Un error de la Junta andaluza deja cuatro años a miles de alumnos sin libro de texto para una asignatura

Un error del Gobierno andaluz (PP) ha provocado que miles de alumnos de educación secundaria carezcan durante cuatro años de tres libros de texto para la asignatura Atención Educativa, alternativa a Religión. Desde hace dos cursos y hasta 2028 los alumnos del millar de institutos andaluces no pueden disponer de los libros de la editorial Proyecto Educa porque la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no los incluyó a tiempo en su plataforma para los centros educativos. Era el único material para esta asignatura, que carece de otro texto alternativo. “Fue un fallo garrafal. Hemos perdido una ocasión tremenda porque no teníamos competencia, perdemos prestigio en centros y visualización de marca”, resume el editor murciano Antonio Pascual Rodríguez, que exige a la Junta 404.714 euros como compensación por los costes de producción de los libros y el lucro cesante.

El perjuicio académico es evidente para gran parte de los 388.000 estudiantes andaluces de educación secundaria que han elegido no estudiar Religión los últimos dos cursos, ya que al carecer de libros de texto de la asignatura Atención Educativa, los profesores deben improvisar contenidos y generarlos ellos mismos. “Si el libro es bueno, con textos y actividades para desarrollar en clase, claro que lo habría agradecido, sin ninguna duda”, apunta la profesora Cristina Arjona, profesora del instituto Velázquez, en el centro de Sevilla, que imparte una hora a la semana la asignatura. Atención Educativa se creó hace dos cursos en todos los institutos del país tras la entrada en vigor de la ley estatal de educación, la Lomloe.

Todo comenzó cuando en enero de 2024 la editorial Proyecto Educa solicitó la inscripción de sus tres libros de texto en el registro oficial de la Junta andaluza, para que esta los ofreciera a sus mil institutos que quisieran escogerlos como material didáctico. Dos meses después venció el plazo legal para resolver, pero la Consejería no dictó resolución alguna. El 30 de junio de ese año era la fecha límite para que los centros educativos publicaran sus listas de libros del curso siguiente, pero los libros de Proyecto Educa no habían figurado esa primavera en la plataforma Séneca y por tanto eran inelegibles.

El 27 de junio la Consejería envió un comunicado a la editorial diciéndole que los libros no se podían inscribir por las actividades que incluían y por falta de rigor científico. Una semana después, el 5 de julio, la Junta inscribió finalmente los libros en el registro, sin emitir resolución expresa ni pronunciarse sobre las alegaciones. El 22 de julio los libros aparecieron en la plataforma Séneca, pero ya era demasiado tarde: ya hacía 22 días que había vencido el plazo para que los institutos pudieran elegirlos.

La Consejería andaluza no ha dado ninguna explicación de cómo y por qué se produjo el error que devino en la exclusión de los tres libros por parte de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa, cuya responsable es Almudena García Rosado. El problema se agrava porque el Gobierno andaluz solo acepta nuevos manuales para sus alumnos cada cuatro años, para mantener una continuidad, en este caso para 2024-2028.

“Ellos mismos reconocieron que se habían equivocado y la Consejería admitió el fallo”, explica por teléfono Rodríguez desde Murcia, donde reside. El problema añadido llegó cuando en la Consejería se percataron del error y una responsable le llamó para decirle que sus libros tenían contenidos inapropiados: “Cuando les pregunté por qué no incluyeron los libros, me pusieran pegas ridículas. Un libro planteaba el dilema de que un alumno estaba descontento con su nota y debía quejarse al profesor, y la jefa [de la Consejería] me dijo que era imposible porque ‘los profesores son perfectos’. Otra cuestión [del libro] era cómo valora el grado de la pobreza en Andalucía y la vetó porque decía que en Andalucía no hay pobreza. Me pareció bochornoso, una censura en toda regla”, lamenta este profesor de Filosofía con 33 años de experiencia. Más de tres millones de andaluces están en riesgo de pobreza o exclusión social (el 35% de la población), según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) y la región sufre la tasa de pobreza laboral más alta del país, con un 24,6% de la población.

