Begoña Gómez y la Fiscalía piden al juez Peinado que archive el caso

Las defensas de Begoña Gómez, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés, así como la Fiscalía, han vuelto a pedir el archivo de la investigación que el juez Juan Carlos Peinado dirige en su contra. Lo han hecho en una nueva comparecencia que se ha celebrado este miércoles, como una mera formalidad, para comunicarles que el procedimiento seguirá el cauce del tribunal del jurado si llega a juicio. Y, como estaba previsto, los investigados no han acudido personalmente. Las acusaciones, por su parte, han reclamado al instructor que ahonde en la investigación y encargue nuevas diligencias.

Los abogados de una y otra parte se han reunido sobre las 12.00, en pleno miércoles de Semana Santa, en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. El instructor había citado a la esposa del presidente del Gobierno para notificarle, de nuevo, su decisión. Esta vez, sin embargo, ha expuesto más argumentos, porque así se lo exigió la Audiencia Provincial de Madrid. Al igual que en el pasado, Gómez se ha ausentado y ha enviado a su abogado, que se apoya en una circular de la Fiscalía para alegar que “la presencia del imputado no es indispensable”.

Peinado empezó a investigar a Gómez en abril de 2024. Desde que admitió a trámite una denuncia presentada por Manos Limpias ha ido ampliando la causa con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. En total, son cinco los delitos que le atribuye: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Por un lado investiga su actividad profesional con empresarios y la Universidad Complutense de Madrid (UCM); y, por otro, si se produjo un desvío de dinero público al contratar como su asesora en La Moncloa a Cristina Álvarez para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada” —una tesis que ambas han negado—.

Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, el juez informó a la esposa del presidente del Ejecutivo de que si el caso por malversación iba a juicio le juzgaría un jurado popular y no un tribunal conformado por jueces. Luego, unificó la investigación y avisó de que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le avisó de que, si quería mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes.

Peinado respondió a mediados de marzo con una resolución de 47 páginas en la que insistió en que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente como para encausar a los sospechosos. Así, reiteró que Gómez se ha aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno y líder del PSOE para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional y que su asesora ha realizado “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia”. La defensa recurrió la decisión y aseguró que todo eran “meras conjeturas”.

Este miércoles, el juez ha reunido a la Fiscalía y a las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír, así como al abogado de Gómez y a los de los otros dos imputados. Como ya hicieran en el pasado, el ministerio público y las defensas se han opuesto a que la causa se transforme en un procedimiento a ser juzgado por un jurado popular y han pedido que se archive el caso. Las acusaciones populares, por su parte, han vuelto a respaldar el criterio del juez.