Asalto a Hebrón: Israelí amenaza con tomar el control de la ciudad más poblada de Cisjordania

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En Hebrón, cada piedra es una batalla. El casco antiguo, de callejuelas y casas mamelucas y otomanas, divide en dos la ciudad más poblada y tensa de Cisjordania. En ocasiones la separación entre la zona palestina y la israelí no es sólo una línea dibujada en el mapa, sino un conflicto entre pisos del mismo edificio.

Desde la terraza de Mahmud se avistan los dos mundos: los ventanucos con ropa tendida de los palestinos y, sobre los tejados, nuevas construcciones envueltas de alambre de espino desde donde los colonos hacen vigilancia. El joven hebronita evita dar su nombre real y pide a los periodistas no tomar imágenes. “La última vez que alguien publicó fotos, vinieron por la noche y le pegaron tiros al tanque de agua”, dice, señalando los pequeños agujeros de bala en la estructura de latón.

El sonido de walkie-talkies de un puesto militar situado a menos de 20 metros, donde se divisa la silueta de un par de soldados israelíes en otro tejado, se cuela en la conversación. La casa tiene acceso al zoco, cubierto por una malla para protegerse de los desperdicios y las piedras que algunos colonos lanzan a sus vecinos. Placas de oenegés y gobiernos internacionales recuerdan que esta parte de Hebrón, localidad bíblica, está protegida y que podría ser una zona de interés turístico. Las persianas cerradas de las tiendas, indican que más bien el interés es bélico.

El enclave, situado en el sur de Cisjordania, es el más disputado de todo el territorio ocupado. Las demarcaciones establecidas por los acuerdos de Oslo en 1990, que dividen la tierra palestina en función del grado de control del Ejército israelí, son aún más específicas en esta ciudad. Hebrón está dividida en dos zonas, H1 (jurisdicción de la autoridad palestina) y H2 (gobierno israelí), explica uno de los principales activistas locales, Isa Amro.

La ruptura urbana se acentúa en la zona H2, explica Amro, quien, además de ejercer como arquitecto, se dedica a grabar a diario ataques de colonos y exponerlos en redes sociales. “En el área H2 viven unos 50.000 palestinos bajo control militar israelí, sin asentamientos cercanos y con cierta libertad de movimiento”. En la otra zona, donde él reside, la proximidad a los asentamientos determina la vida cotidiana: es un área bajo control militar en la que, según denuncia, “la autoridad de la municipalidad palestina ha sido eliminada en planificación, desarrollo y servicios”.

“La última vez que alguien publicó fotos, vinieron de noche y tirotearon el tanque de agua”, dice un vecino

“Se le ha retirado a la autoridad palestina la gestión sobre servicios básicos como agua, electricidad, urbanismo y mantenimiento. Nadie asume esas funciones”, señala. En ese mismo entorno viven entre 600 y 800 colonos –alrededor de cien familias– junto a unos 200 estudiantes de una yeshivá (escuela) religiosa, mientras se proyecta la construcción de nuevos edificios residenciales para ampliar su presencia en el centro urbano de la ciudad.

Lo que hasta hace poco era una denuncia de activistas como Amro se ha convertido, en las últimas semanas, en política de Estado. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, aseguró esta semana haber puesto fin a las cláusulas del acuerdo de Hebrón de 1997 que otorgaban al ayuntamiento palestino competencias sobre planificación, urbanismo y construcción en la zona H2. Durante un acto de colocación de la primera piedra de un nuevo asentamiento en la región de Monte Hebrón, el ministro llegó a afirmar que “ayer anulamos los acuerdos de Hebrón”, en referencia al nuevo marco legal que, según él, traslada esas competencias al Estado de Israel, sin precisar qué organismo las ejercerá.

La Autoridad Palestina respondió de inmediato calificando la medida de violación de los acuerdos firmados con Israel y reclamando la intervención de Washington. La oficina del presidente Mahmud Abas sostuvo que se trata de una acción unilateral que daña el estatuto político y legal de la ciudad y que contraviene tanto los pactos bilaterales como el derecho internacional. El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, se limitó a reiterar su oposición a una eventual anexión israelí de Cisjordania, remitiendo cualquier pregunta sobre la política de asentamientos al Gobierno israelí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, sin embargo, se desmarcó de la versión de Smotrich y negó que el acuerdo hubiera sido cancelado. Según su comunicado, lo único que existe es una decisión del gabinete de seguridad adoptada meses atrás y referida en exclusiva a las competencias de planificación y construcción vinculadas a la comunidad judía y a los lugares de culto, motivada por la falta de cooperación del ayuntamiento de Hebrón en estos asuntos. Más allá de eso, insistió el Ministerio, no se ha modificado nada.

Mientras los comunicados se cruzan entre Jerusalén y Ramala, en las calles de la zona H1 el debate sobre competencias administrativas resulta casi abstracto frente a una crisis mucho más inmediata: la económica. Ahmed, de 29 años, vive en esta zona y hasta hace poco trabajaba como camarero cerca de Tel Aviv. Desde que perdió el permiso tras el 7 de octubre, sobrevive con trabajos precarios en Hebrón. “Ahora estoy muy decepcionado”, dice. Pese a tener un título universitario en inglés, cobra apenas 400 euros al mes: “No puedes hacer nada con eso”.

Unos 600-800 colonos viven en un área donde la autoridad palestina ya no gestiona ni el agua ni la electricidad

Muchos jóvenes optaban antes por cruzar a Israel para trabajar en la construcción o la hostelería, ingresos con los que sostenían a sus familias. Sin permiso, algunos arriesgan la vida cruzando de forma irregular, pero Ahmed lo descarta. “Tenemos la economía de Israel, pero el salario de Somalia”, resume, describiendo un nivel de frustración que, asegura, no siempre se nota en la cara.