El editor Antonio Pascual Rodríguez (izq.), junto a su abogado Víctor Martínez, en el jardín de Floridablanca de Murcia, el pasado jueves.ALFONSO DURÁN

Rodríguez, editor pero también autor de los libros, no salía de su asombro ante los reproches de la responsable de la Consejería educativa andaluza, que le exigió que retirara esos contenidos “inapropiados” si quería ofrecer sus libros a los centros andaluces de educación secundaria. “Mis libros son neutros y yo solo pregunto, no afirmo. La censura fue surrealista y me dijeron que por nada del mundo estarían disponibles si no corregía las preguntas. Le dije a mi mujer que no me iba a bajar los pantalones porque no hay nada censurable ni que invite a la violencia. Y al día siguiente la responsable de la Consejería me dijo que sí podían ser incluidos”, relata aún perplejo.

La editorial, que tiene sus libros en los centros educativos de Madrid, Extremadura, Murcia, Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha, presentó el pasado 8 de julio su reclamación formal de responsabilidad patrimonial por 404.714 euros por la pérdida de cuatro años de ventas después de que 200 institutos se interesaran por sus libros. “No me he arruinado, pero el impacto económico ha sido tremendo”, lamenta Rodríguez, cuya editorial tiene cuatro empleados. Puesto que la reclamación se presentó el 8 de julio y el plazo legal para que resuelva la Junta son seis meses, este venció el pasado 8 de enero. La Junta discrepa y considera que el procedimiento está vigente: “El expediente está en una fase inicial, fue el 7 de julio cuando presenta la reclamación, llega a la Secretaría General Técnica de la Consejería en octubre y la tramitación comenzó el 25 de noviembre”, contesta por escrito un portavoz.

Sin embargo, el plazo de seis meses para que una Administración -en este caso la Junta- resuelva una reclamación de responsabilidad patrimonial se inician a solicitud del interesado, según fijan tres artículos ―91.3, 67.1 y 21.3― de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El abogado de Rodríguez, Víctor Martínez, especializado en propiedad intelectual e industrial, zanja al respecto: “No existe ningún acuerdo formal de admisión a trámite ni comunicación posterior de la Consejería que haya fijado una fecha de inicio distinta”.

El letrado concluye sobre el caso: “Es sorprendente cómo la Administración andaluza se ha metido en este lío. El editor hizo su solicitud en tiempo y forma, pasó el plazo, y ya vencido, cuando preguntó por el tema se sacaron de la manga unas subsanaciones que había que hacer. Pero ya había pasado plazo para poder estar en Séneca. Las expectativas eran altas porque cubría un nicho de mercado no muy transitado por otras editoriales”. Dada la alta cuantía económica reclamada, el expediente deberá aprobarlo el Consejo Consultivo andaluz.

Mientras, durante estos dos años pasados y los dos próximos, los alumnos reciben contenidos en función del criterio de su centro. “Actualmente cada docente va un poco por libre y a mí el Departamento de Filosofía me pasó dos libros con temas como Ana Frank o el caso de Medea. También utilizamos la charla para temas actuales como el 23F o la guerra, o para distintos organismos como la Agencia Tributaria o el Museo arqueológico. No hay criterios de evaluación concretos, solo unas líneas maestras sobre cómo impartirla. Es una materia genérica que cualquier profesor de secundaria está sobradamente preparado para impartir y por eso se utiliza para cuadrar horarios”, ilustra Arjona.

Los docentes insisten en que habrían agradecido un manual para la materia: “Habría agradecido un libro para esta asignatura, que está algo dispersa. Hay profesores que a los alumnos les ponen una película y punto, aunque nosotros le damos bastante importancia a la asignatura, con una planificación curricular con temas como la dignidad humana, la adicción a las redes sociales o las relaciones saludables de pareja”, destaca Eugenio Vázquez, profesor del instituto Pablo Picasso de Málaga.