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El presidente de EE.UU. Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva para crear una lista nacional de votantes verificados con derecho a voto y restringir el voto por correo, una medida que provocó de inmediato amenazas de demandas por parte de responsables demócratas estatales de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año.
La orden, que según expertos en derecho electoral consultados por AP vulnera la Constitución al intentar apropiarse de competencias de los estados en la organización de elecciones, es el último de una serie de intentos de Trump por interferir en el sistema electoral basándose en acusaciones falsas de fraude.
El presidente ha mentido reiteradamente sobre el resultado de las elecciones de 2020 y la integridad de los procesos gestionados por los estados, afirmando de nuevo el martes que ganó “tres veces” y citando supuestos fraudes que han sido desmentidos por auditorías, investigaciones y tribunales.
En 2024, Trump admitió que ni tenía ni había sido testigo de pruebas que demostrasen que el voto por correo es fraudulento. Aún así, insistió en asociarlo con el fraude. “Bueno, no las he visto [las pruebas]. Pero, desafortunadamente, conozco al otro bando y no son buenos, pero no he visto nada”, dijo.
La orden firmada insta al Departamento de Seguridad Nacional, en colaboración con la Administración de la Seguridad Social, a elaborar listas de votantes elegibles en cada estado. También pretende impedir que el Servicio Postal de EE.UU. envíe papeletas de voto ausente a quienes no figuren en esas listas.
Expertos en derecho electoral denuncian que Trump vulnera la Constitución al hacer federales competencias de los Estados
Además, plantea que las papeletas se envíen en sobres seguros con códigos de barras únicos para su seguimiento. La financiación federal podría retirarse a los estados que no cumplan. “El fraude en el voto por correo es legendario. Es terrible lo que está ocurriendo”, dijo Trump al firmar la orden, reiterando afirmaciones sin pruebas. “Creo que esto ayudará mucho en las elecciones”.
Estados gobernados por demócratas reaccionaron de inmediato con amenazas de acciones legales y de no acatar la medida. Responsables electorales de Oregón y Arizona anunciaron que recurrirán la orden, al considerar que invade competencias estatales. El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, señaló que el sistema de voto por correo del estado, utilizado por el 80% de los votantes, no necesita supervisión federal y que los datos federales no siempre son fiables. “Es erróneo que un presidente pretenda elegir a sus propios votantes”, afirmó.
Desde Maine, la secretaria de Estado Shenna Bellows calificó la orden de “abiertamente inconstitucional” y aseguró que no la aplicarán. En Nevada, el secretario de Estado Francisco Aguilar advirtió de que la medida podría paralizar a los funcionarios electorales y privar de voto a muchos ciudadanos.
La administración Trump ha impulsado otras iniciativas para reformar el sistema electoral, muchas de ellas bloqueadas en los tribunales por considerarse intentos inconstitucionales de restringir el voto.
Trump difunde información falsa sobre el voto por correo, derecho que ha ejercido personalmente cuando le ha convenido
Las elecciones en Estados Unidos no están centralizadas, sino que son gestionadas por miles de jurisdicciones estatales y locales. Aunque la Constitución otorga al Congreso la capacidad de regularlas, no contempla un control directo del presidente sobre su administración.
Organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por el uso del sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía, debido a posibles errores y problemas de privacidad. Aunque la administración Trump ha defendido estas medidas como necesarias para combatir el fraude, diversos estudios —como uno de la Brookings Institution— señalan que el fraude en el voto por correo es extremadamente raro. Incluso el propio Trump ha utilizado este método de votación en ocasiones recientes.
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