¿A dónde lleva el choque del Gobierno con los jueces?

A dónde conduce el actual choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la cúpula o buena parte del poder judicial? La dinámica es inédita. Los tribunales imputan a altos cargos de la Administración, y el Gobierno los apoya defendiendo su inocencia, en clara divergencia con el criterio de jueces y fiscales. Mientras, las causas penales avanzan hacia juicios cuyo resultado es más que previsible: condenas. Por el camino, el Ejecutivo, aunque asegura confiar en la justicia, en general, no lo hace de los jueces instructores, en particular. Un inusitado choque de trenes sobre el que el Gobierno no ha explicado cómo piensa salir bien parado. ¿Defenderá la inocencia de sus altos cargos juzgados cuando se haya dictado sentencia de culpabilidad? ¿Lo hará cuestionando la imparcialidad de los magistrados, pero asumiendo condenas que considera injustas y desproporcionadas? ¿Cuestionará la limpieza del poder judicial español? ¿Abanderará la próxima campaña electoral con alguna propuesta de reforma radical y en profundidad del poder judicial?

La continuidad del Ejecutivo está en juego en una legislatura que, por cierto, parece haber llegado al límite de su capacidad operativa. Pero, asimismo, es cierto que en ese conflicto también está en entredicho la credibilidad y transparencia de la justicia. Un elemento tan importante para la economía, la confianza en lo justo y previsible de sus decisiones, como la propia legislación fiscal o la protección de los derechos de ciudadanos e inversores. Es curioso que los defensores de la ley y el orden no amonesten a quienes emiten sentencias o instruyen causas valleinclanescas.

A lo largo de la legislatura constituida tras las elecciones de julio del 2023, algunos jueces y tribunales, también fiscales, han ido elevando el tono de su presión sobre el Ejecutivo a medida que han ido pasando los meses. Primero fue el bloqueo de la ley de Amnistía por la Sala Segunda, la de lo Penal, del Tribunal Supremo. Desde entonces se han sucedido en un crescendo las causas con el Gobierno y su entorno, político y familiar, como objeto de buen número de ellas. Desde la del hermano y la esposa del presidente hasta la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta misma semana, el Supremo, en este caso la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, ha abierto interrogantes sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes actualmente en marcha, otra de las normas clave, junto con la amnistía, de la legislatura. Nunca un gobierno democrático ha estado sometido a semejante presión desde el poder judicial.

Alguna de las causas ha evolucionado desde un asunto específico a una especie de causa general contra el Ejecutivo. Por ejemplo, la que se centra en las denominadas por algunos cloacas socialistas del Estado y cuyos protagonistas principales son Santos Cerdán y Leire Díez. Comenzó investigando una supuesta red que pretendía bloquear causas judiciales contra el Gobierno y su entorno y se ha ampliado a la posible existencia de una trama de cobro de comisiones ilegales en la concesión de préstamos de la empresa pública SEPI a empresas en crisis durante la pandemia. De este modo, los delitos abarcan ahora desde el tráfico de influencias hasta la prevaricación, la malversación, la obstrucción a la justicia y la organización criminal. Como consecuencia de ello, se ha imputado a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su director adjunto operativo (DAO), primer responsable uniformado del cuerpo. Ambas permanecen en sus cargos.

La agenda de Villarejo no valía para la operación Catalunya; ahora es prueba valiosa en la Kitchen

Todos estos asuntos han puesto de manifiesto una volubilidad, como la de los casinos bursátiles, en el proceder de jueces y fiscales. Unos y otros han echado mano para calificar de ilícitos los comportamientos investigados, según la conveniencia, de indicios que en otros causas han descartado sin ninguna duda. Síntomas de la posible arbitrariedad caprichosa de la justicia espa­ñola

Veamos algunos. Comencemos por uno que afecta al PP, el proceso Kitchen, en el que se juzga una trama, encabezada por el exministro del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, dedicada a torpedear la instrucción judicial sobre la financiación ilegal del PP, en manos de su antiguo tesorero Luis Bárcenas.

El instructor e inefable juez, ya jubilado, Manuel García Castellón, auténtico guardián de los intereses del PP en esa causa, rechazó imputar a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pese a que en las agendas del excomisario José Manuel Villarejo se dejaba constancia de reuniones entre ambos y la existencia de audios explícitos en los que los dos personajes hablaban de evaporar pruebas. La negativa del juez contó con el respaldo sin fisuras de la Sala de lo Penal del Supremo. Agendas y grabaciones no tenían valor probatorio ­alguno.

La volatilidad de jueces y fiscales en España es una prueba de fuego para la estabilidad de la economía

Sin embargo, en la actualidad, soportes similares, la agenda de Leire Díez en primer lugar, están sirviendo para avanzar en varias causas que afectan al Gobierno. Incluso a especular con que esta última mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno.

Ahora, en su escrito de conclusiones, el fiscal anticorrupción que participa en el juicio del caso Kitchen utiliza como prueba relevante la agenda del comisario reincidente con el argumento de que, al escribirla, este “no se iba a engañar a sí mismo”. En febrero del 2021, el jefe de Anticorrupción, el fiscal Alejandro Luzón, declaró en una entrevista a este diario: “No tenemos evidencia de actuaciones ilegales en lo que se ha dado en llamar operación Catalunya ”. ¿No había leído la agenda?. Pues no. Y por lo visto, ni él ni ninguno de sus fiscales.

Adjunto al director de La Vanguardia. Periodista especializado en información económica