fuerza que la ley permite en el combate contra las maras, respetando derechos. Creemos que con nuestra legislación, incluida la ley antipandillas, tenemos herramientas suficientes y las estamos usando.

P. ¿Cómo evalúa la situación de su país?

R. Recibimos un país con 60% de pobreza, 40% de pobreza extrema, una economía informal dominante y una dependencia enorme de las remesas. Estamos transformando el modelo con gradualidad, sin mayoría en el Congreso, pero con inversión pública fuerte: escuelas, salud, hospitales, cárceles, caminos. En dos años remozamos 22.000 escuelas; el gobierno anterior hizo 4.000 en cuatro años. Construimos 52 puestos de salud y tres hospitales. Invertimos en los 114 municipios más pobres con programas integrales. Hemos sacado a 50.000 familias de pisos de tierra este año; el próximo serán 100.000. La inversión extranjera creció alrededor de 14%. Estamos licitando proyectos energéticos y apostando por macroinfraestructura: puertos, ferrocarril, metro.

P. ¿Qué piensa del ataque del 3 de enero contra Venezuela?

R. No reconocemos gobiernos autoritarios, ni el de Venezuela ni el de Nicaragua. Creemos que las soluciones deben buscarse en el marco del derecho internacional y de la resolución pacífica de controversias. Venezuela necesita un plan de transición democrática.

P. ¿Cómo explica el giro a la derecha en América?

R. Hace cuatro años hablábamos del giro a la izquierda. El problema es que los sistemas democráticos no están generando bienestar y la paga el que está de turno. No es únicamente un problema de América Latina. Es una crisis global de la democracia, que se convierte en una oportunidad para reflexionar la democracia. Nosotros abrimos la discusión a los pueblos originarios. El problema es que muchas veces nos quedamos atrapados en los modelos institucionales de una democracia construida a partir de una experiencia histórica determinada y no vemos las oportunidades que tenemos de alimentar la democracia de otro tipo de experiencias.