Un alto cargo de la Generalitat se llegó a personar en el 112 para tener la llamada con la Aemet durante la dana que Mazón difundió manipulada

Presidencia de la Generalitat quería tener en sus manos la grabación de la llamada que mantuvieron dos trabajadoras del 112 y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las 12 horas del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, que se cobró la vida de 230 personas. No solo la reclamaron dos altos cargos del Consell, sino que uno llegó a personarse en las dependencias del 112 para asegurarse que se llevaba el audio que en el mes de febrero fue difundido en una versión manipulada por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón en su cuenta de X, entre otros.

Así lo ha testificado este martes por la mañana el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ante la jueza de Lliria que investiga la filtració de una conversación mutilada y filtrada a varios medios que daba a entender que la predictora de la Aemet quitaba importancia al temporal porque se desplazaba y porque iba a amainar, cuando en realidad señalaba en la conversación íntegra que el mayor riesgo se concentraba por la tarde a partir de las 15 horas, como así sucedió. La Aemet denunció la filtración de la llamada que se realizó desde el 112, el centro de emergencias de la Generalitat, porque la agencia no graba sus comunicaciones.

Suárez, que ha declarado en calidad de testigo, por lo que estaba obligado a decir verdad, ha confesado a la jueza que fue Presidencia quien pidió el audio, según dos fuentes presentes en la declaración. Y ha ratificado el contenido de los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, que revelaban que dos altos cargos de la consejería de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, ambos dependientes de la consejería de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento, y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios. Ambos obtuvieron copia de la llamada en un pendrive.

El gobierno de Mazón siempre ha argumentado para explicar su gestión que hubo un “apagón informativo” y que la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar no trasladaron la gravedad de la dana.

A preguntas de abogados de las acusaciones populares del PSPV y Podemos, Suárez ha explicado que solicitaron desde Presidencia que se le localizara una llamada referente al desplazamiento del temporal a Cuenca. Esta petición la realizó en un primer momento, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

La transcripción no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada, ha añadido. Incluso fue personalmente con un técnico de la empresa adjudicataria del servicio a un despacho para encontrar el “trozo” de grabación y se generó un fichero que se llevó en un pendrive, ha comentado el testigo.

Suárez ha señalado que no se aludió a ningún motivo para solicitar la grabación ni hubo petición por escrito ni firma de ningún documento al respecto. Ricardo García “se la llevó sin más”, ha señalado. Al respecto, el testigo ha manifestado que es la única vez que ha ocurrido algo así. “Nunca se ha pedido una grabación de esta manera por parte de un alto cargo”, ha indicado.

La jueza de Llíria abrió una investigación el pasado año después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto al considerar que se trataba de un hecho que podía ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal. Según la Fiscalía, esa conversación tiene “carácter reservado”, conforme a la legislación vigente, al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia y el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por el 112 será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados “a los estrictos fines de su gestión” y una vez finalizada esta, “únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”.